La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fundada en 1945, no atraviesa por sus mejores momentos. Si la evaluamos a la luz de las altas responsabilidades que tiene asignadas en el orden mundial, se entiende que se cuestione su labor, transparencia y ética; es decir, si realmente está funcionando o sólo es un emblemático edificio donde los personajes suben a un podio a dar decenas de discursos, cuando cada día mueren seres humanos por crisis humanitaria y conflictos armados.
En efecto, las voces y reclamos llegan desde hace varios años del continente africano, especialmente de Ruanda, el país que sufrió un genocidio en 1994, donde perdieron la vida aproximadamente 1 millón de tutsis.
En ese caso, la ONU determinó reducir a su mínima expresión la presencia de los llamados cascos azules, abriendo la puerta a la masacre. Y a pesar de los mensajes de culpa que han emitido reiteradamente, lo ocurrido tiene que convertirse en una lección sobre la manera de gestionar conflictos y el uso adecuado de su personal de seguridad en las zonas críticas.
El modelo de las Naciones Unidas requiere una renovación, desde el financiamiento para garantizar viabilidad y operatividad a largo plazo, hasta una convocatoria convincente de liderazgo en caso de belicismo. No parece que pueda mantenerse si apuesta a una figura decorativa y rebasada por las circunstancias.
Pero quiero poner el acento también en los temas del día a día en las sociedades del mundo. Hace unos días la mencionada organización nombró como Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, un personaje cuestionado por recibir sobornos o, como se dice ahora cínicamente, donaciones de monopolios tecnológicos, para simular la defensa de derechos ciudadanos, en especial la libertad de expresión.
A pesar de su sesgo, la ONU, sin realizar una investigación del personaje, o si lo hizo, el asunto y los argumentos que tenga —si los hay— hacen más grave justificar la designación de este infiltrado. Hoy todo ello se mantiene en la sombra, lo que permite a estos oscuros personajes incorporarse a las Naciones Unidas con atribuciones y recursos, para desde ahí, servir a los intereses hegemónicos de las grandes empresas tecnológicas como Google, en contra de las cuales hay múltiples recursos legales presentados en diversos países.
Así es que la ONG Artículo19 capítulo México y Centroamérica, que dirigió este personaje sin independencia e imparcialidad, utilizando la bandera de la libertad de expresión, se encuentra sujeta a investigaciones criminales por recibir donaciones en forma discrecional a cambio de dar opiniones “jurídicas” a favor de Google, rey del monopolio. En este terreno, el tema podría abarcar la violación, ni más ni menos, de la Ley Anticorrupción de los Estados Unidos por ser una emisora de la Bolsa de Valores de Nueva York, caso que ha sido documentado con el reporte financiero de la cuestionada ONG y la confesión del propio Leopoldo Maldonado, en este mismo diario, EL UNIVERSAL.
La ONU está obligada a transparentar sus procedimientos para hacer designaciones. Seguro estoy que cada uno de los aspirantes a la Secretaría General de la ONU tiene este tema en su lista de principios. Entre las y los candidatos están la chilena Michel Bachelet, el argentino Rafael Mariano Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el senegalés Macky Sall y el ugandés Olara Otunnu.
Así es que, si queremos relatar una nueva historia de la ONU, ésta debe en primer término actuar con transparencia, firmeza y acciones para frenar la barbarie humana, para eliminar sus sombras que son más que las luces que requieren para ser una institución digna de actuar en el emblemático edificio de la gran manzana de Nueva York.
@UlrichRichterM
(Abogado y activista)