Votar es importante,
pero el voto informado y consciente lo es aún más.
El ejercicio de consulta de revocación del mandato está por concluir. La autoridad administrativa -El INE- ha entregado los resultados y expedientes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emita la declaratoria de validez. Como es de su conocimiento, el porcentaje de ciudadanas(os) que acudieron a participar con base en el listado nominal fue de 17.7%. ¿Es mucho o poco?. La respuesta siempre tiene que ver con el interés o la posición de quien responde a la pregunta. Es evidente que el porcentaje se queda corto con respecto al parámetro requerido por la ley (40%) para que sus resultados sean vinculantes, pero es superior a los resultados de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021 cuyo porcentaje de participación fue de 7.1% (recuerde Usted la pregunta de esa ocasión: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”).
Como es de esperarse, además de que todos los actores políticos se adjudican esto como una victoria política -y señalan el fracaso de sus contrapartes-, abundan las interpretaciones de los hechos en clave electoral, es decir: en función de parámetros y conjeturas sobre los procesos electorales locales ordinarios que se celebrarán el 5 de junio de 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en 2023 en Coahuila y el Estado de México, y lo que se espera para la siguiente elección concurrente del 2024 en donde se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo del ámbito federal, así como una buena cantidad de gubernaturas y legislaturas en los estados de la república. No podemos decirnos sorprendidos por ello. La centralidad de los asuntos electorales en el debate público ha sido una constante desde hace un buen tiempo.
Hoy quiero compartirle un punto de vista que presenta la necesidad de entender estos resultados -o al proceso general- como un problema democrático. Ahora que está de moda comparar a México con Venezuela o con Bolivia, bien nos haría preguntarnos sobre el valor y significado que tiene este mecanismo de consulta frente a la ciudadanía a la que se convoca -por aquello que tienden a interpolarse conclusiones sin considerar los contextos locales-. El porcentaje de participación en una consulta como ésta -o incluso en la participación electoral- puede tener un peso democrático solo en la medida en que la ciudadanía que acude a participar entiende y es consciente de lo que está decidiendo.
Por eso las narrativas que buscaron confundir a la ciudadanía resultan tan dañinas para este tipo de ejercicios. No era una jornada de reelección ni la posibilidad de abrir una modificación del periodo constitucional del Presidente de la República, tampoco se trató de una jornada de ratificación. No contamos con elementos para ponderar el porcentaje de participación porque desconocemos si las personas acudieron o dejaron de acudir a la jornada con la información o motivación correcta. Permítame ser más claro todavía. Mientras existan personas que son movilizadas a participar -o a dejar de hacerlo- con argumentos falaces o deliberadamente incorrectos, entonces el significado de las cifras de participación o abstención no puede ser unívoco, definitivo y contundente.
Es un problema democrático porque se ha estado debatiendo en términos políticos y electorales, el tema de una Consulta que en principio y por definición, debería pertenecer a la ciudadanía. No desconozco ni pretendo invisibilizar el contexto político que dio origen a esta consulta. La apuesta es por la incorporación de estos ejercicios dentro del catálogo de herramientas que tiene la ciudadanía para participar en normalidad democrática. Yo realmente celebro que en México se cuente con una figura que permita que la ciudadanía pueda valorar el desempeño y en su caso revocar un mandato otorgado por medio del voto popular. Es notorio que tendrán que pasar muchos años para que el mecanismo madure y sea la ciudadanía quien se apropie de éste. Mientras eso ocurre, las fuerzas políticas hoy toman esto como argumento para debatir una reforma política que aparentemente tendrá como centro de discusión al andamiaje institucional del arbitraje electoral.
Comienzo a pensar que la ciudadanía debería construir su propia agenda de discusión de una reforma política. Estamos hablando de democracia, ¿no?.
Twitter. @marcoivanvargas