¿Qué es la evaluación de las acciones del gobierno en un contexto democrático?, es un proceso que permite medir e informar a los interesados sobre lo que está generando una acción gubernamental que utiliza recursos públicos, es por eso que la evaluación se convierte en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas; mayormente adquiere relevancia en los asuntos públicos en un momento donde la sociedad desconfía de todo lo que hacen y dicen los gobernantes.
A través de la opinión pública, la evaluación de políticas públicas permite incrementar la calidad de la democracia porque ofrece información que posibilita a la sociedad la valoración de lo que esta haciendo el gobierno para satisfacer sus necesidades, la evaluación también incrementa la confianza en la acción gubernamental, genera las condiciones de colaboración en la solución de los problemas públicos y contribuye en su financiamiento; la evaluación es el instrumento que concede que un gobierno sea más eficaz, eficiente y creíble.
El gobierno democrático va más allá de las elecciones, comprende el cómo se solucionan las necesidades y problemas de la sociedad, por lo que la evaluación de las políticas y programas gubernamentales permite conocer y medir los objetivos, metas, acciones, resultados y cambios sociales generados por las acciones de los gobiernos, es por eso que las evaluaciones fortalecen la democracia en un sentido social, generando una gestión y presupuesto público orientado a resultados y no solo el cumplimiento de las leyes.
La importancia de contar con información y evidencia empírica de la acción gubernamental, facilita la existencia de una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones de las políticas públicas del gobierno; una comprensión informada y plural de los recursos utilizados por el gobierno en la solución de las necesidades de la sociedad, pero sobre todo la existencia de un control social de la agenda gubernamental, por lo que se convierte en un mecanismo efectivo en el combate a la corrupción.
La evaluación surge en México, para hacer a la acción gubernamental más eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y eficiente en el uso de los recursos públicos, pero también para hacer frente a la presencia de una sociedad altamente desconfiada, por lo que se ha convertido es un ejercicio de aprendizaje, tanto para evaluadores como evaluados, pero lo más importante es que es un medio por el cual se obtiene información y evidencia empírica sobre el diseño, implementación e impacto de la actividad gubernamental.
La evaluación ha tenido un avance significativo en las políticas públicas del gobierno federal, desde 2007 se han evaluado los diseños de las políticas públicas, su implementación, sus resultados e impactos en la sociedad (véase gráfica), por lo que ha generado información para la toma de decisiones del ejecutivo y el legislativo, se ha fortalecido la política social, se han reestructurado programas con el propósito de mejorarlos y otros han desaparecido, como son los casos del programa de estancias infantiles y de pueblos mágicos, respectivamente.
Sin embargo el avance no ha sido uniforme hacia los gobiernos locales, estos han presentados insuficiencias en sus estructuras administrativas, por lo que han tenido problemas para diseñar y operar sus programas anuales de evaluación, aunado a la falta de evaluadores con conocimiento y experiencia en diseño, operación y medición de la acción gubernamental, por lo que los resultados de las evaluaciones realizadas no han generado información de calidad para la toma de decisiones y en el peor de los casos, no existe.
La evaluación de la acción gubernamental en México, sobre todo en el ámbito local, ha enfrentado grandes obstáculos, una de ellas es la ausencia de indicadores que permita la medición de las políticas públicas, otra es la casi nula sistematización de la información generada en el proceso de implementación de los programas gubernamentales, y una más grave es la resistencia de los funcionarios y trabajadores de la administración pública para colaborar con las evaluaciones.
La evaluación de programas gubernamentales en todos sus niveles de gobierno es de gran relevancia en un contexto de alternancia política, pues las información y evidencia genera información que es pública, por lo que quienes llegan al poder tienen información sobre el cómo actuaron sus predecesores, teniendo como aliados a la sociedad, quienes también cuentan con la misma información y su valoración, por lo que sus márgenes de acción son más amplios y sus decisiones serán más efectivas y creíbles.
La alianza gobierno – sociedad participativa se fortalece, pero también la existencia de un gobierno de contrapesos, ya que legisladores y regidores contarán con información que les permita tomar decisiones sobre el destino y uso de los recursos públicos; que impulsen esquemas de supervisión entre los distintos poderes políticos y niveles de gobierno; en México, el principal mecanismo de supervisión a programas y políticas públicas han sido la auditorías, enfocadas a la responsabilidad administrativa, fiscalización de recursos públicos, pero no a la medición los resultados de la acción gubernamental.
La gran aportación de la evaluación al poder Legislativo es cuando éste asume la responsabilidad de decidir sobre la desaparición, continuidad o transformación de los programas gubernamentales que contienen las propuestas del presupuesto de egresos enviados por el Ejecutivo; en México, esto ha sucedido en los últimos años, y veremos grandes debates en diciembre de 2019, cuando se analice y en su caso se apruebe el presupuesto de egresos de 2020.
En resumen, la evaluación fortalece la calidad de la democracia porque además de medir la eficacia de una propuesta gubernamental para resolver un problema público, mide al gobernante y partido en turno; ofrece información para la toma de decisiones, empodera a la sociedad participativa al incrementar su comprensión sobre los resultados de la acción gubernamental; además impulsa un gobierno de contrapesos, que promueve la vigilancia del legislativo sobre el ejecutivo, en términos de resultados y no solo de criterios legales y de uso de los recursos públicos. Busque esta columna el próximo 23 de octubre de 2019.
@jszslp