“El miedo y la sola desconfianza
del inocente, indican la quiebra
de la justicia penal”
Ferrajoli
La presente colaboración es la segunda parte relativa a la muy preocupante amenaza que la Secretaría de Ecología de S.L.P (SEGAM), ha lanzado de criminalizar a las familias que se dedican a la fabricación de ladrillos en forma tradicional (la primera parte la encontrará usted en mi columna del pasado viernes 22 de noviembre, aquí mismo en Pulso, la cual titulé “Segam Inquisidora”).
Recapitulando un poco lo dicho hace ocho días, cuando dediqué el espacio para formular un marco teórico que visibilizara la problemática del expansionismo penal conjugado con el populismo institucional, decía entonces, desde un enfoque crítico a los derechos humanos, el mero reconocimiento de estas libertades y derechos en las leyes no se traducirá en absoluto en la mejoría de las personas para tener un mejor disfrute de los mismos (Posner, 2017).
Es por ello, que se advierte en las sociedades un cierto desencanto y frustración en el tema de los derechos humanos, precisamente Eric Posner lanzó una pregunta retórica que cimbró a los estudiosos ¿De que sirvió que países autoritarios o democracias sospechosas se adhirieran a los tratados internacionales, si sus poblaciones no han tenido mejorías sustanciales?
Lo que es más, ahora desde el ámbito del derecho penal, la política criminal y la política criminológica han visto con demasiada preocupación el expansionismo de los delitos, que, necesariamente conllevarán a la ampliación del derecho de castigar a las personas por parte del Estado, y, una de estas motivaciones radica en la incesante incorporación punitiva de los llamados derechos colectivos o de 3ª generación, a este fenómeno se le conoce desde la academia como regresión o proceso de inversión (Carvalho, 2009).
La anterior problemática desemboca en el llamado “populismo institucional”, el cual, consiste en el aumento de las agencias gubernamentales punitivas o con facultades de castigar, las que a su vez, se irrogan los llamados “derechos institucionales” (los cuales son una ficción), esto implica que los derechos humanos se vuelven objeto de apropiación de las instituciones (ya no de las personas), lo que es absurdo, por ejemplo, pensemos que los Derechos Culturales forman parte de la esfera de derechos de la Secretaría de Cultura, y ésta defiende celosamente cualquier intromisión ajena a la institucionalidad.
Por eso me llamó en demasía la atención la entrevista que concedió Yvett Salazar Torres, titular de la Segam (Secretaría de Ecología de S.L.P), quien le explicó a la periodista Martha Arriaga (Pulso, 15.11.2019), que la dependencia pretendía levantar denuncias criminales contra 200 ladrilleras que operan en la capital, dado que:
Los presuntos criminales (para la Segam), usan la quema de
basura de desechos plásticos altamente tóxicos (llantas, plásticos y combustibles) para cocer ladrillos, dado que “no tiene costo para
los productores”.
“Se pretende que las familias utilicen combustible ecológico, pero eso representaría un gasto a las familias ladrilleras, por lo que se resisten a invertir”
“La reubicación tampoco ha sido factible, ya que han pasado por lo menos tres administraciones municipales y al momento no se ha tenido ningún avance en este tema”
Como veremos en la 3a parte de este análisis periodístico, el argumento institucional de la Secretaría de Ecología de S.L.P, descansa en una premisa falas, incluso sesgada de prejuicios (es decir, afirmaciones sin sustento empírico), por lo que, el resultado de su argumentación es claramente un ejemplo de “populismo institucional”.
Lo anterior, no tiene nada de alarmante, hasta cierto punto las personas estamos acostumbradas a ver declaraciones simplistas de funcionarios públicos, empero, cuando la consecuencia de este populismo institucional es echar a andar la maquinaria represiva punitiva del Estado, ahí las cosas cambian, el ¿por qué? será objeto de mi 3a colaboración para Pulso el próximo viernes.
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