En cosa de no muchos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en última instancia la Controversia Constitucional promovida por los exconcejales municipales de Villa de Pozos. Dependiendo del sentido de su resolución, las cosas quedarán como están ahora, o podría desatarse una tormenta jurídico-política de consecuencias varias, serias e inoportunas.
La historia atrás de esto debe ser revisitada. En noviembre del año pasado, la señora María Teresa Rivera Acevedo renunció sin mayores explicaciones a su cargo de Concejal presidenta de Villa de Pozos. Lo desempeñaba desde 14 meses antes, cuando se creó el nuevo municipio. Para sustituirla, el Congreso del Estado decidió por sí y ante sí que fuera la diputada verde Patricia Aradillas, cercanamente vinculada al gallardismo desde hace años.
Aquí surge el primer punto de conflicto. Los entonces concejales y síndicos sostienen hasta la fecha que el nombramiento correspondía hacerlo al Concejo Municipal que ellos integraban, en términos de legalidad. El Congreso dijo que no, con un sustento legal algo difuso, y procedió a hacer
la designación.
Pero eso de quién tenía o tiene las atribuciones legales para expedir el nombramiento es, en este caso concreto, lo de menos. El obstáculo mayor y por lo mismo la vulneración legal más escandalosa es que la licenciada Aradillas estaba impedida para asumir el cargo. La ecuación es simple: el artículo 118, fracción XI de la Constitución Política del Estado establece sin sombra de duda que no podrán formar parte de un ayuntamiento (cuyo equivalente válido en este caso es el Concejo por tratarse de un municipio nuevo), entre otros, los diputados locales, salvo que se separen de su cargo noventa días antes de la elección
(o designación).
Sigamos con la historia: Prácticamente todo el Concejo (doce concejales regidores y dos concejales síndicos) se inconformó con la imposición de Aradillas e hizo saber que la impugnarían ante las instancias legales correspondientes. Esto enfureció a los capitostes del gallardismo, con Ricardo Gallardo y Héctor Serrano a la cabeza, y optaron por destituir a todo el órgano colegiado, excepto a su presidenta.
La “razón” principal fue una poco consistente “pérdida de confianza”, porque el 28 de noviembre se divulgó un trabajo periodístico que reveló un audio según el cual los concejales regidores y síndicos discutían cómo obtener ingresos adicionales, ilícitos, poniendo precio a sus votos a favor de los asuntos de interés para
la presidencia.
La intervención del Congreso se genera porque la contraloría interna del Concejo poceño, abrió “de oficio” una investigación en torno al tema de la grabación subrepticia, de cuyos resultados, endebles, dio cuenta al Congreso, donde de inmediato iniciaron un procedimiento de destitución masivo, que se concretó el 15 de diciembre. Sin juicio de responsabilidades de por medio, en un claro exceso de atribuciones, la Legislatura removió a los ediles “culpables” de no se sabe bien qué, y procedió a nombrar a los catorce nuevos titulares con sus respectivos suplentes.
Asumiendo que la razón jurídica asistiera a los señores diputados para hacer lo que hicieron, olvidaron unos cuantos “detalles” fundamentales. Nunca notificaron oficialmente a los sancionados del inicio del procedimiento en su contra (que no llegó a enjuiciamiento y se concretó a un acuerdo de los siete diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside Serrano, sobre el informe del órgano interno de control de Villa de Pozos), lo que significó negarles la oportunidad de defenderse, de presentar sus propios alegatos
y documentación.
Nada de eso. La determinación sancionatoria del Congreso fue algo así como un juicio sumario, del que sus implicados estuvieron ausentes. Dicho en términos más sencillos, se les negó el derecho de audiencia que, por lo menos todavía, consagra la Constitución General de la República y diversos tratados internacionales.
Inconformes con las circunstancias que los envolvieron, los destituidos decidieron promover una Controversia Constitucional ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 15 de enero pasado, debiendo suscribirla los dos síndicos o por lo menos uno de ellos. Ambos se negaron, uno porque dijo que eso podría traerle adversidades políticas que no quería enfrentar y la otra porque estaba en espera de un nuevo empleo gubernamental.
Los restantes 12 concejales decidieron ser ellos los que presentaran la Controversia, designando a dos como sus representantes comunes. Incluso, en el documento inicial de demanda dejan claro que no acuden a título individual sino como representantes del colectivo, y explican por qué no suscriben los papeles los síndicos. Una semana más tarde, el 23 de enero, la concejal sindico Liliana Méndez Fajardo reconsideró su negativa inicial, y compareció por escrito ante la SCJN a hacer suya la demanda ya presentada por los concejales regidores Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alán Carreón Sandoval.
La Controversia, a la que correspondió el número 7/26, fue turnada a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama a finales de febrero.
SIGUE LA HISTORIA
En un plazo corto, los primeros días de marzo, la autodenominada Ministra del Pueblo, desechó por improcedente la demanda. Entre los argumentos de su decisión, aparecen algunos de los más absurdos que su servidor haya leído alguna vez.
