“El Gran Hermano te
está observando”.
George Orwell, 1984
En un México en que la presidenta Sheinbaum nos dice que no hay censura, un tribunal electoral amenaza con llevar la censura a un extremo al que hasta ahora nadie se había atrevido: a las comunicaciones privadas.
La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral dictó el 6 de febrero un fallo que ordenó medidas cautelares contra una servidora pública de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, María Emma Zermeño López, por supuesta “violencia política de género” contra otra mujer, Almendra Negrete, diputada local morenista con licencia y ahora secretaria nacional de diversidad sexual de Morena, que la sentencia identifica solo como “Dato Personal Protegido”.
No es la primera vez que un tribunal electoral ordena sanciones contra una mujer por supuesta violencia política de género. Muy notado fue el caso de Karla Estrella, ama de casa de Hermosillo, sancionada por la Sala Superior del Tribunal Electoral por sugerir que Diana Karina Barreras Samaniego, “Dato Protegido”, fue favorecida como candidata a diputada federal por influencia de su esposo, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, dos veces presidente de la Cámara de Diputados. El Tribunal condenó a Estrella a pagar una multa, asistir a cursos de reeducación y disculparse públicamente 30 días consecutivos con Dato Protegido.
El caso contra Emma Zermeño es todavía peor, porque se le acusa de haber cometido el supuesto delito en una comunicación privada enviada por WhatsApp. El Tribunal Electoral de Sinaloa descartó la imputación precisamente por eso, pero la Sala Regional ha revocado el fallo y ha pedido al tribunal local que revise el expediente y castigue a la acusada.
El fallo viola el artículo 16 de la Constitución que establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente a cualquiera que atente contra la libertad y la privacía de las mismas”. Aun en una investigación sobre un delito, “en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”.
La legislación sobre violencia política de género se ha convertido en una simple excusa para la censura. Lo demuestra el caso de Héctor de Mauleón y El Universal, denunciados por un artículo en que el periodista identificaba, con base en un oficio del exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, una red de tráfico de combustible en las aduanas de Tamaulipas encabezada por Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Contreras, exconsejera jurídica de Tamaulipas y “carta fuerte” del gobierno de Américo Villarreal para la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Contreras ya fue, efectivamente, designada para ese cargo. Los señalamientos del artículo no han sido refutados, pero las acusaciones contra el reportero y el periódico se mantienen.
Un caso más reciente es el de Miguel Ángel Meza, presidente de @DefensorxsAC, condenado por el Tribunal Electoral por violencia política de género por divulgar que Silvia Rocío Delgado, entonces candidata a juez, había sido abogada del Chapo Guzmán, cosa que ella misma reveló en un documental.
Hay muchos más casos de censura con usan el pretexto de la violencia política de género, pero nunca habíamos visto uno en que la censura se aplicara a una comunicación privada. El régimen está construyendo una Policía del Pensamiento como la que George Orwell describió en 1984: “Si quieres guardar un secreto, tienes también que ocultártelo a ti mismo. De ahora en adelante, no solo debes pensar correctamente, sino sentir correctamente y soñar correctamente”.
Hospitales
¡Qué bonitos y limpios se ven los hospitales públicos cuando los inaugura o los visita la presidenta! Eso pensé ayer cuando Claudia Sheinbaum inauguró durante su mañanera el nuevo Hospital Oncológico de la Mujer en Gustavo A. Madero. Ya en operación, en cambio, están sucios, saturados y a menudo sin medicamentos o insumos.
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