La libertad no se anexa 2

En la entrega anterior, «La libertad no se anexa», planteamos una preocupación: el tratamiento de las adicciones no puede convertirse en permiso para encerrar, incomunicar o maltratar. La angustia familiar merece respuestas y acompañamiento, pero ninguna intención terapéutica vuelve prescindibles la dignidad y los derechos de quien recibe atención. Hoy conviene mirar otra dimensión de ese problema: la posibilidad real de pedir ayuda cuando se está dentro.

¿Qué valor tiene decir «no quiero ayuda» cuando se depende de quienes pueden castigar haberla pedido?

La pregunta adquiere relevancia ante una tesis aislada publicada recientemente en el Semanario Judicial de la Federación. Su punto de partida es inquietante: alguien solicitó protección judicial para personas internadas en un establecimiento de atención de adicciones y salud mental. La demanda denunciaba posibles afectaciones graves a sus derechos.

Cuando llegó el momento de preguntarles si deseaban continuar con el amparo, manifestaron que no. Sin embargo, las circunstancias de esas entrevistas dejaban dudas sobre la libertad de sus respuestas. El tribunal advirtió que cerrar el procedimiento exigía examinar algo más que aquella negativa.

La aportación del criterio está en exigir una comprobación cuidadosa cuando aparecen señales objetivas de control o subordinación. La pregunta judicial debe alcanzar las condiciones en que se responde: quién escucha, qué información recibe la persona y qué consecuencias teme después de hablar.

Pensemos en una escena posible. Una persona sabe que, cuando el funcionario se retire, permanecerá bajo las mismas reglas y frente a los mismos encargados. De ellos pueden depender sus llamadas, sus visitas o aspectos cotidianos de su estancia. Si responde delante de esas personas, ¿cuánta tranquilidad tiene para expresar una inconformidad?

Esa escena ilustra un riesgo; por sí sola no demuestra que toda respuesta esté dictada por el miedo. Precisamente por eso hace falta escuchar en condiciones que permitan distinguir una decisión propia de una respuesta condicionada. La dependencia exige cuidado, y la existencia de un diagnóstico tampoco autoriza a descalificar automáticamente lo que alguien dice.

La autonomía necesita información comprensible, privacidad y posibilidades efectivas de hablar sin represalias. Protegerla supone crear esas condiciones y respetar después la decisión que surja de ellas. Sustituir la voz de la persona por la de familiares, responsables del centro o funcionarios reproduciría el problema.

Para las familias, esta reflexión puede resultar incómoda. Muchas buscan auxilio después de años de desgaste, incertidumbre y puertas cerradas. Su desesperación merece una respuesta pública seria: servicios accesibles, orientación y atención profesional. Ese abandono institucional también debe discutirse, porque deja decisiones difíciles en manos de personas exhaustas y con pocas alternativas.

Pero el sufrimiento familiar no permite dar por buena cualquier práctica de encierro. Tampoco basta que un establecimiento se presente como espacio de recuperación para que sus procedimientos queden fuera del escrutinio.

El criterio comentado ofrece una advertencia que trasciende el expediente: escuchar requiere atender al entorno de quien habla. Una entrevista puede cumplir sus formalidades y fracasar en su propósito si la persona siente que su seguridad depende de contestar lo esperado.

La libertad no se anexa. También debe estar presente al recibir una llamada, solicitar una entrevista o decidir si se acepta protección judicial. Allí se prueba cuánto vale nuestra promesa de dignidad: cuando alguien necesita hablar y quienes podemos escucharlo tenemos la responsabilidad de asegurar que pueda hacerlo sin miedo, con libertad y confianza.

Las y los espero el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com