¿En que se parecen los gobiernos de Peña Nieto y el de Ricardo Gallardo? Si, acertó usted estimado lector. Se parecen en que ambos afirman que las denuncias por su opacidad y enriquecimiento exorbitante en el desempeño de sus cargos públicos, en sus respectivos gobiernos, solo son “golpeteo político”, “ataques por ser tiempos electorales o con fines partidistas”. Pero ambos se equivocan, o simplemente mienten los dos, porque tales denuncias empezaron mucho antes de los tiempos electorales y están respaldadas con datos muy precisos no desmentidos, de las propiedades adquiridas, casas, terrenos, residencias, etc. (PROCESO No. 2152, que desapareció misteriosamente de los puestos de periódicos de SLP, y Periódico Digital ASTROLABIO), que deberían ser más que suficientes para que el procurador (o fiscal general) Federico Garza Herrera, si quiere cumplir su deber, emprendiera de inmediato las pesquisas del caso. A todo ello el Procurador (Fiscal) General del Estado, puede sumar el ya famosísimo caso de la misteriosa proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz, que sólo en los primeros tres meses del actual gobierno municipal, recibió una verdadera avalancha de cheques y transferencias por más de 66 millones de pesos, por compras municipales que no se han podido acreditar como verdaderas, contando con la complicidad evidente de una ASE dirigida por el lamentable auditor estatal José de Jesús Martínez Loredo, inmiscuido también en el caso vergonzoso de la “Ecuación Perfecta.”
Por su parte, el tema de la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec, propiedad de la familia presidencial, con un valor de más de 7 millones de dólares, salió a relucir hace más de 4 años, junto con el tema de la íntima relación de Peña con su contratista favorito desde que ocupaba la gubernatura del Edomex, lo cual sería también materia suficiente para que un Fiscal Anticorrupción verdaderamente autónomo, iniciara investigaciones.
Hay otra notable similitud que vale la pena traer a colación, que es la de que tanto el presidente Peña, como el gobernador Carreras, están acabando de destrozar cualquier esperanza de que van en serio contra la corrupción, al estar nombrando a sus amigos y a sus subalternos de la casta dorada de la burocracia, para ser los titulares de la Fiscalía General, la Anticorrupción y la de Delitos Electorales, con lo cual se demuestra ya sin tapujos, que no quieren combatirla, sino que tan solo quieren cubrirse las espaldas contra una posible acción de justicia como la que ha emprendido con valor e inteligencia el gobernador de Chihuahua Javier Corral, que hace pocos días nos visitó y expuso con toda claridad y evidencia los hechos de corrupción desatada del anterior gobernador César Duarte, hoy prófugo de la justicia con más de 10 órdenes de aprehensión en su contra expedidas por jueces independientes y competentes.
Un grave error de Peña Nieto, más que error, simple hipocresía llamar golpeteo político a las serias y solidas denuncias de Javier Corral por la corrupción del gobierno de Duarte, porque empezaron casi desde el inicio de su sexenio, 6 años atrás, cuando comenzó a realizar una serie de movimientos con el erario público de Chihuahua para hacerse de propiedades en los estados de Texas y Nuevo México, ocasionando al erario un daño de aproximadamente 1200 millones de pesos, gran parte de los cuales se convirtieron en propiedades adquiridas por medio de prestanombres. Corral denunció la corrupción de Duarte desde el momento mismo que empezó el saqueo. Se enfrentó con él llamándolo en su propia cara corrupto y cínico y advirtiendo desde ese momento que no pararía hasta meterlo en la cárcel y recuperar lo robado a la ciudadanía de su estado. Eso, señores Peña y Gallardo, no es golpeteo político, es solo exigencia de justicia.
Hoy en día, la fiscalía de Chihuahua, ya está haciendo la petición al gobierno norteamericano para recuperar varias propiedades del ex gobernador y Javier Corral le ha reiterado por cuarta ocasión y desde hace varios meses a Peña Nieto, la exigencia de la justicia chihuahuense para que el gobierno de México solicite ya la extradición de Duarte. Ante la fuerza de las evidencias en contra de Duarte, la Procuraduría General de la República no le ha quedado más, que anunciar que está por concluir los trámites de tres solicitudes de extradición, (aun cuando Corral exige que sean 11, una por cada orden de aprehensión): dos por el delito de peculado agravado y una más por la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
“Seguramente, cuando inicie el proceso en Chihuahua contra Duarte, marcaremos nota al gobierno de EUA para hacerle saber el interés legal y legítimo de Chihuahua en recuperar esos bienes”. Añadió Corral que “es importante que en la solicitud de extradición, integren las 10 órdenes de Aprehensión que el ministerio público de Chihuahua obtuvo en su contra, porque en ellas se engloba el total del multimillonario daño económico que ocasionó”.
Me parece que la lucha valiosa y valiente del gobernador de Chihuahua Javier Corral, tiene cuando menos, tres significados, salvo su mejor opinión estimado lector:
1.- Hacer evidente, con documentos probatorios, a los ojos de todo México y del mundo, el grado extremo de degradación política que azota a nuestra patria, en la que los gobernantes tanto del nivel local como federal ya no tienen freno para cometer sus trapacerías, como lo demuestra la cínica amenaza de la Srìa. De Hacienda al gobernador Corral, de suspender la entrega de los 740 millones de pesos que por ley y por convenio le correspondían a Chihuahua, a menos que suspendiera los procedimientos jurídicos contra César Duarte y su pandilla.
2.- Que para tener justicia contra la corrupción no se necesita ni el llamado Sistema Nacional Anticorrupción ni los estatales, porque solo son un montaje, una burda y colosal comedia del gobierno de Peña Nieto para distraer la atención de los mexicanos. Corral está demostrando cómo se hace la justicia, aplicando las leyes existentes únicamente.
3.- Que los gobiernos estatales del PRI, operan en complicidad con la Sría. de Hacienda para transferir subrepticiamente, recursos públicos a las campañas de ese partido, simulando egresos que van a parar a empresas fantasma que luego entregan a los delegados nacionales del PRI en cada estado, con los cuales sobornan, compran lealtades y trafican con el voto ciudadano.
Estamos en espera de que el Fiscal General potosino, Garza Herrera, demuestre para que sirve su puesto, porque la corrupción nace en los más altos niveles del gobierno que auspician la impunidad. Y la corrupción, como las escaleras, se barren de arriba hacia abajo.
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