Recientemente, en el sur de nuestro país, el gobierno mexicano resolvió ocupar, por causa de utilidad pública, tres tramos de vías férreas concesionadas a la empresa “Ferrosur” del magnate Germán Larrea, mejor conocido como dueño de Grupo México, el poderoso consorcio minero que, antes, dejó un grave desastre ambiental en el estado de Sonora y, más atrás, evadió la responsabilidad por la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, donde 65 trabajadores quedaron sepultados por explosiones. La causa de utilidad pública está señalada en el decreto presidencial correspondiente y tiene que ver con el manejo estratégico del Estado mexicano para la transportación de bienes nacionales entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el denominado Corredor Interoceánico del Istmo.
Como ha sido costumbre entre los representantes del gran capital privado, la reacción de Larrea fue la de recurrir al chantaje y amagar con dejar de participar como principal postor para la compra de Banamex. Además, en una de las conferencias de prensa mañaneras, el Presidente López Obrador exhibió que Larrea cambió su postura de previo acuerdo con la decisión gubernamental, a la muy lucrativa pretensión de obtener casi ¡10 mil millones de pesos! La reacción presidencial fue no ceder a la presión del magnate y la decisión de la parte inversionista estadounidense del grupo financiero fue la de hacer la venta en el mercado accionario. Como puede advertirse, se trata de una relación muy distinta del actual gobierno mexicano con altos personeros del capital privado, a la que antes se tejía, tras bambalinas, por parte de políticos dinosaurios.
Con este breve recuento de lo acontecido para la recuperación legítima y legal de lo que los teóricos denominan como “condiciones generales de reproducción de una formación social”, por parte del Estado mexicano, queda claro que la transformación institucional que lleva a cabo el gobierno actual, es algo muy diferente a las prácticas depredadoras y de saqueo del patrimonio nacional que realizaron gobiernos anteriores. No se trata de más o menos Estado para caracterizar el tipo de transformación social que se requiere, o de optar, como ya se advertía desde mediados del siglo XIX en el clásico marxista “La Sagrada Familia”, entre “un Estado como cohesionador de la vida burguesa o un Estado mantenido en cohesión por la vida burguesa”, sino de una orientación progresista de actuar en beneficio del pueblo y no de una élite de negocios que, sabido y experimentado está, únicamente ve para su santo y seña.
Así las cosas, el fortalecimiento del Estado mexicano tiene que calibrarse en términos lógicos e históricos; esto es que, no se trata de pugnar por un Estado mínimo o hasta inexistente como lo pretende, en el extremo, la derecha, ni de un Estado omnipresente hasta en la más mínima actividad personal, sino del tipo de orientación social que se siga para superar experiencias previas que han resultado fracasadas o negativas. No se trata de del mero sentido lógico de pugnar por más o menos Estado, tampoco de regresar a formas históricas que no se corresponden con la complejidad del presente, sino de fortalecer una entidad que, sea como fuere, decía Norbert Lechner, es el único medio y modo de llevar “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden social deseado”.