Se les recuerda por sus excesos demenciales. Uno, como coordinador de los diputados federales panistas, celebrando con tambora y edecanes en famosa encerrona en paradisíaca playa; otro, como coordinador de los senadores del mismo partido, festejando el cumpleaños de su esposa en el propio recinto de la cámara alta; ambos con recursos públicos, por supuesto, rubricando los festejos en evidente estado etílico y comportamientos grotescos. Eran los tiempos en que se cabildeaba la aprobación de la reforma energética y se les conocía como los “reyes del moche”, Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado, respectivamente, por su papel destacadísimo en el lucrativo negocio de condicionar la gestión de partidas federales a distintos actores políticos, a cambio de la respectiva comisión por el “servicio” prestado. Formaban parte de toda una red de corrupción que propició que, incluso, algunos de sus correligionarios de partido los denunciaran, tal vez por pena ajena o por no ser sumados en el goce de las prebendas. Pero eso fue una de las estrategias utilizadas para “aceitar” los distintos engranajes de todo el proceso de “convencimiento” para aprobar la mentada reforma energética (“La Jornada”, 26 de julio de 2020).
Otra fue la transferencia de “subvenciones extraordinarias” a las cuentas de varias bancadas partidistas en San Lázaro (siendo presidente de la mesa directiva quien después sería candidato presidencial panista en 2018, Ricardo Anaya), para que las coordinaciones respectivas les dieran el destino que quisieran, situación que fue denunciada en ese entonces por Ricardo Monreal, en representación de Movimiento Ciudadano, instruyendo a que se regresara ese dinero a la Tesorería de la Federación. Empero, parecía que no había manera de parar el atraco a la nación que se orquestaba con todos los recursos económicos y materiales que fueran necesarios para lograr tan nefasto cometido, utilizando hasta aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para transportar las maletas de dinero que serían repartidas por funcionarios de Pemex y personeros de Emilio Lozoya, tal y como lo revela la más reciente investigación de la revista “Proceso” (Edición número 2,282 del 26 de julio de 2020). En suma, toda una serie de medidas corruptoras encaminadas a la compra de conciencias que allanara (¿Anayara?) el camino a la reforma energética y que, desde el famoso “Pacto por México”, ya se vislumbraba.
Así las cosas, no es de sorprender la rabiosa embestida que mantiene un sector conservador en contra de las decisiones del presidente Obrador por ventilar la corrupción alrededor de la reforma energética, así como para terminar con esa deleznable práctica de los “moches” instaurada para premiar el nefasto colaboracionismo de quienes fueron funcionarios y legisladores en ese entonces y que dejaron “escuela” como en el penoso caso de congresos locales como el potosino y su famosa “ecuación corrupta”, por ejemplo. Pero, en general, porque esos “conservadores” que se beneficiaban, a lo bestia, de grandes negocios con recursos públicos, ahora se hacen como que la Virgen les habla y niegan haber llevado a agua sus muy particulares molinos. Incluso, no pocos de esos “servidores públicos” aspiran a volver a representar los intereses ciudadanos o presentarse como grandes benefactores sociales. En todo caso, estará por verse si la gente tiene memoria y les refresca la ídem.