La ajolotización de las desapariciones en México

El gobierno de la CDMX ha pintado de morado e inundado de imágenes de ajolotes las superficies del inmobiliario urbano para aumentar el atractivo estético de la ciudad de cara al Mundial de futbol. Sin embargo, estas modificaciones externas sólo han intentado ocultar las grietas profundas y la falta de mantenimiento de las estructuras del país. Desgraciadamente, esta técnica decorativa también se ha aplicado a la forma en que el gobierno federal lidia con el tema de las desapariciones en México.

Las desapariciones en México no son un tema novedoso; lo venimos arrastrando desde los últimos sexenios. Lo que distingue a este gobierno es que ha usado el tema para generar movimiento político y la forma en que ha respondido ante los organismos internacionales que intentan hacer algo ante este crimen de lesa humanidad.

Me refiero al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la decisión del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Ambos mecanismos reconocieron la gravedad de la crisis: más de 128,000 personas desaparecidas, 70 mil restos sin identificar y una impunidad del 98% para este delito. También coincidieron en el mismo diagnóstico: las respuestas institucionales se han quedado en letra muerta.

Ante esto, el gobierno mexicano calificó el informe de la ONU de “sesgado”. Como respuesta, el gobierno presentó su propio informe: el “Informe de Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas”, que incluye una reclasificación del registro que reduce el universo de desaparecidos de 130 mil a 43 mil casos. Acá empieza la ajolotización: y es que muchos de los expedientes clasificados con “datos insuficientes” corresponden a personas de comunidades indígenas, migrantes o víctimas en territorios donde nadie denuncia con nombre completo y que quedan fuera del conteo de desapariciones. Un dato ausente no prueba que no haya habido desaparición. Es la huella del fracaso institucional, el rastro de pintura usada para cubrir un registro.

Regresamos a la analogía de la barda pintada: la pintura es real, las grietas siguen ahí. Mientras el gobierno ajusta sus cifras, la crisis no se detiene: la participación del crimen organizado se profundiza, la crisis forense se intensifica y las personas que buscan enfrentan cada vez más represalias. Por otro lado, el morado con el que se pintan las bardas capitalinas no es un color neutral; es el color que el movimiento feminista adoptó después de años de exigir justicia por sus desaparecidas, por sus muertas. Usarlo como paleta de la ciudad para el Mundial es apropiarse de un símbolo vaciándolo de contenido. Lo mismo ocurre con el ajolote: el animal endémico más amenazado de la ciudad, convertido en mascota mientras sus condiciones de vida se deterioran.

La respuesta ante esto no puede ser más pintura. El Comité de la ONU no llegó a México a condenar, llegó a abrir una puerta: asistencia técnica internacional, apoyo forense, acompañamiento en la investigación de redes de complicidad. Rechazar ese ofrecimiento es preferir la pintura a la reparación. Lo que se necesita es concreto: aceptar la cooperación internacional, cambiar la metodología de investigación para identificar patrones y redes de corrupción política, fortalecer los mecanismos de identificación forense y proteger a las personas buscadoras con recursos reales, no con fotografías. Las bardas de esta ciudad pueden pintarse de mil colores. Las grietas no desaparecerán con el color, ni desaparecerán las más de 130 mil familias que buscan a sus familiares.

@itelloarista

(Especialista en temas de justicia)