Jorge G. Castañeda relata en uno de sus libros, titulado “La herencia”, la versión de Carlos Salinas de Gortari acerca de la respuesta que ofreció a Manuel Camacho Solís cuando éste le preguntó sobre el por qué no se le había avisado que el candidato priísta para la elección presidencial de 1994 sería Luis Donaldo Colosio, considerando que en la recta final de la definición sólo quedaban ellos dos, a lo que Salinas espetaría, lacónico, “es que el PRI no avisa”. Si nos atenemos a lo que dice Paul Ricoeur sobre los mitos, en términos de considerarlos como un “relato racional con base a símbolos”, bien podría plantearse que la frase salinista de marras resumía bien un estilo muy propio de la política del viejo régimen (convertida en mito de dominación, toda vez que se trataba de una suerte de ley no escrita para que el sucesor apechugara con los desbarajustes que le dejara su antecesor), y que, a fines del mismo año de ‘94, Salinas le aplicaría a Ernesto Zedillo al no advertirle la debacle financiera que heredaría, producto de una “política (económica) ficción” sostenida (con alfileres) para conservar, a un alto costo, la presidencia de la República.
Lo anterior viene a cuento, luego de que el nuevo gobernador potosino, José Ricardo Gallardo Cardona, señalara en una entrevista a un medio de prensa nacional que su administración “heredará pasivos por 16 mil millones de pesos y otros 4,700 en deuda pública bancaria, lo que coloca al estado entre los primeros cinco más endeudados del país” (en “El Universal”, 26 de septiembre de 2021), detallando, además, que el gobierno federal le notificó de un crédito fiscal adquirido por la administración saliente “por 430 millones de pesos que deberá ser saldado antes del 31 de diciembre, y el cual se formó con retenciones hechas a trabajadores que no se entregaron en su momento” (Ibid), puntualizando que ese crédito “se hizo firme hace varios días y lo querían esconder para que tronara en diciembre o antes de diciembre”. Como puede verse, la máxima de la que hablamos se hizo presente y la administración carrerista saliente no avisó a la entrante todo lo que se heredaría, cuestión de la que daría cuenta en su discurso de toma de posesión el nuevo gobernador en términos de recibir una “herencia maldita”.
Ya hemos señalado en este espacio lo que implica el endeudamiento público, en términos de un pesado lastre que impide aplicar, de manera oportuna y eficaz, los recursos indispensables para combatir, sobre todo, la pobreza de muchos. La semana pasada dimos cuenta de cómo seguimos padeciendo las secuelas del Fobaproa-Ipab, mecanismo heredado de la administración zedillista, que sigue implicando una transferencia enorme de valor que, por supuesto, se extrae a costa del trabajo y no del capital que se valoriza en sucesivas determinaciones productivas, comerciales, industriales y financieras del proceso económico. Con todo y eso, una orientación progresista del actual gobierno federal ha permitido saldar, en buena medida, una deuda histórica con los que menos tienen, afirmando sus medios y modos de vida digna como antes no se tuvo con administraciones neoliberales.
Pero lo que llama la atención en el caso de la entidad potosina es la respuesta a esas prácticas del viejo régimen político, en los que se acostumbraba heredar, como si nada, las cargas para que las resolviera una nueva administración y, por eso, la ira desatada de varias expresiones sociales, y hasta burocráticas, para reclamar que no se fueran sin pagarles lo debido, situación que no se había visto hace tiempo en un cierre de administración gubernamental.