Era previsible que después de la atronadora rechifla de la que fue objeto el gobernador tras el fallido encendido de eso que le dijeron (y nos quiere hacer creer) es un árbol navideño, debía recuperar si no su popularidad al menos la autoridad que sobre el sistema de encendido del muy mentado árbol no pudo imponer.
El primer aviso fue dirigido justo en la víspera del proceso de elección interna para la dirigencia estatal del PAN, a la ex diputada local y actual diputada federal, Josefina Salazar Báez, una de las contendientes. En un oficio membretado de la Fiscalía General del Estado y signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía de delitos de corrupción, se le conminaba a comparecer ante esa instancia.
Si bien, en un inicio la interpelada enfatizó la calidad apócrifa del citatorio y lo atribuyó a una campaña de desprestigio e intimidación dirigida desde el interior de su partido por simpatizantes de la otra contendiente, ya el propio fiscal del estado salió a ratificar la autenticidad del documento.
El segundo aviso llevó como destinatario a Gabriel Salazar, beneficiario de millonarios contratos obtenidos en los Servicios de Salud durante la gestión de Mónica Rangel, y ex candidato independiente a diputado por el V Distrito, sobre quien pesaban denuncias de fraude que afectaron a numerosos inversionistas, a través de la financiera Invercorp. Pero, a diferencia de la diputada panista, éste fue detenido la noche del pasado jueves en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Puede argumentarse, sin lugar a duda, que son hechos inconexos sin vinculación directa o indirecta con el actuar del ejecutivo estatal, sin embargo no podemos pasar por alto el vínculo entre Josefina Salazar y Xavier Nava, y entre Gabo y Mónica Rangel. Al buen entendedor pocas palabras.
El mensaje es claro: a diferencia de la anterior administración que se distinguió por su pasividad en lo tocante a denuncias e investigación en delitos de corrupción y mantuvo los expedientes en reposo permanente, en ésta sí se actuará. Viene al caso la máxima atribuida al Benemérito: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.”
A estos casos menores seguirán los de mayor trascendencia, y aunque es más que evidente que a Juan Manuel Carreras y a su secretario de Finanzas no se les perseguirá, no se puede decir lo mismo de los titulares de dependencias como Servicios de Salud, Desarrollo Urbano, o Junta Estatal de Caminos, en las que se sabe hubo los más altos grados de corrupción. No son los únicos, definitivamente, pero por algo se tenían que iniciar.
Lo que no era previsible, al menos hasta hace un mes, era la declaratoria presidencial sobre la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida. Por un lado la corrupción imperante dentro de las dependencias involucradas, en contubernio con los empresarios inmobiliarios (que en un inicio lograron –y era casi inminente– la exclusión de 1,805 hectáreas) y, por otro, las presiones ejercidas por los mismos, complicaba a tal extremo la declaratoria que las propias instancias federales se veían en la necesidad de claudicar.
Para muchos, la urbanización de la Sierra de San Miguelito se reducía al desarrollo inmobiliario Las Cañadas, pero poco se menciona el megaproyecto inmobiliario de casi 2,000 hectáreas en el ejido San Juan de Guadalupe; su magnitud era tal que hace dos años por vía de un amparo los ejidatarios (manipulados por los inversionistas de Gran Peñón) lograron que se anulara el área natural protegida estatal. No era cosa menor, se trataba de la segunda fase de Gran Peñón al que era imposible desvincular de la llamada vía alterna, la cual –al cancelarse Las Cañadas– seguramente quedará abandonada a su suerte.
La reciente declaratoria implica que este proyecto que se había mantenido en bajo perfil, pero al igual que los otros también llevaría consigo el paulatino aniquilamiento de la Sierra, pueda funcionar. Acaba así la ecocida triada inmobiliaria que estaba compuesta por Las Cañadas, Gran Peñón, y el desdoblamiento de éste en el referido ejido.
Lo más inquietante para muchos (gobernador, empresarios, instituciones educativas cómplices, y burocracia cuaternaria) es la relación directa y de valor entendido de Andrés Manuel López Obrador con el movimiento social de defensa de la Sierra de San Miguelito. La victoria de algunos comuneros conscientes y de los ambientalistas, contrasta con la extinción local de Morena, hoy absorbida por la gallardía.
Gracias por la lectura. Es momento de poner a desalar el bacalao, o correr a formarse al molino.