El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el combate a los delitos plantea un debate ético y jurídico de gran relevancia en nuestro país. Si bien la IA ofrece herramientas prometedoras para enfrentar la creciente incidencia delictiva, y por tanto es bienvenida, sin embargo, deben establecerse límites claros que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.
En primer lugar, es importante reconocer que México enfrenta graves desafíos en materia de seguridad. La criminalidad y la violencia son preocupantes, con altos índices de delitos y una sensación generalizada de inseguridad. Ante esta problemática, es comprensible e incluso necesario buscar soluciones innovadoras, y la IA puede ofrecer respuestas potenciales.
No obstante, debemos ser conscientes de los riesgos jurídicos e implicaciones éticas asociadas al uso de la IA. La toma de decisiones automatizadas basadas en algoritmos y análisis de datos plantea preocupaciones en cuanto a la privacidad, el sesgo algorítmico y la discriminación. Así entonces, resulta fundamental garantizar que el uso de la IA no menoscabe la presunción de inocencia ni propicie una vigilancia masiva que restrinja las libertades individuales.
En este sentido, resulta imperativo contar con un marco legal sólido que respalde cualquier implementación de la IA en el combate a los delitos, algo que actualmente no tenemos. Se deben establecer regulaciones claras que protejan la privacidad de las personas, aseguren la transparencia en los algoritmos utilizados y establezcan mecanismos de rendición de cuentas adecuados. La participación de expertos en ética y derechos humanos es crucial para asegurar que las decisiones tomadas por los sistemas de IA respeten los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Además, es necesario evitar que la IA genere discriminación o estigmatización. Si bien el análisis de datos y la creación de perfiles de delincuentes y de víctimas potenciales serían útiles, debemos utilizarlos con precaución para evitar generalizaciones y criminalizaciones injustas de personas o comunidades enteras. Por otro lado, la implementación de sistemas de vigilancia con reconocimiento facial, que ha sido utilizado en China, Estados Unidos y Reino Unido, plantea riesgos —aunque superables— en términos de identidad y dignidad, a través de un equilibrio entre seguridad pública y protección de la privacidad individual.
En fin, aunque la IA no es una solución única al problema de la criminalidad, si se utiliza de manera responsable y se establecen límites claros en el respeto a los derechos humanos, especialmente la dignidad personal y la presunción de inocencia, y se trabaja constantemente en la atención de las causas subyacentes del delito, la IA puede y debe ser un instrumento novedoso, útil e incluso necesario para mejorar la seguridad pública. Por tanto, es alentador que se inicie el debate sobre el uso de estas tecnologías en México. Bienvenida la discusión. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Debemos dejar atrás las dudas. Si ha funcionado en otros países, también puede funcionar para nosotros. ¿O preferimos seguir en la precaria situación que padecemos a diario?
Twitter: @JorgeNaderK
(Abogado penalista)