Mucho de lo sucedido en estos sus primeros cien días confirma en los hechos que tenemos un gobierno estatal de baja calidad -“de medio pelo”, diríase coloquialmente-. No hay ningún misterio sobre las causas: salvo unas cuantas excepciones, la administración gallardista está repleta de incompetentes, incapaces e improvisados (también de malhechores, pero esa es otra historia). La osadía de rodearse de semejante fauna para tarea tan elevada y delicada comienza a pasar factura al mandatario potosino. Por ahora solo en términos de imagen, pero sucede que eso es lo que más le preocupa y ocupa.
No es ni con mucho el tema más trascendente pero quizá sí el más ilustrativo: El descomunal árbol navideño instalado en Fundadores no encendió cuando debió, le salió una fea joroba, amenazó con desplomarse y hubo que desmontarlo antes de lo previsto porque no resistiría vientos de mediana intensidad. Es decir, funcionó tarde y mal y debieron retirarlo antes de lo programado.
Ignoro de quién exactamente es la responsabilidad, pero sin duda alguien debió supervisar a la empresa proveedora y asegurarse de que se hiciera por lo menos una prueba de la iluminación previo al evento oficial de encendido. Ese mismo u otro alguien debió verificar que el grosor y calidad de la estructura metálica fueran los adecuados para que no le aparecieran jorobas y hubiera que sostenerla con un mecate atado a un poste, como sucedió. Si nadie lo hizo o si nadie ordenó que se hiciera, eso es incompetencia pura y dura.
Decía el novelista Jorge Ibargüengoitia que hay quienes confunden lo grandote con lo grandioso. El descomunal y jorobado chupirul de 70 metros instalado en Fundadores es un inmejorable ejemplo de ello. Solo para tener algún punto de referencia: el que quizá sea el árbol navideño más famoso del mundo, el del Rockefeller Center en Nueva York, este año midió 23 metros de altura y nunca ha pasado de 25. Otro célebre es el que instala el Vaticano en la Plaza de San Pedro. El que todavía está ahí mide 28 metros. Ambos son abetos naturales y su espectacularidad radica en su iluminación, no en su tamaño.
Otras evidencias de la chambonería de la administración estatal:
En diversos medios de comunicación y lugares de la ciudad y del estado se han insertado e instalado anuncios alusivos a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Están ilustrados con la imagen de una bella joven, supongo que indígena, que luce un multicolor huipil ¡oaxaqueño! Y tan hermosos y admirados que son nuestros quesquemes huastecos.
El vocero oficial en materia de seguridad sale a decir que para evitar que proliferen las imágenes de crímenes atribuidos a la delincuencia organizada se sancionará a los particulares que las difundan, para lo cual el gobierno estatal dispone de recursos tecnológicos para monitorear nuestras redes sociales. Es decir, oficialmente se anunció que la administración gallardista puede espiarnos tanto como le dé la gana y que en esas anda. No me sorprende que lo hagan, me sorprende que lo anuncien.
Como por lo visto no hay quien apoye al gobernador para evitar disparates en sus mensajes de redes sociales, todavía circula profusamente uno de hace tres o cuatro semanas en el que Gallardo Cardona manifiesta que las placas y licencias gratuitas se entregaran “todo el año, no nada más hasta el 31 de diciembre”. A mi me van a perdonar pero eso también es incompetencia.
Apenas tres semanas después de haber asumido funciones, el nuevo gobierno nos deleitó con el que creíamos insuperable bodrio jurídico aparecido en el Periódico Oficial del Estado (POE) dando cuenta de un decreto administrativo que reorganizaba la Ayudantía del titular del Ejecutivo, para entre otras cosas garantizar su “seguridad física y moral”, tanto en territorio potosino como en cualquier otro lugar del planeta, no solo a Gallardo Cardona y su familia directa sino también a sus parientes de cualquier grado y a sus invitados sean oficiales o no. Días más tarde se publicó otro decreto supuestamente para centralizar y consolidar todas las compras y contrataciones del gobierno, pésimamente redactado, de hecho imposible de entender al que además nadie parece estarle haciendo caso. Para no agotar la veta, hace cosa de una semana apareció otro documento oficial en el mismo POE donde se escribe “desarroyo”, “momovilidad”, se ignoran los acentos y otras linduras por el estilo. Los documentos pueden tener diversos orígenes, pero la instancia revisora que es el Periódico Oficial depende del Secretario General de Gobierno. Más incompetencia.
La Contralora General del Estado viene de ser diputada del Partido Verde por Guanajuato. Antes fue juez de lo civil en el vecino estado. De leyes sí sabe, pero de fiscalización no tiene ni la más remota idea. Muchas personas que han ido a buscarla no la encuentran y las que sí han podido verla salen convencidas de que no sabe nada de lo que son sus responsabilidades. En las mismas anda el secretario de Desarrollo Agropecuario, el exalcalde de Ciudad Fernández al que le fue bastante bien mientras se dedicó a la panadería. En la Secretaría de Cultura el apresuramiento y la improvisación tampoco están dando los previsibles resultados. Y en la SEGAM a duras penas se sabe quién es su fantasmal titular. Todos estos altos funcionarios exhiben su incapacidad, impreparación o incompetencia, pero al final del día quien queda en evidencia es quien los puso y sostiene ahí.
