En el ámbito político, el sistema puede definirse como el conjunto de reglas formales e informales, equilibrios de poder, acuerdos tácitos e instituciones que ordenan la competencia, limitan los conflictos y hacen posible la gobernabilidad. No es neutral ni espontáneo: es una arquitectura diseñada para reducir la incertidumbre, administrar tensiones y, sobre todo, evitar el colapso. El sistema no existe para transformar la realidad, sino para contenerla.
Por ello, cuando se habla de crisis políticas, económicas o sociales, suele asumirse que el sistema está en riesgo de romperse. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: las crisis no debilitan al sistema, lo activan. Son los momentos en los que despliega con mayor eficacia sus mecanismos de defensa. Quienes lo controlan entienden que su supervivencia política depende menos de las ideas que proclaman y más de su capacidad para adaptarse a las reglas del juego sin desbordarlas.
El poder, en este sentido, no reside únicamente en los cargos ni en las decisiones visibles, sino en la posición que los actores ocupan dentro del entramado sistémico. De ahí que la mayoría de las élites no busquen desafiar el sistema frontalmente, sino administrarlo, reforzarlo o maquillarlo. Transformarlo de raíz implica costos, riesgos e incertidumbres que pocos están dispuestos a asumir. Gobernar no es romper el sistema: es aprender a sobrevivir dentro de él.
Las coaliciones políticas actuales ilustran con claridad esta lógica de autopreservación. Alianzas como las que hoy se observan entre Morena, el PT y el PVEM no pueden entenderse únicamente como acuerdos ideológicos o coyunturales de carácter electoral. Son, ante todo, mecanismos de supervivencia sistémica. Su función principal no es solo ganar elecciones, sino administrar el poder, ampliar márgenes de control institucional y reducir los costos de la confrontación política abierta.
Estas coaliciones permiten absorber tensiones internas, neutralizar disidencias y redistribuir riesgos en un entorno marcado por la polarización y el desgaste institucional. El sistema, a través de ellas, se blinda: diversifica apoyos, multiplica lealtades y convierte el conflicto en negociación permanente. No representan cohesión política, sino estrategias de contención.
De cara a los procesos electorales de 2027, esta lógica no es exclusiva del bloque gobernante. Partidos como el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas también buscan reacomodarse, ensayar alianzas y redefinir discursos para reinsertarse en las jugadas sistémicas. No lo hacen con la garantía del éxito, sino con la certeza de que competir desde fuera del sistema resulta políticamente más costoso que negociar dentro de él. En política, quedar aislado suele ser más peligroso que perder coherencia.
En este escenario, las coaliciones no prometen estabilidad duradera ni triunfos asegurados, pero sí ofrecen algo esencial: permanencia. El sistema no premia la congruencia absoluta, sino la capacidad de adaptarse, resistir y seguir siendo funcional. Prefiere acuerdos incómodos a rupturas impredecibles; tolera contradicciones antes que vacíos de poder.
Cuando todo parece desorden, las reglas importan más que nunca. Los acuerdos formales e informales, incluso aquellos que contradicen discursos previos, actúan como diques de contención. El sistema prefiere reacomodarse antes que colapsar; sobrevive sacrificando sentido, no estabilidad.
Gobernar, en este contexto, no es transformar radicalmente el sistema, sino aceptar sus límites y operar dentro de ellos. El poder no se ejerce desde la pureza ideológica, sino desde la negociación constante con reglas que nadie controla por completo, pero que todos buscan preservar. Quien se niega a negociar con el sistema queda rápidamente marginado; quien insiste en confrontarlo sin fuerza suficiente es neutralizado; y quien aprende a administrarlo, sobrevive. Esta lógica explica por qué los discursos de cambio suelen diluirse una vez que se alcanza el gobierno. No se trata necesariamente de traición ideológica, sino de adaptación estructural. El sistema impone costos altos a la disrupción y ofrece recompensas claras a la obediencia funcional. Así, gobernar se convierte menos en un ejercicio de transformación y más en una práctica de administración de límites: saber hasta dónde se puede avanzar sin provocar una reacción que ponga en riesgo la estabilidad del propio poder.
Desde una perspectiva empírica, basta observar cómo los gobiernos, independientemente de su signo partidista, terminan recurriendo a los mismos instrumentos: alianzas pragmáticas, negociaciones opacas, concesiones estratégicas y una progresiva moderación del discurso. El sistema homogeneiza a quienes lo habitan. Cambian los actores, pero las lógicas permanecen. La alternancia, más que ruptura, suele ser relevo administrativo.
Y aquí emerge la pregunta verdaderamente incómoda: ¿qué ocurre cuando el sistema ya no se protege para gobernar mejor, sino únicamente para seguir existiendo? Porque cuando la autopreservación se convierte en el objetivo central del poder, el sistema deja de ser un instrumento de orden y se transforma en un obstáculo para el cambio. En ese punto, el riesgo ya no es el caos, sino algo más profundo: la normalización de un sistema que sobrevive, aunque haya dejado de representar. Entonces es cierto lo que pienso: El sistema no se rompe: se protege.
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