El 15 de noviembre de 2025, miles de personas marcharon en las calles de la Ciudad de México y otras ciudades bajo la bandera de la "Generación Z". Sin embargo, lo que se presentó inicialmente como un movimiento juvenil apartidista derivó en una manifestación que expresó las tensiones entre la participación ciudadana genuina, oportunismo político y violencia como forma de protesta. La marcha surgió en un contexto de creciente percepción de inseguridad entre la población mexicana. Según INEGI, en septiembre de 2025 el 63% de la población urbana consideraba inseguro vivir en su ciudad, un aumento respecto al 58.6% del año anterior. Además, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre de 2025, fue el detonante de la protesta.
La manifestación presentó una composición demográfica distinta a lo que su nombre sugería, evidenciando la apropiación política de una convocatoria inicialmente juvenil. Según los reportes periodísticos coinciden en que la mayoría de los asistentes superaban los 30 años, con presencia notable de personas de la tercera edad; además, entre los manifestantes se identificaron personajes políticos de oposición. Esta heterogeneidad reveló una característica de las movilizaciones recientes: la tensión entre la narrativa de origen y la realidad de la participación. Si bien es cierto que algunos jóvenes efectivamente asistieron motivados por preocupaciones legítimas, la marcha fue cooptada por actores políticos con agendas preexistentes, transformándose en un canal para expresar su oposición al gobierno federal.
La convocatoria combinó indignación genuina con el uso masivo de bots. Un análisis realizado por la Central de Datos e Inteligencia Artificial de Multimedios identificó más de 8 millones de interacciones atribuibles a bots. Por su parte el gobierno federal, mediante el sistema Infodemia, estimó que se invirtieron aproximadamente 90 millones de pesos en la promoción de la movilización. La cuenta @generacionz_mx, que lideró la convocatoria, había estado inactiva durante tres años antes de reactivarse el 15 de octubre de 2025, utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban escenarios apocalípticos del Palacio Nacional en llamas y encapuchados con antorchas. Esta estrategia reveló cómo las tecnologías digitales pueden servir simultáneamente para democratizar la participación política como para manipular el debate público.
En cuanto a las demandas de su pliego petitorio, reflejan preocupaciones legítimas sobre la inseguridad, así como propuestas inviables que evidencian la falta de cohesión ideológica. Se exigía revocación inmediata de mandato por iniciativa ciudadana, sin intervención de los tres poderes, así como la elección directa de un sustituto presidencial sin participación del Congreso. Estas propuestas contradicen a la constitución. Otras demandas eran la desmilitarización de la seguridad y el fortalecimiento presupuestal de las policías municipales. Si bien estas aspiraciones responden a problemas reales -opacidad presupuestal, militarización de funciones civiles, debilidad de las corporaciones locales-, el pliego funcionó más como un catálogo de agravios que como una política pública articulada.
En cuanto a los enfrentamientos entre el "bloque negro" y las fuerzas de seguridad transformaron una manifestación pacífica en un escenario de violencia: aproximadamente mil manifestantes encapuchados derribaron las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional, utilizando martillos, esmeriles, cadenas y piedras. Esta táctica de protesta surgió en Alemania Occidental en 1980 durante las manifestaciones antinucleares, se caracterizan por acciones de enmascarados vestidos de negro que buscan confrontar a las autoridades. En el contexto mexicano, ha sido adoptada por grupos anarquistas y movimientos radicales desde la década de 1990. Los enfrentamientos evidenciaron la tensión irresuelta entre el derecho a la protesta, la desobediencia civil y los límites de la acción política legítima en una democracia.
La reacción del gobierno osciló entre la minimización de la convocatoria y la acusación de manipulación externa, evitando un análisis profundo de las causas estructurales del descontento. La presidenta afirmó que "no llenaron el Zócalo" y acusó a la oposición, de promover la movilización. Esta respuesta, aunque políticamente comprensible, refleja una estrategia de comunicación que prioriza la descalificación sobre el diálogo. Si bien es verificable que existió participación de actores políticos opositores, también es cierto que miles de personas asistieron motivadas por preocupaciones genuinas. Ignorarlas representa un riesgo para la legitimidad del gobierno, especialmente cuando los datos de percepción de inseguridad muestran una tendencia al alza que contradice las cifras oficiales de reducción delictiva.
En síntesis: La manifestación representó un fenómeno complejo que no puede reducirse a una narrativa única. Por un lado, evidenció cómo las plataformas digitales permiten que actores con recursos económicos difunda narrativas políticas artificiales. Por otro lado, revela descontentos reales de sectores sociales que sienten que sus preocupaciones no están atendidas. El uso de la violencia por parte del bloque negro empañó una protesta que en su mayoría transcurrió pacíficamente, dándole argumentos al gobierno para deslegitimar las demandas ciudadanas y reforzando una polarización que impide el diálogo. La respuesta gubernamental de minimización y acusación perdió la oportunidad de reconocer las preocupaciones legítimas expresadas por miles de ciudadanos. Próxima colaboración: 03/12/25.
@jszslp