“La buena gobernanza es quizá la mayor
arma contra la corrupción”.
Kofi Annan
Cuando hablamos de empresas públicas como PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pensamos en pilares estratégicos del Estado mexicano. No solo por su tamaño e impacto económico, sino por su papel en la seguridad energética nacional. Sin embargo, detrás de su operación debería existir una estructura que garantice decisiones responsables, éticas y sostenibles: el gobierno corporativo.
Este concepto, muchas veces relegado al lenguaje técnico, es en realidad el corazón institucional de cualquier empresa pública moderna. El gobierno corporativo establece cómo se toman las decisiones, quién las supervisa, cómo se rinde cuentas y qué mecanismos existen para prevenir abusos. En el caso de empresas estatales, su función es doble: proteger el interés público y asegurar que los recursos se administren con eficiencia, transparencia y legalidad.
Para cumplir con este propósito, el gobierno corporativo se apoya en mecanismos como la auditoría interna, fiscalización externa, control interno, o la administración de riesgos. Estas funciones deben estar integradas, ser independientes y contar con acceso pleno a la información operativa. No basta con que existan en el organigrama: deben tener dientes, autonomía y respaldo institucional. Pero ¿realmente ayudan a reducir la corrupción y mejorar el desempeño?
Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los años 2021 a 2023 revelan una realidad preocupante. En PEMEX, se detectaron pagos sin soporte documental, falta de control contable, omisiones en reportes al Consejo de Administración por más de 5 mil millones de pesos, y reservas de información que impiden conocer auditorías clave hasta 2028.
En CFE, se identificaron pagos duplicados, retrasos en entregas y falta de garantías en proyectos estratégicos. Además, el informe financiero de PEMEX 2024 advierte sobre pérdidas recurrentes y deterioro patrimonial, lo que pone en duda su viabilidad como negocio en marcha.
Estas fallas abren la puerta a prácticas opacas que pueden derivar en corrupción o simulación. Y aquí entra el fenómeno del huachicol fiscal: una forma de evasión sofisticada que consiste en importar gasolina o diésel disfrazado como aditivos o lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
A diferencia del robo físico de combustible -que implica perforar ductos- el huachicol fiscal opera en los márgenes legales, aprovechando debilidades normativas, omisiones aduanales y complicidades institucionales.
Este esquema comenzó a recrudecerse en 2017, cuando se detectó un aumento inusual en la importación de aditivos y lubricantes, mientras el volumen de gasolina reportado por PEMEX no coincidía con el consumo nacional. Desde entonces, según estimaciones del SAT y expertos en energía, esta práctica ha generado pérdidas acumuladas por más de 1 billón de pesos, afectando gravemente a la Hacienda Pública.
En Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Estado de México y Guanajuato, son los estados donde se han identificado redes de distribución paralela y operaciones simuladas. Además, investigaciones periodísticas y fiscales han señalado la participación de empresas extranjeras -principalmente de Estados Unidos y Centroamérica- en esquemas de triangulación comercial que facilitan la evasión.
El daño no es solo económico: el huachicol fiscal erosiona la confianza institucional, vulnera la seguridad energética, distorsiona el mercado y pone en evidencia que los controles internos y externos no están funcionando como deberían.
Si el Consejo de Administración no recibe información completa, si los auditores enfrentan reservas de datos, y si los sistemas de riesgo no detectan operaciones fraudulentas, entonces el gobierno corporativo se convierte en una fachada. La simulación reemplaza al control, y el blindaje institucional se convierte en papel mojado.
¿Hay ejemplos de que sí se puede hacer bien? EQUINOR, la petrolera estatal noruega, ofrece un modelo robusto de gobierno corporativo. Aunque su tamaño es menor al de PEMEX -con una producción diaria cercana a los 2 millones de barriles frente a los más de 2.5 millones de PEMEX- EQUINOR ha logrado mantener altos estándares éticos y financieros. Su Consejo de Administración incluye miembros independientes con experiencia en energía, finanzas y sostenibilidad. Las auditorías son públicas, los informes de riesgos se actualizan trimestralmente, y existe una política de cero tolerancia a la corrupción. La clave ha sido la autonomía de sus órganos de control, la trazabilidad de sus operaciones y la cultura de cumplimiento como eje estratégico.
México necesita avanzar hacia ese modelo. Fortalecer la trazabilidad de combustibles, exigir transparencia en auditorías, y garantizar que los órganos de gobierno corporativo tengan autonomía y acceso a información crítica.
El SAT y la ASF deben coordinarse mejor para detectar patrones de evasión, y PEMEX y CFE deben rendir cuentas no solo como empresas, sino como instituciones públicas. Además, se requiere voluntad política para cerrar los vacíos normativos que permiten el huachicol fiscal, y para sancionar con firmeza a quienes lo facilitan.
En resumen, el gobierno corporativo no puede ser decorativo. Debe ser un escudo real contra la corrupción, la simulación y, en este caso, el huachicol fiscal. Porque cuando el control falla, no solo se pierde combustible: se pierde país.
Este artículo lo dedico a mi amigo y colega, Gabriel M.L. quien me inspiró a escribir sobre gobierno corporativo, ¡yo le añadí el huachicol!; y también a mi amigo y Maestro JOJIH quien me motiva a darle con todo a… él ya sabe a quién.
Juan Manuel Rosales Moreno
jmanuelrm@msn.com