La soberanía que reclama la Presidenta es obsoleta. La doctrina Estrada de 1930 es un oportunismo pasivo que, si acaso sirvió para que el Estado autoritario posrevolucionario navegara en las agitadas aguas internacionales del tercio intermedio del siglo pasado, pero dejó de tener valor hace mucho tiempo. Pretender que no se juzga a ningún régimen por su legitimidad interna, pero preferir en la práctica las dictaduras de izquierda o de derecha es una variante mexicana de la razón cínica. Defender dictaduras con fundamento en la “autodeterminación” ya va más allá del cinismo y se sitúa en la complicidad criminal.
Dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que “todos los pueblos tienen el derecho de libre autodeterminación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política…” El pequeño detalle está en la palabra ‘libre’. China, Cuba y Corea del Norte firmaron el tratado, pero no se sujetan a él (Corea del Norte se retiró); los no firmantes suelen invocar soberanía, religión o seguridad interna para evadirlos, México lo ratificó, pero al igual que otros tratados de derechos humanos, es prácticamente letra muerta. La formulación en 1966 y la entrada en vigor del pacto una década después fueron un avance para la humanidad, pero hoy está atrapado en una tensión global: si no se reconoce que el Estado nación no puede ser la única autoridad de la soberanía popular y se retrocede a los atavismos nacionalistas, el Pacto es un florero más.
Los derechos humanos son el cuerpo jurídico que mejor representa este desborde. Son la culminación de siglos de lucha por situar a las personas por encima del poder. Son el giro radical que da el paso conceptual definitivo y global para regular la autoridad de las élites que administran los gobiernos. En los derechos humanos reside la mejor versión de una vieja ambición: la soberanía popular, solo que esta vez va despojada de los ropajes de la muchedumbre.
A los gobiernos reaccionarios de izquierda y derecha les estorban los derechos humanos y hacen todo lo posible por deshacerse de ellos. El más grande atropello que han sufrido en México es el retroceso constitucional de 2024 impulsado por Morena para minimizar los medios jurídicos de defensa frente al poder del Estado. Este atropello es un golpe al derecho de autogobierno de los iguales para imponer la supremacía de un sólo grupo sobre la soberanía popular o, en palabras de Carl Schmitt, el “estado de excepción”. No es casual que en el túmulo de reformas ilegítimas a la Constitución fueran juntas una de “supremacía constitucional” y otra que “refuerza” la “soberanía nacional”. La primera estipula que contra las reformas constitucionales no hay medio de defensa alguno, así sean la reinstauración de la esclavitud o la servidumbre. Y esto desde que Morena usurpó la mayoría calificada. Y la segunda, que añade un párrafo contra las “agresiones externas”. Esto complementado con la jerga oficial, trueca a México de una sociedad que se abrió al mundo, a otra centrada en el ombligo de Morena.
Subyugar a la soberanía con camisas de fuerza nacionalistas y retrógradas da por resultado el retroceso que reduce la vigencia de los derechos humanos a la autorización de sus legisladores y jueces de Morena impuestos por encima de la Constitución. La soberanía está secuestrada por un grupo político que la convierte en fantasía metafísica para beneficio propio y perjuicio de la ciudadanía.
@pacovaldesu
(Investigador del IIS-UNAM)