Hay historias en el mundo del arte que son verdaderas novelas. Y el caso de la colección Gelman es una de ellas. No se trata sólo un conjunto de cuadros, es toda una trama de esas historias donde el dinero, lo social, la cercanía con los artistas, las herencias, algunos cuantos abogados y las instituciones públicas vacilantes terminan produciendo algo más complejo e inquietante que un catálogo. No es solo un asunto privado ya que por ciertas obras que pertenecen a la colección, se trata de un asunto de interés público nacional.
La colección nació en el entorno de Jacques y Natasha Gelman, una pareja que compró un lugar en la historia cultural de México al reunir una de esas colecciones privadas que, con el tiempo, se sienten como parte de la memoria visual de todos. Ésa es la primera cuestión del caso, pues si bien jurídicamente puede haber un dueño, culturalmente el país entero se siente afectado.
El verdadero drama empezó cuando murió Natasha Gelman en 1998. Entró en escena Robert Littman, figura central en la administración posterior del acervo, respaldado por la historia de un testamento y por una estructura de control que más tarde desembocó en la Fundación Vergel. En los documentos, la historia parecía tener una lógica pero en realidad, comenzó a llenarse de sospechas, porque una cosa es que exista una vía formal de administración, y otra muy distinta que esa vía produzca confianza pública.
En esa zona gris se incorporan al escenario los abogados Francisco Enrique Fuentes Olvera y su padre Enrique Fuentes León. Aquí arranca la novela judicial, ya que la intervención de estos dos personajes hizo que la cuestión dejara de ser una discusión sobre la última voluntad de una coleccionista y se convirtió en una pelea por el control del legado. Fuentes Olvera adquirió derechos hereditarios de un medio hermano de Natasha Gelman y desde ahí lanzó una ofensiva legal contra Littman.
Hubo un momento en el que la prensa de la época incluso reportó determinaciones judiciales que removían a Littman como albacea y colocaban a Fuentes Olvera en una posición privilegiada. Fue una escena perfecta de drama jurídico mexicano, con herencias, cesiones de derechos, juzgados, intereses cruzados y un tesoro artístico flotando en el centro del remolino.
Con el paso de los años, la posición de Littman y del aparato vinculado a la Fundación Vergel prevaleció en los hechos, pero eso no significó el fin. La colección dejó de ocupar el lugar visible que su importancia exigía en la opinión pública; México no la perdió jurídicamente de golpe pero sí la fue perdiendo de vista. Y a veces eso es peor, porque cuando un país deja de saber con claridad dónde están, cómo circulan y bajo qué reglas se administran algunas de sus bienes culturales no estamos sólo ante una deficiencia burocrática, estamos ante un fracaso institucional.
La subasta de 2024 en la afamada casa subastadora Sotheby’s fue el momento en que el fantasma volvió y se hizo noticia, pues parte de la colección reapareció en el mercado internacional y, de pronto, el Estado mexicano se acordó que existía. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura intervino, pidió información, cuestionó la situación de algunas piezas y logró frenar al menos una operación. El episodio fue revelador no porque demostrara que todo era ilegal, sino porque exhibió que el sistema mexicano de protección patrimonial es un fracaso.
Hoy la versión oficial es que la colección pertenece a la familia Zambrano y que Banco Santander no es propietario, sino gestor cultural desde enero de este año. Bajo ese esquema se ha presentado la “Colección Gelman Santander”, primero en el Museo de Arte Moderno y luego bajo la promesa de una circulación internacional temporal. Las autoridades aseguran que las obras protegidas no saldrán definitivamente del país y que volverán a México pero cabe preguntar ¿bajo qué términos exactos, con qué permisos, con qué garantías y por cuánto tiempo?
X: @jchessal