Ya es evidente el estancamiento peligroso de la economía y que el país empieza a atravesar un periodo muy crítico, porque además del creciente derramamiento de sangre y una violencia que este gobierno no ha tenido la capacidad de contener y reducir, ahora se oscurece más el panorama de los años por venir, por la disminución acelerada de las inversiones, resultado de la desconfianza producida por las ocurrencias, por las medidas y desaciertos (creceremos el 4% en 2019, yo tengo otros datos, etc.) del presidente López, que ya admitió que no habrá crecimiento, pero que “no es importante”.
De continuar estas circunstancias, si no hace un acto de humildad para reconocer errores y empe zar a rectificar, estamos en ruta irremediable a una debacle que agravará la pobreza de muchos mexicanos y reducirá las posibilidades de progreso general. Veremos pronto de qué trata el libro que está por publicar AMLO bajo el título “Hacia la Economía Moral”, pero es preocupante que, bajo su aureola de la moralidad de sus actos, esconde una intención INMORAL de acaparar más y más poder anulando o debilitando la estructura de órganos independientes del gobierno, que han demostrado gran aptitud para servir a México, como por ejemplo, la CNDH.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es una de las instituciones más importantes de nuestro país, porque de ella depende la protección y defensa de los derechos humanos y es vital que goce de plena independencia para llevar a cabo sus resoluciones en contra de los abusos de poder y más en estos tiempos de la 4T en que ha sido objeto del ataque sistemático del gobierno federal contra los organismos públicos autónomos, en especial aquellos que le resultan incómodos al titular del Ejecutivo Federal.
Fue fundada en febrero de 1989, pero hasta junio de 1990, surgió como órgano desconcentrado de la Sría. de Gobernación, bajo su denominación actual, y hasta enero de 1992 se adicionó en la Constitución el apartado B del artículo 102, para elevarla de rango, año en el que todavía se veía limitada en su autonomía.
En septiembre de 1999, fue cuando gracias a otra reforma constitucional, la CNDH obtuvo su autonomía de gestión y presupuestaria. De entonces para acá, durante 20 años, ha operado con plena independencia del Ejecutivo Federal, y ha sido un factor importantísimo en el desarrollo de nuestra vida pública, al ir cobrando persistentemente fuerza y prestigio ante los mexicanos y aún ante la observación de extranjeros que reconocen un contrapeso y un freno a los abusos y excesos de quienes ejercen el poder en el país.
Por todo ello, inquieta y preocupa la imposición de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, en una elección efectuada en el senado de la República hace días, muy cuestionable porque: 1.- Se alteró burda y cínicamente la cantidad de votos emitidos en la urna para lograr el porcentaje necesario establecido en la ley, 2.- La Sra. Piedra no cumple el requisito importantísimo de no haber militado como dirigente en ningún partido político al menos durante el año anterior a su designación, 3.-, Porque la credibilidad del Senado de la República, como uno de los tres poderes del Gobierno Federal, queda por los suelos, (Si no lo estaba ya desde antes), al igual que la mayoría morenista que la impuso para cumplir el capricho presidencial, violando flagrantemente la Ley y la razón. 4.- Queda por verse la idoneidad personal de la Sra. Piedra Ibarra para actuar con libertad, con absoluta independencia y autonomía respecto al presidente, como será su obligación irrenunciable de aquí en adelante.
A esta designación ilegal e ilícita, se añade otra mala noticia para quienes queremos para este país una protección de los Derechos Humanos, real y efectiva, como es la renuncia de 5 de los 10 consejeros que integran el Consejo Consultivo, en cargo honorífico y sin goce de sueldo, que en su carta de renuncia manifiestan que “si permanecemos en la CNDH, estaremos en riesgo de faltar al mandato constitucional de CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN, que hicimos ante el pleno del senado de la República, cuando tomamos posesión del cargo de Consejeras del Consejo Consultivo”. Firman: María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz.
Arriba de su firma, añadieron: “la elección de Rosario Piedra Ibarra le resta legitimidad a una Institución ideada para defender a la sociedad de los abusos de poder del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea, son la pluralidad e independencia, la Libertad de Criterio, la Autonomía de Gestión y el apego irrestricto a la Norma Constitucional”. Señalaron también que “una Ombudsperson carente de legitimidad, no será capaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los Derechos Humanos; tampoco podrá generar la confianza ni la certeza jurídica consustanciales a su misión.
También se sumó a la renuncia el quinto consejero, el maestro Alberto Manuel Athié Gallo, en otra comunicación dirigida a la presidencia del senado.
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