La visita de Volker Türk ocurrió en una semana que, para México, se ha vuelto tristemente normal: desaparecidos, asesinados y masacres. Una normalidad que no existe en países en paz. Ahí están los descubrimientos de los cadáveres de dos activistas en Michoacán, la masacre en Teotihuacán y el caso de Edith Guadalupe, cuya desaparición fue atendida por la Fiscalía de la CDMX con más de 15 horas de retraso, perdiendo tiempo valioso que pudo significar encontrarla con vida.
En ese contexto, el mensaje de fondo es claro, la ONU ya no toma como punto de partida lo que dice el gobierno mexicano, sino lo que viven las víctimas. Ese desplazamiento no es menor. El relato oficial ha perdido centralidad frente a la evidencia de quienes buscan a sus desaparecidos, documentan abusos o sobreviven a la violencia. No es un matiz diplomático, es el reflejo de un Estado que ha fallado tanto en resolver la crisis como en explicarla.
Los datos confirman la gravedad. Durante 2025, las desapariciones en México aumentaron 10.5%, hasta superar las 133,500 personas registradas. No es un fenómeno aislado, es una expansión sostenida. Pero el problema no es sólo la magnitud, sino la incapacidad del Estado para dimensionarlo y enfrentarlo. Registros incompletos, cifras cuestionadas y miles de familias que hacen el trabajo que le corresponde a las autoridades.
En la práctica, no existe un Sistema Nacional de Búsqueda que funcione. Las instituciones que deberían integrarlo operan sin coordinación, sin rumbo y con resultados limitados. Incluso a nivel federal carecen de lo más básico: personal suficiente para la búsqueda y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Frente a esta realidad, Volker Türk señaló que las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, en cambio, respondió que su gobierno ha reconocido que existe un delito de desaparición. “Tan es así que modificamos leyes; tan es así que lo estamos atendiendo; tan es así que nos ocupa atender a las víctimas; tan es así que hemos fortalecido la Comisión de Búsqueda”. Pero no mencionó la crisis, ni el colapso institucional, ni la responsabilidad del Estado.
Esa narrativa se rompe frente a los hechos. Las leyes no se aplican, las fiscalías arrastran deficiencias estructurales, el Sistema Nacional de Búsqueda es prácticamente inexistente y el sistema forense está colapsado. Por eso los colectivos pidieron que Volker Türk respalde la decisión de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU.
Pero no todas las señales fueron bien recibidas. Algunos colectivos de madres buscadoras y organizaciones expresaron inconformidad tras los encuentros con el Alto Comisionado. Señalaron que sus demandas no fueron plenamente atendidas y que el llamado a “no politizar” las desapariciones resulta desconcertante frente a una crisis que, por su magnitud y por la responsabilidad del Estado, es inevitablemente política. Para quienes buscan a sus hijos, exigir justicia no es politizar, es sobrevivir.
En México no sólo desaparecen personas, también desaparecen las investigaciones; la probabilidad de que los casos se esclarezcan es prácticamente nula. Las fiscalías rebasadas o indiferentes, rara vez identifican a los responsables o actúan con diligencia. Para miles de familias, la búsqueda es también de justicia. La impunidad no es un accidente, es una política de facto.
Que México esté bajo observación internacional es una buena noticia. No como castigo, sino como una oportunidad que no debería desperdiciarse. Sin embargo, el gobierno insiste en contener las críticas, simular apertura y controlar el relato; pero esa estrategia tiene un límite: la realidad. Y esa realidad, sin ser reconocida, seguirá creciendo.
(Presidenta de Causa en Común)