Los momentos caóticos que vivimos con la emergencia del COVID-19 a nivel mundial, nos hace evidentes el divorcio y separación que existe entre los ciudadanos y las autoridades. Son los ciudadanos y las corporaciones privadas las que han reaccionado con mayor agilidad y capacidad de organización. Al menos en México y San Luis Potosí.
Desde luego que hay casos ominosos también desde la población, que a pesar de la contingencia ha habido quienes han participado de conciertos populares, tanto en SLP como en CDMX, poniéndose en riesgo no solo ellos sino a sus familias, y por ende a toda la sociedad.
Este divorcio permanente de sociedad y gobierno hace difícil pensar en la articulación de esfuerzos para sortear cualquier problemática, incluso para la prestación de trámites y servicios.
Desde luego que la estrategia de difusión la “Sana distancia” y “Quédate en casa” tiende a evitar eficazmente la propagación del virus, del cual terriblemente no tiene una cura o no se tiene un paliativo adecuado; sin embargo, el costo social y económico es todavía más atroz al paralizar la economía y al hacernos sentir como civilización totalmente vulnerables.
¿Qué han hecho otros países y ciudades para abordar de manera más eficaz el problema y evitar la catástrofe económica y social? Concretamente en Asia, continente original de la emergencia, parece que ha venido sorteando la situación, y no a costa de prohibir salir de casa ni cerrar establecimientos, al menos hasta hace unos días.
Mientras que en Europa y América se tiende a paralizar las ciudades y cerrar fronteras, en Asia se tiende al uso de mascarillas y datos. Sí, con el amplio uso de las tecnologías de la información y comunicación, y los dispositivos móviles, pareciera que en ese continente el uso del Big Data y la participación de informáticos, es la estrategia de mayor potencial para prevenir la propagación del contagio.
Con una tradición cultural más disciplinada, ordenada, organizada, colectivista más que individualista, donde el Estado, si bien autoritario, ha jugado un rol con amplia presencia en la sociedad, los países asiáticos ven en la vigilancia digital una de las herramientas más eficaces para combatir la pandemia.
En síntesis, lo que en esos países están haciendo es obtener el mayor provecho de la tecnología y la informática, a través del uso de cámaras de videovigilancia, que reconocen los rostros de las personas, miden la temperatura corporal, vinculan esa información con sus registros personales, identifican su movilidad a través de sus dispositivos telefónicos, de manera que se pueden controlar de manera más eficaz a los potencialmente contagiados, y poner en cuarentena temporal los sitios frecuentados por las personas contagiadas.
Así, aunado al uso de mascarillas eficaces para el virus, ya que no todas sirven para ello, las personas se sienten más confiadas en sus quehaceres, pues pueden desarrollar sus actividades indispensables con mayor seguridad, evitando sitios susceptibles de mayor contagio.
Si bien en México y nuestro San Luis no tenemos a nuestra disposición toda esa tecnología, la realidad es que gran parte de la población usa aparatos telefónicos móviles. Y con ello una gran probabilidad de que diversas aplicaciones tengan el registro de la movilidad de la persona, por lo que si al menos los pacientes identificados con el Covid-19 aceptaran facilitar esos datos, pudiera disponerse de un mapa de riesgo para la población, y que los ciudadanos puedan hacer lo indispensable en sus actividades económicas y profesionales.
Así, a la suma de datos y tecnología tanto privada como gubernamental, gestionada de manera precisa para resolver un problema, podemos denominarla inteligencia pública. El costo de no tener una inteligencia pública para esta emergencia, será mucho mayor al costo específico de la afectación sanitaria por el Covid-19.
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