La semana pasada comentamos acerca del Estado de Bienestar como un planteamiento destacable de Juan Ramiro Robledo, aspirante a gobernador de la entidad potosina por Morena. Señalamos que, dentro del cúmulo de lugares comunes que se han ofrecido en estos días por algunos aspirantes de distintos partidos políticos, llama la atención que alguien se preocupe por hacer una propuesta más conceptual, sin que eso implique considerar que se trate de un posicionamiento ajeno a cuestiones materiales inmediatas. Por el contrario, parece conveniente contar con un eje programático que sea medio y fin para una solución estable de los grandes problemas que tenemos, sin reducir -y denigrar- el ejercicio de lo político a simple clientelismo electoral.
Apuntamos también que, en sentido lógico, el Estado de Bienestar se refiere a una intervención estatal garante de la universalidad en el goce de los derechos esenciales para el bienestar de la población, procurando equilibrar las disparidades sociales, combatiendo sobre todo la desigualdad económica. Precisamos que, en sentido histórico, a pesar de los señalamientos sobre las contradicciones de este modelo para otros países y tiempos, es pertinente considerar su caracterización como deseable en nuestra peculiar circunstancia porque, parafraseando a un clásico, “la novedad del método no cambia la historicidad del objeto”, esto es, que las desigualdades social, económica, ambiental, de género, etcétera, persisten y son como “huesos duros de roer”.
De allí la importancia de contar con el diseño y práctica de una política pública orientada por un eje conceptual como el relacionado con el Estado de Bienestar, pero despojada de los vicios de corrupción e impunidad que han sido los sellos típicos del ejercicio de la política en el caso mexicano. Cabe advertir que, de alguna manera, ya se ha transitado por esa vía en el pasado con un modelo económico orientado al mercado interno y que propició un crecimiento estable durante poco más de dos décadas, pero que se empezó a deteriorar con la crisis internacional de valorización del capital que, en el caso mexicano, se agudizó por la corrupción y frivolidad de gobiernos como el de López Portillo que hasta urgían a “prepararse para administrar la abundancia”.
Lo que siguió es harto conocido como experimentado. Más de tres décadas del denominado “modelo neoliberal” que se tradujo en un debilitamiento de sectores estratégicos del Estado mexicano, con el consecuente perjuicio en el nivel de vida de la mayoría de la población y privilegiando intereses sectarios privados. El triunfo de AMLO en 2018, como ya se ha comentado antes aquí, fue, en buena medida, un rechazo amplio a ese modelo depredador y una suerte de revolución política y pacífica, en el sentido de actualizar un memorial de agravios que llevó al pueblo a las urnas, no sólo por la expectativa de que pudieran ser mejores las cosas, sino, sobre todo, por la determinación de no soportar los vicios de antaño.
Así las cosas, es destacable este planteamiento de Juan Ramiro Robledo porque se entiende que tiene que ver con el propósito de consolidar, en el plano local, el reordenamiento político instrumentado por el presidente AMLO para lograr una transformación profunda de las relaciones entre la sociedad y el Estado, privilegiando el bienestar de los sectores más desprotegidos y vulnerables, regenerando la vida pública potosina mediante un ejercicio gubernamental sustentado en las mejores prácticas de austeridad republicana, combate a la corrupción y la impunidad.