La contaminación también sabe entrar a una casa. No necesita permiso ni distingue entre quienes la producen y quienes padecen sus efectos. En Avellaneda, Argentina, siete personas murieron el 27 de septiembre de 1993 por un escape de gas cianhídrico. Entre las víctimas había integrantes de una familia y personal que acudió a auxiliarlos. Una emergencia doméstica terminó convertida en una tragedia ambiental.
Dos años después, Argentina estableció el 27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Conviene recordar el origen: detrás de esa fecha hay vidas perdidas. Su sentido exige mucho más que una publicación con hojas verdes, una jornada de fotografías o un discurso sobre el amor a la naturaleza.
Aunque ocurrió a miles de kilómetros, la pregunta nos alcanza: ¿cuánto daño estamos dispuestos a tolerar antes de exigir que se prevenga? La distancia geográfica ofrece poco consuelo cuando compartimos la facilidad para normalizar riesgos, posponer soluciones y considerar exagerado a quien advierte del peligro.
La conciencia ambiental suele presentarse como un catálogo de buenos hábitos: cerrar la llave, separar residuos, apagar luces, plantar árboles. Son acciones necesarias. Pero la conversación queda mutilada cuando toda la responsabilidad termina depositada en el ciudadano y desaparecen de escena quienes autorizan proyectos, manejan sustancias peligrosas, ejercen presupuestos o deben vigilar.
A una familia se le pide ahorrar agua; a una empresa debe exigírsele que evite contaminarla. Al vecino se le invita a cuidar un árbol; a la autoridad corresponde explicar por qué autoriza derribarlo y acreditar que su decisión cumple la ley. Las responsabilidades de cada persona deben guardar relación con su capacidad de causar daño y su obligación de impedirlo.
Hace cinco años escribí en este mismo espacio sobre la tragedia de Avellaneda. Al concluir la administración de Juan Manuel Carreras señalé lo que consideraba un balance ambiental profundamente deficiente y expresé mi esperanza de que los gobiernos entrantes cambiaran el rumbo. Hoy corresponde recuperar aquella exigencia y dirigirla a quienes recibieron el poder.
Gobernador Ricardo Gallardo: aquella esperanza merece respuestas verificables. ¿Qué resultados ambientales puede comprobar la ciudadanía? ¿Dónde están los datos que permiten evaluar la protección de nuestros ecosistemas? ¿Cómo se demuestra que el interés público pesa más que la prisa por inaugurar? Un informe debe permitir contrastar promesas con resultados.
La conciencia de un gobierno se conoce al revisar sus decisiones: cuánto destina a conservar, qué información publica, cómo responde a una denuncia y qué hace cuando una obra amenaza un ecosistema. También se conoce por el trato que ofrece a quienes preguntan. Escuchar a la sociedad implica aceptar que puede cuestionar, documentar y exigir cambios.
Para evaluar la política ambiental potosina necesitamos preguntas concretas: ¿qué calidad tiene el aire que respiramos?, ¿cómo se vigilan las descargas?, ¿con qué personal y recursos se cuidan las áreas naturales protegidas?, ¿qué estudios respaldan las intervenciones en espacios verdes? Cada respuesta debería estar disponible para cualquiera, sin convertir su búsqueda en una carrera de obstáculos.
La prevención tiene una desventaja política: rara vez produce una fotografía espectacular. Una inspección oportuna, una descarga detenida o un proyecto corregido antes de causar daño pueden salvar vidas sin llenar una plaza. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de trabajar aunque nadie aplauda.
Y necesitamos abandonar la comodidad de hablar siempre de las generaciones futuras. Quienes respiran aire contaminado, viven junto a una descarga o caminan bajo un sol cada vez más hostil ya están aquí. Tienen nombre, cuerpo y derechos. La protección ambiental debe mejorar su vida ahora.
Avellaneda nos recuerda que el deterioro ambiental puede irrumpir en la intimidad de una casa y volver inútil cualquier promesa posterior. Honrar a sus víctimas exige aprender a tiempo: vigilar antes, informar antes, corregir antes. Cuando el daño llega, los discursos de conciencia sirven de muy poco.
La conciencia no descontamina por sí sola. Necesita convertirse en presupuesto, vigilancia, decisiones y responsabilidades. En San Luis Potosí, como en cualquier lugar, el mejor homenaje a quienes murieron por la contaminación es impedir que otras personas tengan que pagar con su vida nuestra costumbre de dejar todo para después.
Gobernador: para el próximo discurso ambiental le propongo una prueba sencilla. Quite las palabras “verde”, “sustentable” y “futuro”; retire las fotografías y los aplausos. Después muestre lo que queda: presupuesto ejercido, información pública y resultados comprobables. Si el discurso se queda vacío, ya encontramos qué es lo que urge reforestar.
Delírium trémens.— El 22 de septiembre fue el Día Mundial sin Automóvil. Propongo que nuestros gobernantes lo prolonguen una semana: a pie, en bicicleta o en transporte público, sin chofer ni comitiva. Que experimenten las banquetas, los cruces y las esperas de quienes se desplazan así todos los días. Quizá entonces comprendan que pedirle al ciudadano dejar el coche exige ofrecerle alternativas dignas y seguras. La conciencia vial mejora bastante cuando uno se baja de la camioneta.
@luisglozano