La esperanza muere al último y la batalla dura hasta el final. Así se espera que sea, lo mismo en un partido de fútbol, que en una pelea de box o en las luchas político-electorales, llegar hasta la última instancia cuando hay actuaciones cuestionables y dignidades que reivindicar.
Xóchitl Gálvez, por ejemplo, perdió el respecto de gran parte de su electorado por que los abandonó en la lucha, no obstante la enorme diferencia de votos; según sus seguidores, había cuestiones que pelear, como lo fue la injerencia del titular del Ejecutivo en la publicidad de la-su candidata ganadora; el uso de la mañanera como punta de lanza de la campaña de Morena y, sobre todo, la inequidad en la contienda por los gastos de programas sociales dirigidos a posicionar a Claudia Sheinbaum Pardo. Todo legitimado por la candidata de la oposición tripartita el mismo día de la elección.
Algo similar a lo que se vivió en San Luis Potosí en 2021 durante los días posteriores al proceso electoral por la gubernatura, cuando la militancia panista y sus votantes se preguntaban en dónde se encontraba el ausente candidato de la oposición.
En las pasadas elecciones de junio, hubo en algunos municipios resultados muy cercanos, de esos que hacen pensar en el empate; después los recuentos de votos se cerraron, para luego enterarnos por múltiples quejas de que el Consejo estatal electoral y de participación ciudadana (Ceepac) está influenciado por la Secretaria General de Gobierno, como que a ella responde así como al despacho jurídico de su titular). Triunfos cuestionados con votos nulos se dieron en Alaquines y Axtla de Terrazas, donde la diferencia entre primero y segundo lugar fueron respectivamente de tres votos y un voto.
Con este escenario de fondo se observa también que las impugnaciones locales se han manejado de forma desaseada; el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, también responde al gobierno del estado; altera turnos para que determinada impugnación corresponda en viciada secuencia a tal o cual magistrada, como por ejemplo la de mayor confianza de eso que llaman gallardía, Denisse Porras, quien en el pasado resultó la ponente para la resolución de la impugnación de gubernatura en 2021.
Se sabe, es público y notorio que la secretaria General de Gobierno presiona, orienta y gestiona que las resoluciones salgan bien, al gusto de quien lo requiere y bien lo sabe maniobrar; es más fácil mantener un asunto en la Sala Monterrey que darle la vuelta. A todo eso tienen que enfrentarse quienes no son conformes con los resultados electorales.
Dentro de estos procesos se observe también y después se aprende que la traición nunca viene de un desconocido; es el caso en la impugnación del municipio de Alaquines, donde la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD y sus votantes, afirman que los tres votos con los que ganó la candidata del oficialismo verde, provienen de una tramposa publicidad el día de la votación, sí como la tramposa calificación de la gente del Ceepac, entre otras cuestiones.
Luego, la impugnación fue desestimada por la ya mencionada magistrada Denisse Porras, y ahora que está en Sala Regional Monterrey, la candidata que impugnó se llevó la sorpresa que el representante del partido político por el que fue postulada, Alberto Rojo Zavaleta, pretendió desistirse del juicio sin tomarla en cuenta, sin que mediara un aviso. ¿Por qué buscan terminar con el asunto sin que se conozca el fondo?
Madruguete concertado y rastrero al gusto de palacio de gobierno, que no fue consentido por la candidata ni por la represente del Partido Acción Nacional. Algo de una muy devaluada dignidad se conserva.
Por el contrario, la poca dignidad que queda al priismo potosino bajo la presidencia de Sara Rocha se escurre en acuerdos en lo oscurito, en contra de su militancia y sus candidatos, y así quieren recuperar el terreno perdido. La sumisión a Ricardo Gallardo.