La aspiración es correcta: que México transite hacia un sistema universal de salud –con acceso independiente de toda condición laboral– es un objetivo que muchos compartimos hace mucho. El anuncio de la presidenta apunta en esa dirección: interoperabilidad entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, credencial única y un cronograma hacia 2028. El problema no es qué; es, otra vez, cómo.
Porque, a la espera del decreto, lo presentado carece hasta ahora de sustento técnico, financiero y operativo. Sin esos elementos, la universalización no pasará de ser una buena intención. La evidencia es contundente: más de 44 millones de personas no tienen acceso efectivo a servicios de salud. Intentar resolverlo por decreto, sin diseño ni instrumentos, ha probado ser una ruta fallida.
La credencialización puede ser útil como identificación, pero no implica acceso efectivo. Su valor dependerá de que esté respaldada por información clínica integrada y capacidad real de atención. Varias de las medidas no son nuevas: la atención de emergencias obstétricas existe desde 2009; el “código infarto”, desde 2015. El problema nunca ha sido la ausencia de programas, sino su implementación.
El obstáculo de fondo es estructural: el sistema está fragmentado también en lo financiero. Mientras el IMSS destina alrededor de 10 mil pesos por persona al año y el ISSSTE más de 11 mil, el IMSS-Bienestar apenas supera los 4 mil. Con esa brecha, la universalización es inviable. No es posible homologar servicios con niveles de financiamiento tan diferentes. Tampoco existe un paquete común de servicios: cada institución opera con catálogos distintos de intervenciones, medicamentos y tratamientos. Sin definir con claridad qué enfermedades y servicios estarán garantizados, la interoperabilidad será parcial y discrecional.
Peor aún: se pretende ampliar el acceso en un contexto de debilitamiento de la inversión. Entre 2019 y 2025, la inversión física en salud —infraestructura, equipamiento y mantenimiento— cayó 42% en términos reales.
No partimos de cero. El Seguro Popular fue, precisamente, una política de transición para avanzar de manera incremental hacia la universalización. Incluso, en 2011, fue implementado un piloto en Baja California para hacer interoperables los servicios entre instituciones, con reglas de referencia y mecanismos de compensación. Los aprendizajes están documentados. Ignorarlos sería repetir errores.
Si el objetivo es serio, cuatro condiciones resultan indispensables. Primero, una verdadera puerta de entrada al sistema. Universalizar no significa que cada paciente pueda acudir a cualquier hospital según su preferencia. El primer nivel de atención debe evaluar, resolver y canalizar con criterios claros. Sin ello, la saturación hospitalaria será inevitable. Abrir la puerta sin ordenar la entrada no amplía el acceso: acelera el colapso.
Segundo, más financiamiento y mejor distribuido. No hay universalización posible con un gasto público en salud de apenas 2.6% del PIB. Es necesaria una reforma a la hacienda pública y converger el gasto per cápita entre instituciones.
Tercero, hará falta generar una cámara de compensación entre instituciones, con reglas claras y recursos asegurados. Sin un mecanismo que pague los servicios brindados, el intercambio no tendrá sustento.
Cuarto, urge una reforma que homologue las condiciones de trabajo del personal de salud. No es posible construir un sistema universal sobre esquemas precarios y desiguales.
La salud universal no se decreta: se diseña. Si el gobierno quiere lograrlo, el camino es claro. Si no, estaremos, nuevamente, frente a un anuncio que promete mucho y transforma poco. Y eso, en salud, cuesta vidas.
@Chertorivski
(Economista)