Los informes anuales de gobierno en México representan uno de los fenómenos políticos más reveladores de la distancia entre el diseño institucional democrático y su implementación en la práctica. Lo que debería constituir un ejercicio técnico de rendición de cuentas a la sociedad se ha transformado en un ritual político de legitimación que privilegia la forma sobre el fondo, convirtiendo una obligación constitucional en un acto de culto a la personalidad política. Por lo que se puede afirmar que los informes gubernamentales mexicanos no cumplen su función constitucional de rendición de cuentas, sino que funcionan como ejercicios propagandísticos que debilitan la gobernanza democrática. ¿A qué se debe esta situación?
La declaración recurrente de los gobernantes de que “su informe no es un acto político, es una obligación constitucional” revela una inconsistencia. Esta afirmación encuentra su desmentido en la existencia de una “vaguedad de normas y procedimientos en el ejercicio del gasto público”, en donde la estructura institucional mexicana privilegia el control del presupuesto sobre la evaluación de resultados. En la literatura especializada establece una distinción crucial entre “informar” y “rendir cuentas”. Mientras el primer concepto se refiere a la mera transmisión de datos, el segundo implica la justificación de decisiones. Esta diferenciación conceptual sostiene que un verdadero ejercicio de rendición de cuentas requiere transparencia y escrutinio ciudadano.
El ritual ceremonial de estos informes constituye quizás la evidencia más clara de su desviación funcional. La presencia de gobernadores, senadores, diputados, funcionarios de diversos niveles y empresarios, selección escrupulosa de invitados, así como el acarreo, de manera inhumana, de personas transforma el ejercicio en “un acto de culto a la personalidad”. Esta escenificación contradice la función legal que ordena “rendir en sesión solemne” un informe técnico sobre el estado de la administración pública. La selección de espacios alternos como sede, en lugar del espacio natural del cabildo o el congreso, simboliza esta desviación hacia el espectáculo público. Esta decisión no es meramente logística, sino que representa una decisión política que prioriza la visibilidad mediática sobre la rendición de cuentas.
Las fallas de la estructura institucional trascienden las decisiones individuales de los gobernantes para arraigarse en problemas estructurales más profundos. Esto se vincula a la ausencia de sistemas de profesionalización en la administración pública lo que agrava significativamente la situación: “de poco sirve evaluar a funcionarios que responden a la lealtad individual por encima de criterios profesionales”, por lo que su funcionamiento es más político que técnico. Esta realidad se manifiesta en la rotación constante de funcionarios clave y en la dependencia de criterios políticos por encima de técnicos para la evaluación del desempeño gubernamental. Así mismo, los tiempos de fiscalización no coinciden con los ciclos políticos, generando un desfase temporal que diluye la responsabilidad de rendir cuentas y dificulta la sanción efectiva.
En otra dimensión, los informes construyen sistemáticamente un discurso de legitimación a partir de cifras selectivas: obras construidas, empresas instaladas, metros cuadrados pavimentados, becas proporcionadas, apoyos sociales entregados, porcentaje de incremento de la recaudación, reducción de la incidencia delictiva y disminución del porcentaje de percepción de inseguridad. Sin embargo, estos datos pierden significado cuando se examinan en un contexto integral. Esta selectividad estadística revela la naturaleza propagandística de los ejercicios, donde la información se presenta de manera fragmentada para sustentar narrativas predeterminadas de éxito gubernamental, independientemente de la realidad social que genera los problemas públicos.
Los datos disponibles no sustentan la pretensión de que los informes de gobierno constituyen ejercicios efectivos de rendición de cuentas a la sociedad. El supuesto de que estos actos fortalecen la democracia local encuentra su contradicción en la realidad de una “rendición de cuentas frágil” que privilegia consistentemente la forma sobre el fondo. Esta observación crítica no implica que todos los informes carezcan de valor informativo, sino que su estructura actual los convierte en instrumentos políticos antes que técnicos. Donde importa más enviar el mensaje de poder que una real justificación de porque se toman las decisiones de política pública y cuáles fueron sus impactos reales.
En conclusión: La incoherencia resulta evidente: mientras los gobernantes celebran logros parciales y/o inexistentes ante audiencias cautivas, la verdadera rendición de cuentas permanece como una aspiración democrática por construir. La transformación de esta práctica requiere establecer criterios técnicos de evaluación independientes, crear mecanismos de seguimiento ciudadano permanente, vincular los resultados con impactos sociales reales y reformar el marco legal para privilegiar la sustancia sobre el ritual. Solo reconociendo esta realidad será posible transitar hacia informes que realmente fortalezcan la gobernanza local, en lugar de perpetuar rituales políticos que, paradójicamente, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales que pretenden legitimar. Próxima colaboración: 22 de octubre de 2025.
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