Para no ir más lejos, transcribo un par de párrafos de la resolución de la ministra Batres: “De ahí que, en términos de la Ley Reglamentaria de la materia y de la normativa local, la representación legal de los municipios en el estado de San Luis Potosí, recae originalmente en el síndico o síndica, sin que la ley reconozca dicha facultad a los concejales, regidores o integrantes del Concejo Municipal, ni de manera individual ni colegiada”.
Sigue y es de no creerse: “Por tanto, el único que se encuentra legitimado para promover en representación de dicha autoridad es la persona que actualmente ostente el cargo de Síndico del municipio de Villa de Pozos, estado de San Luis Potosí, por lo que la calidad de concejal propietario no confiere, por sí misma, facultades de representación legal para promover medios de control constitucional en nombre del municipio”. (el subrayado es original). Reitero, es de no creerse.
De alguna manera, lo que los demandantes dicen es que los actuales integrantes del Concejo Municipal del vecino municipio están ocupando ilegalmente tales cargos, incluidos los nuevos síndicos, por culpa principalmente del Congreso. Y lo que doña Lenia dice es que son los infractores (activos o pasivos) los que deben impugnarse a sí mismos.
Con razonamientos igual de extraños, por no decir absurdos, la ministra Batres ignoró el hecho de que una semana después de presentada la Controversia, y antes de que ella entrara al estudio del caso, la síndica removida, Liliana Méndez Franco, compareció para manifestar que se sumaba y hacía suya la demanda original.
Son tan inconsistentes y desmadejados los argumentos de Batres Guadarrama que un par de abogados con quienes he comentado el tema coinciden por separado en una teoría: que la señora tuvo que cumplir una consigna, pero astutamente lo hizo tan mal que en la fase siguiente, el recurso de Reclamación ya en marcha, van a revertir
su decisión.
Ese último recurso, el de Reclamación, ya fue interpuesto hace unas semanas. Lo admitió la Corte y lo turnó al ministro Irving Espinosa Betanzo, cuya ponencia está estudiando la demanda. Hay confianza en que ya pronto resuelva. Una vez que lo haga, su proyecto de sentencia irá al pleno de la Corte, donde se agotan las instancias.
Si el sentido de la resolución del ministro Espinosa Betanzo es el mismo que el de su colega Batres Guadarrama, será el fin de la historia, y las cosas quedarán como están: Aradillas de concejal presidenta, los 14 que entraron el 15 de diciembre ahí seguirán y el Congreso quedará impune y con renovados alientos para cometer
barbaridades.
Si don Irving resuelve al contrario de doña Lenia, y su fallo es aprobado por el Pleno, esto se va a poner muy interesante. Aún con esa primera determinación, que sería para efecto de aceptar el estudio de fondo, puede haber variantes. Por ejemplo, no desechar la demanda y conceder una suspensión que implique remover a Aradillas y a los restantes catorce integrantes del Concejo; hacer un llamado de atención al Congreso local por excederse en sus atribuciones, sin descartar que eventualmente pudiera abrirse una investigación sobre posibles responsabilidades más graves. El rebote en Palacio de Gobierno sería de consideración, y ciertos proyectos inmobiliarios en aquel rumbo entrarían en zona de riesgo.
Esto no tarda mucho. Puede ser incluso que la manifestación del martes por parte de poceños ante el edificio de la SCJN sirva para acelerar un poco las cosas. Un dato adicional: El ministro Espinosa Betanzo, a diferencia de Batres Guadarrama, si tiene carrera judicial, en la vertiente del derecho administrativo, que es justamente el que aplica en el caso de referencia. A ver qué pasa.
COMPRIMIDOS
Todavía la tarde del martes el periodista Omar Niño no sabía bien a bien por qué lo estaba demandando el diputado Héctor Serrano Cortés. Por lo pronto, nuestro colega ya fijó posición y se defenderá firmemente cualquiera que sea la imputación. Lo que queda en claro es que los empeños de Serrano para combatir cualquier referencia mediática a su persona que le parezca violatoria de la legalidad, aplican solamente para los comunicadores y medios potosinos, pues de los duros señalamientos que le han hecho periodistas de la Ciudad de México ni por enterado se da. Por algo será. A Omar, nuestra solidaridad.
Desde siempre, en el gallardismo han existido parcelas de poder, grandes, medianas y chiquitas. La mayor, con mucho, es la de Gallardo Cardona; la sigue en dimensiones la de Gallardo Juárez. De buen tamaño es la de doña Ruth, aunque tutelada. Otras menores son las que cultivan y cosechan Navarro, Lupe y, últimamente, Nachito, que anda embelesado sintiéndose mucho más de lo que es. La novedad es que la de más reciente dotación y que trae muy nerviosos a los otros es la de Mario García. El exrector convenció al gobernador de aparecerse en la Procesión del Silencio, le fue bien y lo trae apapachado.
La auto adscripción del gobernador Gallardo Cardona como semental gordito es verdaderamente desconcertante. Hay disparates un tanto humorísticos pero hay otros, como éste, de mal gusto, corrientones. Sobre todo, por lanzarlos al aire en público ante audiencias que incluyen mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Hasta el próximo jueves.