Está por verse todavía si la mañosa e ilegal estrategia de EPN para bajar del 2º lugar a Ricardo Anaya mediante la difamación estentórea, usando todos los medios de comunicación y derrochando miles de millones en la compra de las voces de comentaristas, politólogos, conductores de radio y TV, le va a dar el resultado que busca. O se le revertirá con resultados desfavorables para el candidato del PRI, porque los mexicanos no le creen a él ni a todos los de su partido, después de su negro historial de mentiras, corrupción y abuso del poder. Una abrumadora mayoría de los ciudadanos de este país ya no quiere saber nada de ese partido, así nos juren que su candidato es persona honrada, porque si fue puesto por esa camarilla, algo de cola debería tener, después de más de 20 años de ocupar cargos públicos de primer nivel dentro de un sistema político de triste fama mundial por sus altos índices de corrupción.
La Estafa Maestra es el nombre de una investigación periodística hecha por el portal de noticias de México, Animal Político, en asociación con la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en septiembre del 2017, que trata sobre una presunta red de complicidad en la que participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios, para otorgar contratos ilegales por 7,670 millones de pesos que le fueron entregados a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos por no tener ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente porque no existen.
La ASF había advertido desde el 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Incluso la ASF ha presentado 15 denuncias ante la PGR por el desvío de recursos públicos; y sin embargo el gobierno federal continúa utilizando el mismo esquema.
La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales, con el resultado de que 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a esas empresas, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
Animal Político y MCCI, decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para esos “trabajos”. Luego de reportear en 6 estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y comprueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos propietarios o socios viven en barriadas. Mil millones más fueron la “comisión” para las universidades y el resto sirvió para supuestamente contratar servicios. En muchos casos no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
¿Usted confiaría en la solvencia moral de una PGR a las órdenes de Peña Nieto, que en unos cuantos días ha enderezado una investigación en contra de un candidato a la presidencia opositor, Ricardo Anaya, por el presunto delito de lavado de dinero? Que NO ha podido demostrar porque no existe delito que perseguir; que además no es dinero del erario, cuando se hace de la vista gorda para proceder en contra de los funcionarios priistas responsables del desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público este sí, de la llamada Estafa Maestra, que fue demostrada y documentada desde septiembre 2017 por el ente fiscalizador más confiable del país, que es la Auditoría Superior de la Federación a cargo del Auditor Superior Juan Manuel Portal? Yo tampoco, estimado lector.
Resulta cómplice del PRI, una institución como la PGR, al servicio del presidente, que debe servir a todos los mexicanos y no a un partido político, que ve cada día, que se le está escapando de sus manos el poder, debido a su tremendo descrédito y corrupción. Creo que tiene la razón Anaya al exigirle a EPN que saque las manos de la elección, porque está usando las instituciones y los recursos públicos del país para difamar al candidato que más teme porque ya advirtió que al llegar a la presidencia, someterá a proceso al actual presidente, mediante un fiscal independiente y una Comisión de la Verdad integrada por ciudadanos honorables y de buena fama pública.
¿Qué tiene que decir el titular del poder ejecutivo, Peña Nieto al hecho de que el propio Auditor Superior de la Federación, que es un profesional serio y respetado haya dicho SÌ, ES UN FRAUDE, cuando se le inquirió si los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de PEMEX, Emilio Lozoya y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Alfredo del Mazo Maza eran los responsables de esos desvíos? Añadió: Son los responsables de esos desvíos, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos”, “Es un claro acto de corrupción”.
Lo hemos dicho repetidamente en este espacio, desde hace algunos años: el sistema político no aguanta más. Se cae a pedazos de lo podrido que está. No existe Estado de Derecho ya que solo se castigan un 2 o 3% de los delitos. El gobierno de Peña ha sido sin duda, el peor de los últimos 80 años, por su corrupción y porque va a terminar su sexenio dejando al país en medio de una ola de sangre, violencia e impunidad. Si se han podido procesar a algunos gobernadores, no es por su voluntad de hacer justicia, sino porque en los estados hubo alternancia en el poder y por la acción policíaca de otros países a donde corren a esconderse estos ratones, que se saben culpables.
Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, etc., etc., etc., resultarían niños de kínder, si se compara el monto de lo que ellos saquearon a sus respectivos estados, con la cuantía de la llamada Estafa Maestra que perpetró el gobierno de Enrique Peña Nieto, que salió a relucir como resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas del 2013 y del 2014. De los contratos ilegales que detectó la Auditoría Superior de la Federación en esos dos años, por 7,670 millones de pesos, no se sabe dónde quedaron 3,433 millones.
Hay voces que aseguran que el gobierno y el PRI iniciaron los ataques contra Anaya, justo el mismo día que estaba terminando la investigación de la Estafa Maestra, que yo llamo la Estafa del Siglo, para poner una cortina de humo al gigantesco desfalco que le hicieron a la nación, por más de 7500 millones de pesos. ¿Usted qué cree, estimado lector?
lujambio06@hotmail.com