La realidad de las finanzas públicas estatales es como lo que decía Churchill de Stalin: “Es un misterio adentro de un enigma y envuelto en un acertijo”. Este asunto es también como un gran rompecabezas cuyas piezas no están completas sobre la mesa; algunas se habrán caído al piso, pero otras alguien se las llevó.
En la materia se conocen los grandes rubros -60 mil millones de presupuesto, más del 90 por ciento procedentes de la federación y cosa del 9 por ciento de ingresos propios, y su distribución en grueso, por ejemplo-, fundamentalmente porque están en poder de otras instancias, como la Secretaría de Hacienda y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, por lo que ocultarlos no solo sería delictivo sino torpe. Pero conforme se desciende a los detalles la oscuridad empieza a reinar.
Uno de los renglones en los que más se aprecia el fenómeno del ocultamiento es el de la deuda pública, cuyos diversos componentes permiten un amplio margen de manipuleo. Por ejemplo: si diez proveedores presentan sus facturas al cobro y un funcionario debidamente instruido oculta la mitad en un cajón y hace piruetas con la numeración de los acuses de recibo, la deuda representada por estos documentos oficialmente no existe, ni siquiera como pasivo circulante o deuda de corto plazo. Y así puede permanecer meses y meses. Exactamente lo mismo ocurre con los contratistas de obras que presentan sus estimaciones periódicas.
Es en estos territorios de lo que se adeuda a proveedores y contratistas donde mejor se aplica el dicho churchilliano, y no hay manera de saber si son pocos, muchos o demasiados millones. Las estimaciones más responsables de conocedores del tema apuntan más bien en el sentido de los “centenares de millones de pesos”, habida cuenta de que al paso del tiempo se ha ido sabiendo de acreedores que llevan casi un año sin recibir ni abonos siquiera.
Mientras que algún día se despeja esta penumbra, si es qué, por lo pronto hay ocasiones en que emergen datos que ayudan a poner las cosas en perspectiva.
El jueves pasado, navegando como muy bien sabe hacerlo en el ciberespacio, nuestro compañero Jaime Hernández ubicó el tercer informe trimestral del 2022 (a septiembre) sobre las finanzas estatales que la secretaría del ramo envía, por ley, al Congreso del Estado. Su contenido debe incluir lo referente a la deuda pública total documentada.
Hechos por Jaime los comparativos más elementales, resultó que, al último día de septiembre del año pasado, la administración gallardista reconoce adeudos globales por 11 mil 321 millones de pesos. Exactamente un año antes, cuando inició su gestión, este gobierno, el endeudamiento total reconocido era de 8 mil 645 millones. La diferencia -2 mil 676 millones- equivalen al 31 por ciento. Es decir, en doce meses el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona incrementó en un tercio la deuda publica potosina acumulada a lo largo de muchos años. Por ahí deben andar los últimos saldos del crédito bancario por mil 500 millones que obtuvo Marcelo de los Santos Fraga unas semanas antes de concluir su mandato.
Pero no para aquí el asunto. Debo subrayar: el incremento del 30 por ciento documentado (porque sin duda hay más aunque ocultos o disimulados) es con corte al 30 de septiembre del 2022, lo que implica que no hay noticia aún de lo que se haya incrementado en los últimos tres meses del año.
No hay certezas todavía -las habrá pronto, cuando se conozca el informe del trimestre octubre-noviembre-diciembre- pero sí un dato muy sólido aportado por el Secretario de Finanzas, Salvador Cartier González Martínez, quien como ustedes recordarán, dijo el 3 de este mes que en diciembre la dependencia a su cargo se vio obligada a solicitar créditos bancarios por mil 500 millones de pesos, para solventar diversos compromisos o insuficiencias presupuestales de diversas dependencias.
Asumiendo -con excesivo optimismo- que esa haya sido la única suma de deuda nueva contratada entre el uno de octubre y el 31 de diciembre del 2022, si Pitágoras no nos engañó, al iniciar este nuevo año el endeudamiento global del gobierno de Gallardo Cardona ascendería, como mínimo, a 12 mil 821 millones de pesos. Un 49 por ciento más que el de 8 mil 641 millones que recibió 15 meses atrás.
NO SE VAYA, FALTA
En declaraciones a los medios, luciendo un reloj marca Cartier que nuevo cuesta entre 500 y 600 mil pesos, el no hace mucho prófugo de la ley y actual secretario de Finanzas declaró impávido que las cifras del tercer informe trimestral 2022 no reflejaban aumento de la deuda sino “manejos contables”. Hágame usted el refabrón cavor.
Si el presumido new rich quiso decir que él y sus subordinados hacen manejos contables para que la deuda pública aparezca como mayor de lo que es, que los corran por ineptos. Recuerdo que en tiempos de Marcelo de los Santos hacían manipuleos contables para disimular el verdadero estado de las finanzas públicas, a lo que llamaban “contabilidad creativa”. Pero como Don Marce sí sabía de estas cosas, el manipuleo era para que las cosas parecieran mejor de lo que en realidad estaban, no al revés como ahora insinúa Don Cartier.
Una pregunta obligada sería por qué se ha incrementado tanto la deuda pública en esta administración. La respuesta está a la vista de todos: éste es un gobierno muy gastalón. Lleva ya casi 16 meses gastando como loco sin darse por enterado de que los recursos a su disposición son finitos.
