El 1 de julio de 2026 marca la primera revisión conjunta obligatoria del T-MEC en su sexto aniversario, por parte de los socios México, Estados Unidos y Canadá. Los tres gobiernos deben decidir si extienden el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años (hasta 2042), o si activan revisiones anuales, lo que genera una gran incertidumbre y abre la puerta a posibles renegociaciones importantes en materia laboral, de comercio digital y de normas automotrices.
Nos hemos enfocado fundamentalmente en los aranceles (que ni deberían existir en un tratado de libre comercio) y no hemos puesto suficiente atención a las barreras no arancelarias, que han cobrado mayor peso.
En particular, pienso en la reforma del sistema judicial mexicano, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobada por el Congreso de la Unión el 13 de septiembre de 2024, y publicada en el Diario Oficial de la Federación dos días después.
Las primeras elecciones judiciales se realizaron el 1 de junio de 2025. El oficialismo festinó su aprobación como un hecho que reafirmaba la soberanía nacional.
Sin embargo, afuera de México, la reforma judicial celebrada por el gobierno mexicano es vista como un riesgo potencial para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, porque significa la ausencia de la independencia judicial.
Estados Unidos y Canadá han expresado que la elección popular de jueces podría comprometer la imparcialidad necesaria para resolver disputas comerciales de manera técnica y no política; y asimismo, que la reforma podría contravenir capítulos específicos del T-MEC, como el capítulo 23 (laboral), que exige tribunales laborales independientes, y disposiciones sobre política de competencia y telecomunicaciones.
Distintas instancias del sector privado estadounidense, como la Cámara Americana de Comercio (AmCham) han señalado que los primeros meses de puesta en práctica de la reforma judicial mexicana han retrasado significativamente la profesionalización de la justicia especializada.
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, ha señalado una preocupación compartida por muchos: que nuestros socios traten de resolver las controversias directamente en mecanismos del T-MEC, sin pasar primero por tribunales mexicanos.
Ante la percepción de un sistema judicial local debilitado, se espera que los inversionistas dependan más del arbitraje internacional como ‘cláusula de escape’. Esta ruta limitaría la capacidad del Estado mexicano para usar a sus propios juzgadores en la resolución de conflictos vinculados con su orden jurídico.
Adicionalmente, la AmCham ha expresado preocupaciones sobre acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, calificándolas de prácticas fiscales agresivas, opacas y contrarias al T-MEC.
Estas acciones del SAT, y la segunda etapa de las elecciones judiciales previstas para 2027, tendrán que ser revisadas por las más altas autoridades mexicanas a la luz de los impactos negativos que hasta hoy han generado.
Los que se perfilaba como actos soberanos, acabaron convertidos en generadores de incertidumbre, en una renegociación que es de alto riesgo político.
@Carlos_Tampico
(Profesor asociado en el CIDE)