La culpa siempre es del pasado, el poder siempre es del presente

En la política contemporánea parece consolidarse una paradoja: los gobernantes llegan al poder prometiendo transformar la realidad, pero una vez instalados en él, algunos encuentran en el pasado la explicación permanente de sus propios fracasos. Los errores de sus antecesores se convierten en argumentos recurrentes para justificar decisiones, evadir responsabilidades y, en ocasiones, desmantelar instituciones que representan límites al ejercicio del poder.

No se trata de un fenómeno exclusivo de México ni de una ideología determinada. Es una estrategia política que puede observarse en distintos sistemas de gobierno y que plantea interrogantes sobre la calidad de nuestras democracias. Particularmente lo vemos en América Latina y en los últimos tiempos en Estados Unidos; donde Trump siempre está culpando a Biden de los problemas en ese país.

Desde la ciencia política, R. Kent Weaver explicó este comportamiento mediante la teoría de la evasión de la culpa (blame avoidance). En su investigación de 1986 sostuvo que los políticos desarrollan estrategias para evitar los costos de decisiones impopulares, entre ellas trasladar responsabilidades, identificar culpables externos y desviar la atención pública.

Esta práctica adquiere otra dimensión cuando se combina con la construcción discursiva del enemigo político.

Al respecto, Ernesto Laclau, en su texto “La razón populista”, analizó cómo determinados proyectos políticos se construyen mediante una frontera simbólica entre un “nosotros” y un “ellos”. Esta lógica no es necesariamente antidemocrática; incluso puede articular demandas sociales legítimas. Sin embargo, también permite comprender cómo ciertos discursos convierten a los adversarios y a las estructuras del pasado en referentes permanentes de confrontación.

Lo delicado de ello es que, bajo esta narrativa, los problemas actuales dejan de analizarse exclusivamente por sus causas y resultados para interpretarse como consecuencias de un enemigo anterior. Así, el debate público se desplaza de la evaluación de las políticas gubernamentales hacia la confrontación política. Es decir, se deja del lado el análisis de lo técnico de una política pública para trasladarlo a la arena política. Lo cual no beneficia al ciudadano, que espera ver resueltos sus problemas de acceso a servicios básicos como agua, electricidad, drenaje, salud, educación, movilidad, inversión en infraestructura y varios más

Por supuesto, sabemos bien que ningún gobierno comienza desde cero. Las administraciones heredan deudas, rezagos, desigualdades y problemas estructurales cuya solución requiere tiempo y presupuesto. Reconocerlo es indispensable. Pues existe una diferencia fundamental entre explicar las condiciones heredadas y utilizarlas constante e indefinidamente para justificar la ausencia de resultados en tiempo real.

El problema no es reconocer los errores del pasado, sino convertirlos en una excusa para no responder por el presente a la ciudadanía que los votó entregándoles su confianza y esperando mejores resultados y mayor calidad de vida que la que tenían el día de la elección.

Y en esto quiero enfocarme: esta estrategia resulta especialmente delicada cuando se extiende al ámbito institucional. Cuando se utiliza el discurso para socavar instituciones del Estado. Organismos autónomos, autoridades electorales, tribunales y mecanismos de transparencia pueden ser cuestionados legítimamente por sus deficiencias. Sin embargo, cuando su eliminación se justifica principalmente mediante su asociación con gobiernos anteriores, surge una pregunta fundamental: ¿acaso no sería óptimo mejorar su funcionamiento bajo los esquemas ya alcanzados durante años en esas instituciones que garantizan derechos humanos a modificar o extinguir estos mecanismos que además surgieron democráticamente para limitar al poder?

La evidencia internacional nos invita a reflexionar. El Informe sobre la Democracia 2026 del Instituto V-Dem señala que, entre 2015 y 2025, la libertad de expresión se deterioró significativamente en 44 países, mientras que en 31 países disminuyó la capacidad de los poderes legislativos para investigar conductas inconstitucionales del Ejecutivo. Se limitaron desde los gobiernos centrales a los otros poderes del Estado, se atacaron instituciones autónomas y se limitaron derechos de acceso a la información, de expresión y de libre prensa. En muchos casos, los ataques discursivos y mediáticos se centraron en la urgencia de restarle poder a las “otras” instancias públicas del propio sistema argumentando que provenían de un pasado que hizo muy mal las cosas.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su texto “Cómo mueren las democracias” (2018), explican que las instituciones democráticas también pueden debilitarse gradualmente mediante decisiones adoptadas desde el propio poder político.

En este contexto, la discusión no debería limitarse a determinar si una institución fue creada por gobiernos anteriores, sino a evaluar su utilidad pública, independencia y capacidad para garantizar derechos.

En México, esta reflexión adquiere particular importancia frente a las transformaciones del diseño institucional. La desaparición o modificación de organismos públicos exige algo más que argumentos políticos: requiere evidencia sobre sus deficiencias, evaluación de alternativas y garantías de que sus funciones continuarán ejerciéndose con independencia y eficacia. Donde ha desaparecido, al parecer, eso no está sucediendo.

La rendición de cuentas implica que quienes gobiernan expliquen sus decisiones y respondan por sus resultados. Cuando la responsabilidad se traslada permanentemente a quienes ya no ejercen el poder, se debilita uno de los principios esenciales de la democracia: la posibilidad de exigir cuentas a las autoridades actuales y por ende poder confiar en ellas.

La memoria histórica es necesaria para evitar la repetición de errores. Pero una democracia no puede vivir atrapada en la confrontación permanente con su pasado, mientras posterga la evaluación de su presente. Gobernar no consiste únicamente en señalar lo que otros hicieron mal. Significa asumir responsabilidades, corregir deficiencias y construir soluciones verificables. Gobernar es administrar, gestionar, resolver, mejorar. Gobernar no puede reducirse a culpar. Pues quien siempre ataca y descalifica carece de argumentos para resolver, por lo tanto, de acciones y resultados propios.

El pasado puede explicar las condiciones en las que comienza un gobierno, pero no puede justificar indefinidamente sus resultados.

Finalmente, queda para la reflexión… escuchamos narrativas que culpan al pasado denostando sus instituciones con el ánimo de limitarlas argumentando “transformarlas”; pero vemos y sabemos que el poder está en el presente… cabe preguntarse: ¿quién responde por las decisiones y acciones de quienes gobiernan hoy y que claramente tienen el poder?, ¿el pasado?, y, ¿quién vigilará y limitará al poder actual mientras se sigan socavando y adjudicando los contrapesos y las instituciones encargadas de hacerlo? 

Juzgue Usted.

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

anacristinales@gmail.com