El objetivo de todos estos cambios no
era hacer que funcionara mejor el gobierno.
El propósito era volver el gobierno
más partidista, los tribunales más
obedientes, más sujetos al partido”.
Anne Applebaum
En la nueva era de la Cuarta Transformación será el propio gobierno el que obligue al gobierno a dar a conocer la información que el gobierno no quiere revelar. Cuando el gobierno se niegue a transparentar la información que le resulta incómoda, el gobierno se pondrá duro y ordenará al gobierno que dé a conocer de inmediato esa información que está ocultando. ¿Cómo podría alguien dudar de que el gobierno usará todos los medios a su alcance para obligar al gobierno a transparentar la información que no quiere divulgar?
La 4T continúa con su trabajo de demolición de un Estado de derecho con contrapesos al poder. Su propósito es dar todas las facultades de decisión al gobierno y a sus partidos políticos incondicionales en detrimento de la sociedad. Es una estrategia que pretende concentrar todo el poder en manos del ejecutivo y restablecer una presidencia imperial, como la que tuvo el PRI en buena parte del siglo XX.
Los organismos autónomos no han sido perfectos. Al igual que el gobierno, son instituciones burocráticas con responsabilidad de aplicar normas complicadas y a menudo contradictorias. Sus funcionarios son seres humanos. Mucho pudo hacerse para mejorar su operación sin abandonar los contrapesos al poder de un régimen democrático. Ayer, por ejemplo, la presidenta exhibió supuestos actos de corrupción del INAI, pero en vez de sancionarlos los ha usado para justificar su reaccionaria medida; la verdad es que ha habido muchos más actos de corrupción del ejecutivo sin que por ello se busque extinguir el gobierno. La principal virtud de los organismos autónomos es la propia autonomía que el gobierno quiere acabar. Su función es buscar el prietito en el arroz, revisar las acciones del gobierno desde una independencia jerárquica y jurídica.
Tener un organismo independiente que obligue al régimen a transparentar la información que no quiere divulgar es absolutamente necesario. De hecho, el gobierno de López Obrador violó de manera sistemática las normas de transparencia al ocultar información de sus obras con el argumento de que eran asuntos de seguridad nacional. Y la opacidad es el ambiente en que florece la corrupción.
Si AMLO decidió hacer caso omiso a las determinaciones del INAI, no es difícil prever qué pasará cuando las funciones de transparencia queden en manos de una oficina del ejecutivo. De “más arriba” se darán instrucciones para que no se revele información incómoda. Ya no será necesario siquiera argumentar razones de seguridad nacional. El gobierno decidirá qué información dará a conocer, la cual será en buena medida propaganda, y cuál ocultará.
El problema no es solo el INAI. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones viola el artículo 18 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que en su numeral 17 establece que “cada parte asegurará que su organismo regulador sea independiente.”. La extinción del Coneval, que curiosamente ha certificado el mayor triunfo de la 4T, la reducción de la pobreza, generará suspicacia ahora sobre cualquier avance. La eliminación de la Comisión Federal de Competencia, Cofece, favorecerá los abusos de los monopolios. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será parte de una SEP que está más interesada en repartir becas para comprar votos que en mejorar la calidad educativa.
La extinción de los organismos autónomos no busca mejorar el funcionamiento del gobierno ni combatir la corrupción. Su único propósito es concentrar el poder.
El agua
Al presentar ayer su Plan Nacional Hídrico la presidenta Sheinbaum declaró: “El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho”. El problema es que los usuarios y consumidores cuidan de las mercancías escasas, pero exigen que se les entreguen sus derechos. La fórmula del gobierno está hecha para que haya una escasez cada vez mayor de agua.
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