La seguridad en establecimientos abiertos al público es una preocupación creciente, especialmente cuando estos lugares organizan eventos que rebasan su capacidad autorizada.
El pasado viernes nos sacudió la notifica de un trágico accidente que dejó como saldo dos personas fallecidas y quince más lesionadas. Este incidente no solo puso en evidencia la negligencia de los particulares al organizar eventos sin los permisos necesarios, sino también la responsabilidad de las autoridades en la supervisión y control de estos establecimientos
Al parecer el lugar donde ocurrieron los hechos no contaba con los permisos municipales ni la licencia vigente para operar como un centro de espectáculos, lo que constituye una violación directa de las normativas estatales y municipales. Según la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, cualquier establecimiento que desee organizar eventos masivos debe obtener una serie de autorizaciones que garanticen la seguridad de los asistentes. Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de concentración masiva, deberán elaborarse programas especiales o programas específicos de protección civil, los que deberán ser aprobados por las autoridades de esta materia con la anticipación al evento mismo. Las principales medidas preventivas y de reacción de cada programa, deberán ser difundidas con oportunidad y claridad al público participante, por parte del organizador, antes del evento, o a más tardar al inicio del mismo.
Hasta donde se sabe, en este caso, el lugar no solo carecía de estos permisos, sino que también había sobrepasado la capacidad máxima permitida, creando un ambiente propicio para el desastre.
La falta de permisos puede resultar en sanciones administrativas que incluyen multas y la clausura del establecimiento. Sin embargo, las implicaciones más graves surgen del daño ocasionado a las personas presentes en el evento. Los afectados y sus familiares tienen el derecho de demandar a los propietarios por daños y perjuicios, incluyendo gastos médicos, pérdida de ingresos y compensación por sufrimiento emocional, además de daños punitivos, es decir, indemnizaciones disuasorios ejemplares para la sociedad en general.
Y esto es extensivo al lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento que organizó el concierto que atrajo grandes cantidades de personas. La administración del centro comercial también tiene la responsabilidad de garantizar que todos los establecimientos dentro de sus instalaciones cumplan con las normativas estatales y municipales. Esto incluye verificar que los inquilinos tengan los permisos necesarios y que las áreas comunes del centro comercial estén adecuadamente equipadas con medidas de seguridad, como salidas de emergencia y sistemas contra incendios, entre muchas otras.
Las áreas comunes del centro comercial, como pasillos, patios de comidas y estacionamientos, deben cumplir con estrictas normativas de seguridad. La administración del centro comercial es responsable de mantener estas áreas seguras y accesibles en todo momento. En caso de un evento masivo, como un concierto, la administración debe asegurarse de que no se exceda la capacidad total permitida y que se implementen medidas adicionales de protección civil.
Pero no solo en relación con particulares. Las autoridades también tienen una responsabilidad significativa en estos casos. La supervisión y control de los establecimientos públicos es esencial para prevenir este tipo de incidentes. La falta de inspecciones regulares y la permisividad ante el incumplimiento de normas indican una falla en el sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades locales del ámbito de competencia que corresponda, estatal o municipal.
Se trata de una situación que no puede soslayarse en forma alguna. La protección civil y la regularidad en el funcionamiento de establecimientos abiertos al público debe tomarse muy en serio.
@jchessal