“30 millones de delitos más-menos cometidos en un año, 2 millones investigados en las
fiscalías locales, sólo 81 mil investigaciones hechas se presentaron a un juez”.
México Evalúa Hallazgos 2018,
Seguimiento y evaluación del SJP 2019.
“Lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir”, decía Sherlock Holmes. La cita viene al caso, porque últimamente se ha puesto en la palestra la capacidad de investigación de las Fiscalías, la federal y las estatales, aunque la dificultad son los delitos del orden común.
Con una ya extendida crítica de la sociedad a la inseguridad y violencia que aqueja cada vez más a un sector significativo de la población, acompañada y enfocada principalmente la crítica en las ineficientes policías, a lo investigadores criminales y al nebuloso sistema de justicia penal; la pregunta es, si en doce años de un “sistema” penal acusatorio, ¿Se puede acusar plenamente a alguien de un presunto delito sin investigación?
Se compensan con la flagrancia coreografiada y la orden de aprehensión, pero, todo lo demás recae en la investigación criminal. Sin embargo se necesita de una comunicación efectiva entre el ministerio público y la policía, con un obstáculo, en un modelo rancio donde sigue prevaleciendo la flagrancia, la conexión entre la policía y las distintas fiscalías se desarrolla en un complejo diseño de “protocolos” sumamente descentralizados y opacos que maquilan la detención como una forma de control –legal- en la lucha contra el crimen. Basta con declaraciones de “testigos oculares” y “confesiones”.
Para magnificar el problema de la investigación criminal, como herramienta indispensable de cualquier política de seguridad, el Secretario de la Defensa Nacional y jefe de las fuerzas armadas, se queja de que al Poder Judicial, “le falta cumplir, la llamada puerta giratoria desmoraliza a las fuerzas armadas”. (Sic). No se queja un Fiscal, sino un militar; natural, llevan años desplegando aparatos de seguridad pública cada vez más afines a la doctrina y lógica militar que a la estrictamente policía de investigación.
Emanado del encabronamiento ciudadano por la inseguridad y la violencia, se apuesta desde lo alto por prácticas irregulares de países dictatoriales y poco democráticos. Donde el enemigo público y la víctima son “ese otro”. Ejecuciones sumarias, desparecidos, practica de la tortura como clave para la investigación criminal, fabricación de pruebas para armar casos, flagrancia con tufo de fragancia podrida; son herencias de tiempos precarios, pero que se han puesto de moda en contra de la democracia, derechos y libertades.
México Evalúa en su documento “Policy Brief”, muestra que el porcentaje de impunidad es de 96.1% en el ámbito local, en los casos denunciados y en las que se iniciaron investigaciones únicamente el 4% recibió una respuesta satisfactoria. Hay Fiscalías en los Estados que tienen una impunidad del 99%, sin contar la cifra negra.
TAPANCO: Con tasas de 173 personas privadas de su libertad por 100 mil hab., 24.8 homicidios por 100 mil hab., y en Estados Unidos 693 personas privadas de su libertad por 100 mil hab., y 5.3 homicidios por cada 100 mil hab. Es más, inclusive, aunque resulte positivo que se sancionen eficientemente los delitos, que aumente el costo de realizarlos, en algunos lugares del territorio resultará insuficiente, por los profundos índices de pobreza y marginación y ante el menoscabo de las condiciones sociales mínimas que intervienen en el incremento de otros delitos. El horizonte se agrava, como dice la Dra. Viridiana Ríos, “En México muchos creen ser clase media pero no es así. El 61% de la población se identifica como tal pero solo el 12% lo es. Es imperativo que el mexicano promedio deje de engañarse a sí mismo sobre su nivel de vida. La realidad es que el 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega”.
Francisco.soni@uaslp.mx
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