María abre su fonda a las seis de la mañana, como todos los días, en una calle cualquiera de Iztapalapa. Lleva 15 años levantando la cortina metálica, barriendo la banqueta y poniendo el café en la olla. No es un negocio grande: dos mesas afuera, cuatro adentro, menú del día en un pizarrón. Apenas saca 15 mil pesos al mes. Con eso paga la renta de su departamento, la escuela de su hijo y los servicios.
Hace unos meses, mientras acomodaba los refrescos, una persona se le acercó. No levantó la voz ni armó escándalo, pero habló con tono amenazante. Llegó con la tranquilidad que brinda la impunidad, con la superioridad ficticia que da portar un arma y con la calma de quien se siente dueño de la calle. Le dijo: "Me vas a pasar 1000 pesos a la semana, es por tu seguridad y la del local, ya ves que luego pasan accidentes".
La escena se repite casi igual en todos los barrios. Los comerciantes lo saben desde el primer segundo: ese dinero no es para protegerlos, es para someterlos. No viene a cuidar el negocio, viene a marcar territorio. La amenaza no está solo en las palabras, sino en la certeza de que detrás hay una estructura criminal lista para castigar al que se resista. No es un cobro excepcional, es un ritual de dominación: pagar para poder seguir levantando la cortina al día siguiente.
María no fue al Ministerio Público. No confía. No tiene tiempo. No puede cerrar el local para ir a denunciar y, sobre todo, no puede arriesgarse a que "pasen accidentes". Desde entonces, cada lunes aparta un sobrecito con el dinero. No lo ve como un delito, sino como otro gasto fijo, como la luz o el gas. Lo normaliza.
Eso es hoy la extorsión en la Ciudad de México: no un evento aislado, sino un impuesto que no cobra el gobierno, sino bandas delincuenciales que operan en distintas alcaldías. Entre 2018 y 2025, este delito aumentó 221%, al pasar de 5.77 a 18.55 casos por cada 100 mil habitantes. Es uno de los crecimientos más acelerados entre los delitos de alto impacto y explica por qué hoy la ciudad es la tercera entidad del país con mayor tasa de víctimas, solo detrás de Guanajuato y Morelos.
El problema no es solo su magnitud, sino su lógica. Desde el gobierno se sigue leyendo como un delito que se mide por denuncias, cuando en realidad funciona justo al revés: cuando no se denuncia, cuando el pago se hace en silencio y cuando termina incorporándose al costo normal de operar. En la Ciudad de México, la cifra negra alcanza 88.4% y en microempresas llega a casi 89%. El comerciante no denuncia; ajusta precios, reduce personal o deja de invertir.
Los datos muestran cómo el cobro de piso se ha extendido. En 2021, solo 3.7% de los negocios reportaba esta práctica; para 2023 la cifra saltó a 28.8%, y uno de cada cinco terminó pagando. El impacto económico es directo: en 2023, el costo anual promedio fue de 32 mil pesos para microempresas, 157 mil para pequeñas y más de medio millón para medianas. Los primeros en caer son los negocios con menos margen: la tienda de la esquina, el taller familiar, el restaurante de barrio.
Cuando el extorsionador cobra piso, no solo comete un delito: ocupa el lugar del Estado. Se vuelve la autoridad de facto que decide quién puede trabajar y quién no. Mientras la extorsión se mida por carpetas iniciadas y no por pagos efectivos, se seguirá llegando tarde. En una ciudad donde abrir un negocio implica tributarle al miedo, no hay desarrollo posible.
(Economista)
@Chertorivski