Hay reglas en la comunicación política que no pueden pasarse por alto. Una de ellas tiene que ver con la simplicidad del lenguaje con el que se habla a la población sobre determinados temas para hacerlos públicos abiertos y comprensibles. Esta regla tiene un riesgo, la sobresimplificación de asuntos complejos puede conducir a la tergiversación o a la deformación del concepto público de lo que se está discutiendo y en última instancia de su comprensión.
Es el caso de la actual discusión sobre la reforma electoral que se vota en el Senado de la República en el momento en el que escribo estas líneas. Usted conoce y ha seguido paso a paso este proceso de discusión y de formulación de decisiones políticas que indudablemente tendrá impactos sobre la manera en la que se organizan las elecciones en México. Hay que decirlo con claridad: el modelo de organización de las elecciones en México es uno de los más complejos del mundo; esta complejidad tienes relación con un contexto y con una historia que probablemente ha hecho a esta complejidad un mal necesario -así lo ven algunos- o un modelo replicable -vaticinan otros-.
El cumplimiento de las leyes requiere de una expresión organizacional, es decir, de un diseño y de un modelo de organización y de ejecución de lo que establecen las leyes. En un sentido abstracto, las leyes dicen qué es lo que se tiene que hacer, pero las organizaciones son las que resuelven cómo se tiene que hacer.
Hoy acudimos a una discusión política que pretende modificar la manera en la que se tienen que realizar las elecciones. Del lado de las autoridades electorales, se ha argumentado que las medidas propuestas no están basadas en opiniones técnicas o en diagnósticos formulados desde el mismo Instituto Nacional Electoral, desde los Tribunales o desde los Organismos Públicos Locales Electorales, lo que conlleva un riesgo de implementación: las leyes establecerían fines muy difíciles de ejecutar con modelos de organización inadecuados.
¿Cuál es el umbral que define los criterios de necesidad y de pertinencia en la expresión organizacional del cumplimiento de la ley? ¿cuánto INE necesitamos? ¿de qué tamaño? ¿cuántas salas del Tribunal Electoral son suficientes y cuántas son necesarias para mantener la funcionalidad de la justicia electoral y la protección de los derechos políticos?
¿Cuáles son los otros temas de los que no se está hablando?. Hace unos días fui invitado por el Colegio de San Luis AC para impartir una conferencia sobre el sistema electoral mexicano ante un grupo de personas en el municipio de Xilitla. En la ronda de preguntas y respuestas, una persona me realizó un cuestionamiento muy relevante: ¿Cuáles son los cambios que están escritos en letra chiquita? ¿cuáles son las intenciones ocultas de esta reforma?.
Tengo bastante claro que la concentración de la atención y del debate público sobre la reforma electoral se ha centrado en el Instituto Nacional Electoral y en menor medida, en la constitucionalidad de algunos cambios que favorecería la conservación del registro de partidos políticos minoritarios. Pero me llama poderosamente la atención que, en un escenario de premura política, no se estén visibilizando las posibles consecuencias -positivas y negativas- sobre la modificación de la estructura del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales; tampoco se está hablando -el lenguaje ciudadano- sobre las bondades operativas -de haberlas- al suprimir la Eecretaría Ejecutiva del INE, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o gran parte de la estructura permanente de las juntas distritales del INE desplegadas a lo largo y ancho del país.
No se está hablando de las bondades o de las consecuencias negativas de modificar algunas definiciones relacionadas con la propaganda gubernamental y el esquema de restricciones de lo que las personas servidoras públicas pueden hacer en tiempos electorales. Personalmente tengo una posición favor de flexibilizar algunas reglas de la propaganda gubernamental, porque eso podría enriquecer el debate público y desarrollar en la ciudadanía una capacidad de discernimiento sobre lo que dicen y hacen las personas representantes populares. Sobre esto puedo ocuparme en una entrega posterior.
Lo que hoy quiero poner a su consideración, es que me resulta preocupante que la población interesada en este tema tenga la sospecha de que hay letras chiquitas en lo que se está decidiendo el día de hoy. Las decisiones políticas tienen consecuencias positivas y negativas, tienen efectos organizacionales e implicaciones presupuestales. La ciudadanía también puede participar de este debate público, siempre y cuando, se lo comunique lo que se está discutiendo. sin manipulaciones, sin maniqueísmos, sin tergiversaciones.
Twitter. @marcoivanvargas