El dicho es viejo pero se mantiene vigente: “Después de la borrachera llega la cruda”. Y entre peor es la primera más severa es la segunda. Luego de tres años de embriaguez financiera caracterizada por un gasto desmedido, desordenado, caprichoso, ocurrente, delirante y de descarados beneficios propios, la cruda en forma de escasez se ha hecho presente y sin duda condicionará notablemente la tarea de gobierno. Pero ojalá y toda la adversidad que este año traerá para el gallardismo fuera de pesos y centavos. También llegarán -ya comenzaron a llegar- facturas políticas onerosas.
La inevitable cortedad de los recursos públicos ya ha obligado al gobierno estatal a tomar medidas desesperadas, en algunos casos con poco tino y en otros con rentabilidad en duda. Es el caso, por ejemplo, del cambio de uso de suelo en la Zona Industrial decretado los últimos días de noviembre pasado. Obviamente que la medida legislativa para poder vender lotes destinado a establecimientos comerciales o de servicios, surge de la necesidad de conseguir dinero donde y como sea. Tan apremiante es el requerimiento que todo se hizo con una prisa que está comprometiendo el fondo del asunto.
En efecto, al ignorar que las normas en materia de uso de suelo corresponden a los ayuntamientos e ignorar en este caso al de la capital, se dejó abierta la puerta para que el cabildo encabezado por Enrique Galindo impugne vía una Controversia Constitucional el decreto. Hasta donde sabemos, ya está tomada la decisión de ir al litigio. El plazo para iniciarlo vence en los primeros días de febrero.
Además, eso no es todo. Un diputado de origen obrerista, César Lara Rocha, que promovió y voto a favor el decreto en disputa, salió ayer en medios diciendo que sería conveniente escuchar a los usuarios de la Zona Industrial que se oponen, con buenas razones, que empresas con procesos e insumos peligrosos tengan de vecinos a restaurantes, hoteles, farmacias, oxxos o talleres mecánicos. No es difícil que entre alcaldía, organismos empresariales y oposición más algún legislador oficialista arrepentido, cierren la pinza y frustren esta vía recaudatoria de la administración estatal.
Entiendo que ya hay una decisión tomada, pero se ha mantenido en reserva: el ayuntamiento capitalino se dispone a también combatir por vía legal por lo menos uno de los dos nuevos impuestos estatales. No puedo en este momento decir con certeza si se trata del relativo a operaciones inmobiliarias o del que tiene que ver con consumo de bebidas alcohólicas.
Por cierto, a muchos potosinos de la clase informada, no les pasó desapercibido el hecho de que la iniciativa de reformas legales para crear dos nuevos impuestos (los mencionados en el párrafo anterior) y aumentar la tasa del que aplica al hospedaje, no fue presentada por el Ejecutivo, como debió ser, sino que en una maniobra tan infantil como poco valerosa se quiso disfrazar de propuesta de la diputada verde Martha Patricia Aradillas. La conclusión fue contundente: “A Gallardo le temblaron las corvas para que fuera el Ejecutivo a su cargo el que propusiera los nuevos gravámenes”. El fracaso coronó la intentona, pues amplios sectores de la opinión pública se dieron cuenta de la operación prontamente denominada “zacatito pa’l conejo”.
Desde otra perspectiva, imposible ignorar lo caro que en términos de popularidad y buen trato en las redes le han costado al gobernador Gallardo Cardona los incrementos en lo relativo a Control Vehicular. Por más que se intentó disfrazar el aumento -que incluye la baja en el valor-factura de vehículos que puedan beneficiarse de la gratuidad de placas- le gente no comulgó con ruedas de molino y le tupieron duro y macizo al gobernador mejor evaluado a nivel nacional.
Conclusión (mía): la popularidad comprada suele ser fugaz y precaria. No resiste ninguna adversidad.
Finalmente, una de las aristas más reveladoras de la situación financiera de una hacienda estatal suele ser la deuda pública. En su bien documentada columna del domingo anterior, Jaime Hernández nos ofreció en estas mismas páginas un panorama desolador con tendencias a empeorar. El gobierno gallardista recibió en 2021 una deuda total de 5 mil 063 millones de pesos (1 mil 500 a corto plazo y 3,563 a largo plazo). Al concluir septiembre pasado, ese gran total se disparó a 13 mil 093 millones de pesos (9 mil 875 millones a corto plazo y 3 mil 218 a largo plazo). Es decir, poco falto para que se triplicara.
O igual y sí se triplicó. Me explico: las reveladoras cifras de Jaime hacen corte al 30 de septiembre de 2024. Poco después, la recién llegada secretaria de Finanzas Ariana García Vidal, anunció que probablemente se recurriera a préstamos quirografarios para poder encarar los fuertes compromisos financieros del cierre de año. No se dijo más sobre el tema, pero es casi seguro que se haya recurrido a ese tipo de financiamientos entre noviembre y diciembre, lo cual tendría en estos momentos la deuda de corto plazo por ahí de los 14 o 15 mil millones de pesos.
Esta temática va a dar mucho de qué hablar en los tiempos venideros, entre otras cosas porque el gobierno gallardista está incumpliendo normatividad federal para el debido registro de la deuda pública estatal en todas sus variantes.