Y si la deuda pública oficial, llamémosle así a la reconocida en los informes gubernamentales, no anda más allá de las nubes es por eso que comentábamos al inicio de esta columna: hay adeudos multimillonarios no registrados con constructores, proveedores y prestadores de servicio, la gran mayoría de los cuales no han emprendido acciones legales para reclamar lo suyo, porque saben que de hacerlo en los próximos cuatro años y medio no vuelven a tener de cliente al gobierno. Todavía conservan la esperanza de que les paguen sin necesidad de echar pleito.
Por lo pronto, al paso de los días han ido emergiendo cifras confiables que dibujan una situación bastante difícil. Por ejemplo, el adeudo con Pensiones que en septiembre del 2021 era de casi mil 200 millones de pesos, ahora es de 3 mil millones. A fines del 2021, cuando personalmente se reunió con empresarios para que apoyaran un aumento de medio punto porcentual al impuesto sobre la nómina, que pasaría del 2.5 al 3.0 por ciento, RGC les aseguró que la recaudación derivada de ese 0.5 por ciento adicional se agregaría a la similar que desde sexenios anteriores se entregaba al Fideicomiso de Desarrollo Económico del Estado.
Con el beneplácito de los empresarios, el Congreso aprobó el aumento al citado impuesto sobre la nómina, que ahora se llama de otra manera más barroca. Para el año pasado se presupuestó un ingreso proveniente de ese gravamen por 2 mil 418 millones de pesos. Un tercio de los mismos, 806 millones, debió haber ido al FIDECO. No le llegó nada. Ese Fideicomiso utiliza sus recursos para promover las inversiones productivas en la entidad, para financiar microempresas con créditos blandos, para impulsar la cultura de eso que ahora se llama emprendedurismo y para financiar algunas obras en la Zona Industrial. Esos fondos los ha de tener el Julión en su cuenta personal.
El Fideicomiso para el Desarrollo Turístico (FIDETUR), que se nutre de una parte del impuesto por hospedaje, debió recibir por ese concepto algo así como 40 millones de pesos el año anterior, para cumplir sus tareas de promoción turística, difusión, capacitación, etcétera. No recibió nada.
En semanas anteriores trascendió que el gobierno gallardista simplemente se niega a pagar algo así como 150 millones de pesos que adeuda a la Universidad; ya la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia salió a decir que no sean mala onda y le paguen 20 millones de pesos que le debe el Ejecutivo, que además son de sus trabajadores; el Ceepac reclama 11 millones por razones parecidas. Con el Cobach el problema es mayor, pero le han dado algunos abonitos para que no reviente el disgusto laboral. O sea: este gobierno está endeudado hasta las cachas, sin que sea posible saber a ciencia cierta qué tan cerca está de sus límites en esa carrera.
Con todo, no es eso lo que más preocupa. Lo verdaderamente inquietante es que el titular del Ejecutivo se declara un día sí y otro también dispuesto a gastar como si las arcas públicas fueran inagotables y los créditos no tuvieran que pagarse. Y gastar, para acabarla de joder, en cosas que nadie necesita ni nadie le está pidiendo, como la famosa Arena Potosí.
COMPRIMIDOS
A propósito de ese voluntarioso y descocado proyecto de la Arena Potosí, mal haría Ricardo Gallardo Cardona en ignorar el hecho de que es la primera de sus ocurrencias que no recibe el beneplácito o por lo menos la indiferencia popular. Que el mayor árbol navideño de América Latina acabó convertido en un chupirul descomunal y jorobado, a la gente le causó risa; que se gastaron decenas de millones en el Teatro del Pueblo de la Feria, bienvenida la diversión; que hubo tacos y enchiladas gratis, mejor aún. Que anda empecinado en levantar puentes colgantes en la Alameda, ahí que le siga, pero ¿una arena de cientos de millones de pesos para espectáculos de charrería que será muy el deporte nacional pero no atraen más que unas pocas centenas de personas?
Gallardo cometería un muy grave error si no se percata de que éste es el primero de sus proyectos locochones que encuentra rechazo, tanto en las redes como en algunos grupos de opinión. A mí me parece una oportuna, gratuita y benéfica primera llamada, primera, ante los excesos cada vez más desafiantes de este señor. Si se empeña, como gusta de hacerlo, y se le arma un problema, no podrá decir que no tuvo a tiempo luces amarillas. En trances como éste me reconvenzo de que en los tiempos actuales el único que puede hacer tropezar y derrotar políticamente a Ricardo Gallardo Cardona es precisamente Ricardo Gallardo Cardona. Pareciera que ya empezó.
Uno de los argumentos para defender ese disparatado proyecto es que se necesita para traer espectáculos de calidad nacional e internacional. ¿Y quién va a ser el empresario a cargo de la promoción? ¿El Gobierno como tal o algún compadre? Y si deveras más allá de un “¡por mis huevos!” hay algo de racionalidad rescatable, pues ahí está El Domo, que también sirve para espectáculos charros o de cualquier otro tipo y al ser propiedad privada al Gobierno no le cuesta un peso de mantenimiento ni le representa riesgo de pérdidas. Y ni modo que la Arena Potosí vaya a ser gratuita para promotores y público.
Hasta el próximo jueves.