El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad (Montesquieu).
Pero si el poder “está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano”.
La transparencia en México, como acto de rendición de cuentas gubernamental, es consecuencia de una serie de valiosas batallas ciudadanas. Por ello, hoy, el acceso a la información pública es un derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho que se debe defender siempre y por encima de cualquier revancha política.
Es preciso resaltar, que la creación de órganos autónomos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en particular el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no fue una concesión política, sino una conquista ciudadana iniciada por lo que se denominó el “Grupo Oaxaca”.
Antecedentes del “Grupo Oaxaca”
por la transparencia en México
El largo ciclo autoritario del régimen político mexicano como devenir del proceso revolucionario empezó a cerrarse con la reforma política de 1977. El orden político advirtió a tiempo sus límites cuando se asomó al vacío provocado por la pérdida gradual de legitimidad, que se acentuó a partir del movimiento estudiantil de 1968. Las “mutaciones y contrahechuras” del orden político se tornaron visibles, así como la disminución de la capacidad institucional para alojar las nuevas expresiones y pulsiones de la sociedad para responder al malestar de las generaciones emergentes provocado por las restricciones a sus libertades, y para atender las demandas sociales básicas de la población.
Dicha reforma, aportó nuevas reglas al juego político, al tiempo que reconoció nuevos derechos; como se indica en el párrafo que se añadió al artículo 6° constitucional: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
A partir de este primer impulso reformador, el régimen político asumió la necesidad de liberalizar los constreñimientos que impedían que las contiendas electorales se diversificaran en opciones políticas. Se propicia la pluralidad antes limitada, la oposición deja de ser testimonial y empieza a ganarle espacios al partido del régimen. Las elecciones se vuelven más creíbles. Y se dan los primeros pasos del largo proceso de democratización del orden político, que daría pie al surgimiento de las instituciones constitucionales autónomas. Siete décadas después de su fundación, el partido del régimen (PRI) perdió una elección presidencial. Aceptó su derrota y le allanó el camino al primer gobierno de oposición.
En el año 2000, el orden político ya contenía componentes democráticos que exhibían su temporal predominio sobre los componentes autoritarios. La variante mexicana de la transición a la democracia se desplegaba en la frecuencia electoral, y con ello se abrían nuevas posibilidades para desahogar la densa agenda de reformas indispensables que requería el país, el cual estaba plagado por el autoritarismo sistémico, la desigualdad, el contexto clientelar, corporativo e informal y la combinación de corrupción, impunidad e inseguridad.
En la coyuntura del 2000 fue posible la articulación y despliegue de un segmento de ciudadanos que luego sería conocido como Grupo Oaxaca. Este grupo consiguió fijar en la agenda nacional una nueva narrativa relacionada con el desarrollo de la democracia representativa, el ejercicio de las libertades públicas, así como el reconocimiento y tutela de los derechos humanos relacionados con la libertad de información.
La aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información se convirtió en un punto de inflexión y conexión con diversos procesos en curso dirigidos a instaurar una nueva trama de instituciones y condiciones que facilitaron el recorrido en la fase post-autoritaria que se abrió con las elecciones del 2000. Esta fase parecía irreversible y ascendente, pero no lo fue. La improvisación y la medianía de las élites que gobernaron a partir de la derrota del PRI, y más tarde la escandalosa voracidad de la élite que regresó al poder presidencial arropada por el viejo partido del régimen, contribuyeron a reactivar las mutaciones autoritarias y las contrahechuras de la democracia mexicana. Por temor al riesgo y a las sanciones, en connivencia le allanaron el camino a un nuevo aluvión autoritario y hegemónico.
Las acciones y conquistas
del “Grupo Oaxaca”
La frase “El derecho a la información será garantizado por el Estado” fue incorporada al artículo 6 constitucional en el contexto de las reformas constitucionales realizadas en 1977. Tenía una connotación muy distinta a la que hoy tiene el derecho a la información, y en particular, la vertiente alusiva al derecho de acceso a la información. Se pretendía propiciar que los partidos políticos difundieran sus propuestas programáticas e ideológicas entre los ciudadanos en igualdad de condiciones. Esta interpretación reduccionista se agotó rápidamente y con el tiempo aparecieron nuevos matices en el debate pendular sobre el tema.
