En el mes en curso se han presentado dos informes de gran relevancia para la sociedad en general y, en particular, para aquellos que se interesan en la situación de los niños, niñas y adolescentes en México, con especial énfasis en el estado de San Luis Potosí. Estos informes son el “Informe especial sobre Pobreza Infantil y Adolescentes en México 2022” elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como la “Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022” (ENASJUP), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ambos informes destacan aspectos críticos sobre la pobreza y la justicia juvenil en el país, revelando cifras alarmantes que demandan la atención de la sociedad y las autoridades.
En primer lugar, el “Informe especial sobre pobreza infantil y adolescentes en México 2022” proporciona un análisis exhaustivo sobre la situación de pobreza que afecta a los menores de edad en diversas regiones del país. A nivel nacional, el noreste, región en la que se encuentra San Luis Potosí, presenta una tasa de pobreza infantil del 30.5%. Si bien esta cifra es relativamente baja en comparación con la del sureste mexicano, que tiene una tasa del 62.5%, sigue siendo un indicador preocupante.
Entre los factores que influyen en esta problemática, el CONEVAL y la UNICEF señalan la falta de acceso a servicios de salud, carencias en la seguridad social, insuficiencia de servicios básicos en las viviendas y la falta de espacios adecuados para vivir, además de la carencia de acceso a una alimentación nutritiva.
En el noreste del país, la pobreza infantil se desglosa de la siguiente manera: un 9.7% de los menores enfrenta rezago educativo, un 28.7% carece de acceso a servicios de salud, un 39.9% no tiene acceso a la seguridad social, un 7.6% vive en viviendas de baja calidad y un 15.9% tiene dificultades para acceder a una alimentación nutritiva.
San Luis Potosí, en particular, presenta un porcentaje de pobreza infantil que supera en 13.3 puntos porcentuales la media regional, lo que sitúa al estado en una situación alarmante. Además, el informe señala un rezago educativo del 9.5% en el estado, una cifra preocupante si se compara con Yucatán, el estado mejor posicionado, que tiene un rezago educativo del 6.3%. Esta diferencia del 33% subraya la necesidad urgente de políticas educativas más efectivas en San Luis Potosí para reducir esta disparidad.
Por otro lado, la “Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022” (ENASJUP) arroja luz sobre las condiciones de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley en México.
Esta encuesta incluye información relevante sobre los adolescentes internados en centros de justicia penal en la región noreste, incluyendo San Luis Potosí.
Uno de los datos más relevantes es que el 47.5% de los adolescentes en el sistema de justicia penal de la región se encuentra bajo medidas de sanción de internamiento o medidas cautelares de internamiento preventivo o semi internamiento. Este alto porcentaje indica la prevalencia de sanciones privativas de libertad como respuesta a la delincuencia juvenil.
Además, más de un tercio de los adolescentes internados en la región noreste han compartido su dormitorio con más de cinco personas, una situación que genera preocupación por las condiciones de hacinamiento en los centros de internamiento. Este dato se ubica como el segundo más alto a nivel nacional, lo que evidencia una falla estructural en la capacidad de estos centros para proporcionar espacios adecuados a los jóvenes internados.
Un aspecto particularmente alarmante del informe es que, entre 2017 y 2022, 118 adolescentes en San Luis Potosí han sido víctimas de corrupción durante su proceso penal. Estos casos de mala praxis ocurrieron en diversas etapas, desde el momento de la detención, pasando por la agencia del Ministerio Público, ante el juez especializado, y finalmente en el centro de internamiento. Este dato subraya la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema de justicia penal juvenil en el estado, así como de una mayor supervisión y control para prevenir abusos de autoridad y corrupción.
En conclusión, ambos informes destacan problemáticas graves y persistentes en relación con la pobreza infantil y la justicia juvenil en México, y en particular en San Luis Potosí. Las cifras presentadas no solo deben ser motivo de preocupación, sino de acción concreta por parte de las autoridades y de la sociedad en general.
La pobreza infantil y las fallas en el sistema de justicia juvenil son desafíos que requieren políticas públicas integrales y soluciones urgentes para mejorar el bienestar y el futuro de los niños, niñas y adolescentes del país.
Por el momento se agotan las líneas de mi espacio editorial, las y los espero el próximo viernes.
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