El suelo no es producto del trabajo humano por lo que no debería ser propiedad privada; pero se incorporó al mundo de las mercancías como otros recursos naturales: el aire, el agua, el paisaje, el mar y otros que deberían ser bienes colectivos. En nuestro desarrollo urbano se privilegia a sus propietarios, al capital inmobiliario, aún en la CDMX gobernada hace décadas por progresismos diversos.
Un México para Todos señala que es urgente aplicar normas que garanticen una gestión equitativa del suelo.
El desarrollo basado en la privatización de la renta del suelo y la especulación excluye a la mayoría del usufructo equitativo de los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Contribuye a la destrucción del patrimonio ambiental, a multiplicar la conflictividad social e incrementar la desigualdad.
El suelo está sujeto a las leyes del mercado, lo que fomenta la especulación, segregación y discriminación social y la expansión irracional de la ciudad. Las rentas que genera la inversión pública y el desarrollo urbano son apropiadas por intereses privados. Pero el suelo es un bien común, central en el desarrollo incluyente y sostenible; su uso debe subordinarse al interés colectivo. Es responsabilidad del Estado gestionarlo, lo cual permitirá el ordenamiento territorial y del crecimiento urbano, y garantizar el derecho a un lugar adecuado y seguro donde vivir. Proponemos:
Reconocer en la legislación la intervención del Estado en los mercados de suelo, y recuperar la función social y ambiental de su propiedad.
Diferenciar la propiedad y el derecho a edificar, el cual debe regularse en función de la distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera.
Desarrollar los instrumentos jurídicos y de participación ciudadana para asegurar la función social y ambiental del suelo, pues debe satisfacer necesidades individuales pero condicionadas por las de la colectividad.
Garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano mediante:
- Captura de las plusvalías generadas por la inversión pública y el desarrollo urbano, y su utilización en beneficio de la población de bajo ingreso, vulnerable y con necesidades especiales.
- Impuesto predial creciente, para obligar al uso de terrenos baldíos y subutilizados en función de su uso potencial en los planes de desarrollo urbano y de los servicios y equipamientos disponibles.
- Subasta obligada o expropiación en caso de no construir el terreno en el tiempo que establezca la ley.
Propiciar que los organismos responsables de los programas de suelo y vivienda impulsen opciones de tenencia legal distintas a la propiedad privada, como el arrendamiento y la cooperativa de uso y goce, para atender las soluciones que requieren quienes carecen de una vivienda adecuada.
El Programa General de Desarrollo Urbano definirá las áreas no urbanizables por preservación ecológica, captación de acuíferos, alta productividad agrícola, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y regulaciones, incentivos y sanciones para mitigar riesgos y garantizar su preservación y mantenimiento.
El movimiento progresista logró mayoría calificada: debe demostrar su carácter aprobando reformas sustanciales para el desarrollo urbano.
(Miembro de Un México Para Todos)