Tuvieron que pasar 25 años para que se consiguiera colocar con fuerza en la agenda pública la exigencia de crear una ley reglamentaria relativa al derecho de acceso a la información. El inmovilismo normativo y retórico propiciado por el régimen político se rompió a partir de la movilización de algunos ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación escrita que aprovecharon la coyuntura de la alternancia presidencial del año 2000 para incidir en la agenda pública y en la sede parlamentaria, hasta conseguir que los legisladores federales aprobaran una ley reglamentaria del párrafo aludido.
El 23 y 24 de mayo del 2001 en la ciudad de Oaxaca se celebró el seminario “Derecho a la Información y Reforma Democrática” convocado por académicos, periodistas, integrantes de la sociedad civil y 70 editores de diversos medios de comunicación escrita. En el marco de los consensos logrados entre los participantes, surgió la iniciativa de difundir una declaración en la que se expresara el compromiso de promover una reforma legal sobre el derecho de acceso a la información.
En la Declaración de Oaxaca se establecieron varios puntos que sirvieron de hoja de ruta para el Grupo Oaxaca, cuyo nombre se socializó a partir de la publicación de una nota periodística de Ginger Thompson, corresponsal en México del periódico The New York Times, donde reseñaba la realización del seminario “Derecho a la Información y Reforma Democrática”, así como la Declaración de Oaxaca, suscrita por académicos, editores y organizaciones de la sociedad civil. Además, destacaba que la particularidad del grupo radicaba en las diferentes tendencias ideológicas de los académicos, de las organizaciones y periódicos que lo integraban, así como en la amplia gama de perfiles, bagaje intelectual y experiencia en áreas relacionadas con la libertad de expresión y de información y en especial con el derecho de acceso a la información pública.
Al concluir el seminario se integró una comisión técnica que se dio a la tarea de promover el tema. Más tarde, cuando las circunstancias lo hicieron necesario, esta comisión redactó una iniciativa ciudadana de ley federal de acceso a la información. Cuatro meses después del seminario, el 30 de septiembre, en el contexto de la presentación de la iniciativa de ley por parte del gobierno federal, el Grupo Oaxaca dio a conocer el Decálogo del Derecho la Información en el que se recogían los aspectos mínimos que debería contener una ley de acceso a la información: El derecho a la información es un derecho humano universal; la información pública pertenece a las personas; máxima apertura de los poderes del Estado; obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado; procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos; mínimas excepciones a la norma; organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias; consistencia jurídica y promoción del federalismo.
El Grupo Oaxaca presentó su proyecto de ley el 6 de diciembre de 2001 a la Cámara de Diputados con el apoyo de diversas fracciones parlamentarias. La iniciativa de ley ciudadana se posicionó de inmediato en la agenda nacional, lo que obligó al gobierno, encabezado por el presidente Vicente Fox, a proponer un ejercicio de diálogo y negociación con el objetivo de formular un proyecto unificado que fuese el resultado de las coincidencias entre la iniciativa ciudadana y la iniciativa oficial. El diálogo fue protagonizado por representantes del Grupo Oaxaca y del gobierno federal en la Cámara de Diputados.
El Grupo Oaxaca transitó un camino inédito y articuló un movimiento social que influyó en la elaboración de una ley reglamentaria que cambió los términos de la relación entre los poderes públicos y las personas, respecto de la posesión de la información pública. Al incidir de manera directa en el trabajo legislativo, podría decirse que estableció el primer precedente moderno de una de las vertientes de lo que hoy se denomina parlamento abierto.
En junio de 2002, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). A un año de su publicación, el 12 de junio de 2003, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Con esos hitos se inició el largo proceso de materialización de los objetivos que se propuso el Grupo Oaxaca.
La coalición social que articuló el Grupo Oaxaca se disolvió una vez que consiguió sus objetivos fundamentales, pero sus aportaciones siguen marcando la agenda de la vida política e institucional de México. De manera individual, cada uno de los que integraron la comisión técnica del Grupo Oaxaca ha contribuido al fortalecimiento del andamiaje legal e institucional que se ha creado para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información en el país. Han transcurrido dos décadas desde que ocurrieron los hechos aquí señalados, mismos que impulsaron una agenda política de largo aliento, relacionada con el inconcluso proceso de desarrollo democrático, moderno e ilustrado de México, sobre la que hay muchos temas y muchas batallas pendientes por librar.
La transparencia en México no fue una concesión política, sino una conquista ciudadana. El derecho a la información pública es un derecho humano que se debe defender siempre y por encima de cualquier revancha política.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com