Hay una cuestión respecto de la cual no tengo claro si es por incompetencia o sinverguenzada: el regular nivel de transparencia gubernamental de que veníamos disponiendo, se ha desplomado al fondo del pozo y hoy tenemos un gobierno opaco y en consecuencia sospechoso. Para no ir más lejos, desde el 26 de septiembre pasado la Secretaría de Finanzas dejó de difundir el listado diario de cheques, a lo que está legalmente obligada, de tal suerte que con Gallardo en el poder ya no hay manera de saber a quién, por qué y cuánto se le paga de las arcas públicas. Y como ahora lo que hace la mano hace la cola, en el Congreso ya están iguales con las actas de las sesiones de la Junta de Coordinación Política.
Otro día le seguimos.
ES LA TRISTE REALIDAD
Una de las realidades más difíciles de aceptar y procesar para nuestras autoridades estatales es que en todo asunto público controvertido nunca son la ultima instancia. Es decir, en cualquier disputa o litigio en el que participen, la última palabra siempre es dicha en otra parte. A veces incluso en organismos internacionales. Y he escrito “autoridades estatales” porque esto aplica por igual para los tres poderes.
En el caso del Judicial, es común que la decisión de un juez que no satisface a las partes vaya a la segunda instancia en las salas del Supremo Tribunal de Justicia, y si ahí tampoco se arreglan las cosas quedan por lo menos otras dos instancias en el Poder Judicial Federal. Por cuanto hace al Ejecutivo, prácticamente todas sus determinaciones pueden ser impugnadas, controvertidas o combatidas y dependiendo de su naturaleza o materia será en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral Federal, en las cámaras del Congreso de la Unión o en alguna otra institución de ese nivel donde se emita la resolución final.
Lo mismo sucede con nuestro Poder Legislativo depositado en el Congreso del Estado. Sus decretos y resoluciones de cualquier tipo son también impugnables, controvertibles y litigables. Esto vale incluso para los fallos emitidos en los juicios políticos, incluido el caso del exalcalde Xavier Nava Palacios, por mucho que nuestros ínclitos diputados y algunos de sus asesores opinen lo contrario.
Antes de continuar con las consideraciones jurídicas diré que quizá el más conciso y certero análisis de este asunto es el que hizo la columna institucional de Pulso: “Esto huele más a venganza que a justicia”.
En el Congreso están muy confiados a partir de una línea que aparece en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado, que es precisamente el que regula el Juicio Político. Dice ahí: “Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son recurribles”.
Nuestras consultas con media docena de abogados expertos conducen a varias conclusiones. Por ejemplo, que si se acepta que las declaraciones y resoluciones del Congreso no son recurribles, nada impide impugnar (ante la justicia federal) los pasos y etapas del procedimiento que condujeron a ellas. Dicho de otra forma: si para llegar a esas declaraciones y resoluciones los legisladores no se ajustaron al debido proceso (ampliamente reglado en la legislación federal y materia destacada en convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte), el fallo emitido es nulo de origen.
Según la defensa de XNP, los diputados incurrieron en varias faltas al debido proceso, entre las que sobresale una: no valoraron ni tomaron en cuenta una prueba de descargo (de carácter pericial) ofrecida por Nava. Aún para desecharla o considerarla improcedente, los legisladores debieron darle el trámite correcto. Al no hacerlo, caminaron por una pendiente muy resbaladiza: negar el debido proceso es negar el acceso a la justicia, lo que a su vez constituye una violación flagrante a los derechos humanos.
Al final del día, lo cierto es que pasarán meses, si no es que años, ante de que en otras instancias y latitudes -el Poder Judicial Federal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington- resuelvan en definitiva si la sanción impuesta a Xavier Nava procede o no. Lo mismo con las aplicadas a otros integrantes del anterior Cabildo. Van en el mismo paquete.
Mañana viernes vence el plazo para que XNP y compañeros de viaje presenten el primer recurso a su disposición, y tengo entendido que se promoverá un juicio de amparo ante alguno de los juzgados de distrito con sede en esta capital. Si ahí “les dan palo”, acudirán de inmediato a la siguiente instancia en un tribunal de circuito.
Por lo demás, me llama mucho la atención que según me fue quedando claro en estos días, Nava Palacios cuenta con muy pocos amigos y menos aliados. Tengo mi propia teoría al respecto: Eso es producto de su enorme soberbia.
Mutatis mutandis, lo mismo ocurrirá con el caso de la Sierra de San Miguelito y, más particularmente, con los terrenos de la comunidad de San Juan de Guadalupe que están en la mira de los desarrolladores inmobiliarios: van a pasar años antes de que sepamos a ciencia cierta si el decreto que los declara Área Natural Protegida queda firme e inamovible o si va para atrás, por lo menos para que le hagan modificaciones.
Escribo sin saber qué resultó de la visita a esta ciudad de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, pero habida cuenta de que los presuntos afectados con la declaratoria de ANP ya acudieron a la justicia federal en busca de protección y amparo, salvo que se desistieran habrá que esperar al desarrollo del juicio respectivo, que igualmente consumirá meses o años. Paciencia pues.
Hasta el próximo jueves.