El pasado 9 de noviembre, Ricardo Gallardo llevaba 1,870 días al frente del gobierno de San Luis Potosí. Ese día señalé que seguíamos sin conocer su agenda verde concreta que tanto ha prometido. A mi juicio, un gobernante que deja la protección ambiental a la insistencia ciudadana y a los tribunales termina comportándose como enemigo del medioambiente. El color de su partido no lo absuelve de sus omisiones. Desde la sociedad civil hemos exigido, sin exito, una agenda que la ciudadanía pueda seguir: qué se hará, dónde, con cuánto dinero, en qué plazo y quién responderá cuando no se cumpla.
Ese día participé en el conversatorio “Justicia climática desde lo local”, en El Colegio de San Luis, donde compartí mesa con Jorge Álvarez Máynez y el doctor Fernando Díaz-Barriga. Mi intervención partió de una convicción: la defensa ambiental se juega en nuestras colonias, parques, fuentes de agua y decisiones públicas.
Durante el encuentro planteé una pregunta que suele perderse entre discursos: ¿quiénes producen el riesgo, quiénes reciben sus beneficios y quiénes soportan sus consecuencias? Hay quienes enfrentan el calor bajo los árboles o con aire acondicionado; otros lo soportan en una vivienda precaria o esperando un transporte sin sombra.
Tampoco es igual abrir la llave que esperar una pipa. Ni poder mudarse lejos de una fuente contaminante que pasar la vida junto a ella. Compartimos ciudad, pero las posibilidades de protegernos son profundamente distintas. Por eso hablar de justicia ambiental exige mirar la salud, el ingreso, el territorio y la capacidad real de ser escuchados.
La crisis climática agrava esas desigualdades, pero la justicia ambiental también comprende el acceso al agua, la contaminación y la defensa de los ecosistemas. Su punto de encuentro está en la vida cotidiana: quién queda expuesto, quién decide y quién tiene recursos para recuperarse del daño.
Desde Cambio de Ruta hemos aprendido a reconocer esas diferencias en asuntos concretos. En mi intervención recordé la defensa de más de 850 árboles de Himno Nacional y el litigio por los 201 árboles derribados en el Río Santiago. En un caso, la prevención; en el otro, la exigencia de esclarecer autorizaciones, estudios y responsabilidades. Cada árbol perdido reduce la protección de quienes habitan la ciudad.
Pero insistí en algo que considero fundamental: el litigio estratégico no sustituye una política pública. No debería ser normal que una asociación tenga que promover juicios para conseguir información ambiental o defender un parque. Cada expediente de esa naturaleza obliga a preguntar por qué las instituciones no hicieron oportunamente el trabajo que les corresponde.
La calidad del aire resume esa exigencia. Necesitamos un sistema de monitoreo que permita conocer la exposición de la población y actuar a tiempo. La información debe servir a la familia que quiere saber qué respira su hija, a la escuela que organiza actividades al aire libre y a las autoridades que deben prevenir daños. Medir tiene sentido cuando permite proteger.
Propuse, además, un inventario público, georreferenciado y actualizado de los conflictos ambientales. Dicho sin tecnicismos: un mapa que permita saber dónde están los problemas, a quiénes afectan, qué autoridades deben atenderlos y qué han hecho. Debe incorporar evidencia, procedimientos y cumplimiento de resoluciones, junto con la voz de las comunidades.
El inventario permitiría orientar recursos y evitaría tratar cada tala o descarga como un episodio desconectado. Ya lo había advertido en Quintaesencia: defender el ambiente sin diagnóstico equivale a disparar flechas con los ojos vendados.
También defendí la participación plural. No estoy afiliado a Movimiento Ciudadano; acudí porque valoro los espacios donde pueden encontrarse la ciencia, la sociedad y distintas posiciones políticas. La causa ambiental exige diálogo y autonomía para cuestionar a cualquier gobierno. Los derechos de quienes habitan un territorio merecen más que lealtades partidistas.
Gobernador: la agenda se acredita en la calle. En el árbol que permanece, en el agua disponible, en la información que se entrega y en el daño que se previene. La justicia ambiental empieza cuando el domicilio y el bolsillo dejan de determinar cuánto sufrimiento debe soportar una persona.
El gobierno presume el verde; la ciudadanía pone los árboles, las quejas y hasta los abogados para defenderlos. Qué cómoda resulta la ecología cuando el trabajo de protegerla se lo dejamos a quienes no cobran por gobernar.
Delírium trémens.— Una buena noticia: el PNUMA reporta 252 millones de hectáreas en proceso de restauración en 149 países. Todavía falta mucho, pero recuperar la naturaleza es posible con recursos, ciencia y participación comunitaria. La esperanza también echa raíces cuando el compromiso ambiental pasa de las palabras a la tierra. La nota completa puede consultarse en el sitio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
@luisglozano