El pasado 18 de agosto del presente año, el Registro Nacional Agrario (RAN), en el estado de San Luis Potosí, dirigió un oficio a la Lic. Cristina Díaz de León Cabrero, Secretaria del juzgado tercero de distrito en el estado, que presenta sello de recibido el pasado martes 23 de agosto, que en su parte medular informa textualmente:
. . . “se verificó que, de conformidad con la certificación que sufrió el ejido “Rancho Viejo” del municipio de San Luis Potosí, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), llevado a cabo mediante acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales, de fecha 6 de noviembre del 2001, inscrita bajo el folio matriz 24TM00000955 de fecha 7 de diciembre del 2001, quedando así el registro de las superficies con las que está conformado el referido núcleo agrario en este órgano registral, siendo precisamente los señalados en los planos 1/3, 2/3 y 3/3, los que conforman la superficie del polígono actual.”
Firma el Lic. Ismael Carrillo Avila, Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación en el Estado de San Luis Potosí.
Al reverso de este documento se presentan los planos, dentro del mapa de nuestra ciudad, que ocupan los tres polígonos, que conforman el Ejido Rancho Viejo La Libertad, la entidad que supuestamente habría sido afectada por la excelente obra que realizó, entre otras muchas, el Ayuntamiento 2018-2021, y en los que se aprecia claramente, que la obra municipal NO TOCA NI SIQUIERA POR LA ORILLA, NINGUNO DE LOS TRES POLÍGONOS QUE FORMAN EL EJIDO, por lo tanto:
1. No hay ningún desacato. Se trata de una vil falsedad.
2. Se derrumban totalmente las artimañas legaloides del congreso estatal para sancionar al exalcalde Nava Palacios, a la ex síndico Alicia Vázquez y a un grupo de nueve regidores con inhabilitación para ocupar cargos públicos, por periodos diferentes, por el presunto desacato a un amparo QUE AÚN HOY, SIGUE SIN SER CALIFICADO, POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO.
3. Los 27 diputados de la legislatura que unánimemente, sin tener facultades plenas para ello, ni llamar a los inculpados para tener derecho de audiencia, decidieron aplicar sanciones de manera arbitraria, ilegal e injusta, SIN reconocer que debían esperar, por elemental principio de orden y de justo juicio, la resolución del juzgado, como requisito jurídico ineludible para aplicar o no alguna sanción.
4. La inhabilitación que se anticipó a la resolución del juzgado, abrió serias dudas sobre la posible invasión de competencias por parte de los legisladores, que podrían ocasionar Responsabilidades legales.
5. Desde entonces, el alcalde Galindo Ceballos, mostró su disposición de complacer los deseos del gobernador para “cobrar facturas”, como lo había anunciado, desde que tomó posesión, y rápidamente descalificó cualquier argumentación del exalcalde en su propia defensa. Expresó el alcalde: “le ayuda más quedarse calladito”, “porque el congreso votó por unanimidad”. Para vergüenza suya.
6.Ahora, el alcalde PRETENDE REFORZAR LA SANCIÓN APLICADA POR el congreso, aunque al hacerlo, se arriesgue a incurrir personalmente, e involucrar a los integrantes del Cabildo en desvío de recursos públicos, al pagar a los ejidatarios una ilegal indemnización de DOCE MILLONES DE PESOS, por una falta que ni siquiera existe, ya que no se tocó siquiera en mínima parte, las tierras de propiedad ejidal, como lo demuestra el oficio del Registro Agrario Nacional (RAN).
7. Es justo y necesario aclarar que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento formada por doce regidores, voto por unanimidad para autorizar al alcalde para hacer ese desembolso, que en realidad es un atraco al erario municipal, con la honrosa excepción del regidor Alejandro Casillas, que en dicha sesión presentó el documento del RAN Y fue el único que votó en contra.
8. Sorprende que los hábiles y onerosos asesores jurídicos del alcalde, que avalaron o respaldaron el pago de una suma tan cuantiosa como indebida, no lo hayan asesorado correctamente, para hacerle ver que cualquier juez tendrá que echar abajo la demanda de los ejidatarios, en vista de la información emitida por el RAN, y en consecuencia, pueden ser sujetos de responsabilidades públicas.
Todo este sainete de arbitrariedades y tropelías por parte del congreso y ahora por parte del Ayuntamiento para despojar al erario público de 12 millones de pesos, ¿a qué obedece? ¿Cómo es posible que el congreso haya cometido tal barbarie política al atropellar los derechos de 11 de los integrantes del ayuntamiento anterior, sin tener un mínimo de bases legales y racionales para ello? ¿Quién les está ordenando, al congreso y ahora al Ayuntamiento incurrir en tales aberraciones jurídicas? ¿Por qué motivo?
¿Usted, sabe quién, estimado lector?
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