OJO, MUCHO OJO
Decíamos en las primeras líneas de esta columna que ojalá y toda la adversidad que este año traerá para el gallardismo fuera de pesos y centavos. También llegarán -ya comenzaron a llegar- facturas políticas onerosas, agregamos.
Quizá la más notable y de mayor costo fue la discreta pero muy eficaz operación de los altos mandos de la 4T para anular y tirar a la basura la reforma gallardista relativa al Poder Judicial del Estado. Por la mañana funcionó el control de Gallardo Cardona sobre el Congreso local para que se aprobara su iniciativa, y por la tarde llegó desde las alturas la contraorden de deshacer lo hecho.
La parte visible de la contraoperación fue el público deslinde que de esos cambios legales hicieron los diputados morenistas, pero dado que son únicamente seis no hubieran conseguido nada, a no ser por las llamadas que se cruzaron entre instancias locales y federales. De allá la indicación atenta pero firme e inflexible fue que se hiciera lo que hubiera qué hacer para anular tales modificaciones a nuestra Constitución, y punto.
Al respecto ya se ha escrito con amplitud en días anteriores, por lo que me concretaré a señalar lo sustantivo. A la sombra de los cambios en la Constitución General de la República, que tienen como elemento más relevante la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, localmente Gallardo introdujo modalidades que de haberse aprobado habrían convertido a su gobierno en dueño absoluto del aparato de impartición de justicia.
De entrada, el órgano disciplinario de la judicatura que en lo federal será colegiado con tres magistrados, que se alternarían en su presidencia, aquí se decretó que fuera unitario, a cargo de un solo individuo que sería propuesto por el Ejecutivo. Y de ahí sígale usted.
Seguramente que no forman parte -hasta este momento- de ninguna acción concertada, pero aún si son movimientos independientes, empiezan a producir el efecto óptico de que el acumulamiento de pequeños objetos similares, vistos a los lejos, parezcan uno solo pero enorme.
Me refiero, por ejemplo, a que su hasta hace poco comodísima aliada, la bancada de Morena, esté demandando públicamente transparencia en la aplicación de lo que se recaude con los nuevos impuestos. Y conste que demandar transparencia al gobierno gallardista es peor que una blasfemia o tan inútil como contar los granos de arena en la playa. Inusitadamente, la mayoría de los organismos empresariales salieron a declarar -con corrección y mesura- que hizo falta diálogo y tomar en cuenta los argumentos de los contribuyentes. La anunciada pero todavía no concretada rebeldía del Ayuntamiento de la Capital también encaja en estos nuevos talantes políticos que se asoman al iniciar el año.
Por si no fuera suficiente, en días pasados se refrendó la intención del Ejecutivo Federal de enviar en breve al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales para erradicar el nepotismo. Si no llevamos mal las cuentas, desde la primera en el Zócalo el uno de octubre, ésta es la quinta vez que se anuncia esa acción.
Pero lo verdaderamente novedoso es un dato complementario que antes no se había mencionado. A raíz de que la doctora Sheinbaum hizo público su propósito de erradicar el nepotismo de nuestro sistema político, en los círculos gallardistas se comenzó a mencionar en voz baja que su santo patrono ya tenía la solución a semejante obstáculo: divorciarse. Tal versión nunca se ha confirmado.
Lo interesante es que recién comentamos el tema con un experto en cuestiones legislativas y su respuesta fue clara y precisa: una estratagema de esa naturaleza se resuelve con un añadido de dos líneas en el articulado correspondiente. Bastaría que dijeran algo así como que también quedan impedidos de sucederse en cargos de elección popular los cónyuges que se hayan divorciado menos de seis o tres años antes, según la elección de que se trate. Tiene sentido.
Se supone que la iniciativa formal llegará a cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión en los primeros días de febrero próximo, al arranque del nuevo período ordinario de sesiones. Habrá que estar muy atentos a su contenido exacto.
COMPRIMIDOS
Todo inicio de año es tiempo propicio para los buenos propósitos personales; desde los consabidos de hacer dieta o ejercicio, dejar de fumar o ir de viaje, hasta los más sofisticados como derrocar al jefe para ocupar su silla o inventar al sustituto del velcro.
Manos desconocidas nos hicieron llegar los firmes propósitos para este nuevo año de varios personajes de nuestra vida pública. Con su permiso:
Ricardo Gallardo Cardona: Mentir y gastar menos, y volver a amarrar a los demonios.
Enrique Galindo: Olvidarse de un arreglo honorable y confiable con los de enfrente.
Uñas Largas: Dejar el triste papel de damo de compañía.
Héctor El Inútil Serrano: Ya dar una. O, lo que es lo mismo, evitar que su fama de chingón se siga cayendo a pedazos. Vino a vender, y vendió, espejitos.
Ariana García Vidal (Secretaria de Finanzas, para los muchos que no sepan quién es): Salir del atolladero sin carpeta de investigación.
Yolanda Josefina Cepeda: Cumplir el año.
Sonia Mendoza: Sacarse de la cabeza la canción “No soy de aquí, ni soy de allá”.
Leticia Vargas Tinajero: Volverse la funcionaria más transparente del gobierno (jajaja).
Salvador González Martínez: Seguir en poder de los expedientes que lo hacen intocable.
Noe Lara Enríquez: Liberarse de la legión extranjera.
Hasta el próximo jueves. Lo mejor para todos este año.