La historia de la política mexicana ha sido el relato de múltiples enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado en diversas ocasiones, que no son pocas. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde que López fue electo como presidente la venganza la venganza se ha entronizado como la forma natural de gobernar.
Las reformas constitucionales impulsadas por López a partir del cinco de febrero pasado en especial las que se refieren al funcionamiento del Poder Judicial, lo prueban.
El Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido un contrapeso al Ejecutivo desde los primeros días de la administración de López en 2018, no obstante sus intentos de infiltración a través de personajes de siniestro actuar como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, aunado a la complicidad de Zaldívar. No es un secreto que las decisiones de la Corte, en temas tan delicados como la suspensión de programas sociales o la revisión de leyes clave para la “cuarta transformación”, han generado roces entre ambos poderes. En este contexto, la reforma al Poder Judicial parece más una respuesta a estos choques que una auténtica búsqueda de justicia y transparencia.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el intento de reducir la autonomía del Poder Judicial, bajo la turbia y abstracta bandera de la elección popular, una elección inducida desde el Poder, tal y como se plasma en el dictamen aprobado en la Cámara de obedientes diputados. Hay una embestida real para debilitar la independencia de los jueces y someterlos a los intereses del Ejecutivo.
El señor López ha sido el vocero de esta cruzada; en sus stand-ups mañaneros, ha dicho abierta y públicamente que los jueces que no fallan a favor de sus políticas no están del lado del pueblo, sino de la oligarquía.
Esto es en gran medida una simplificación, y el juego binario no es más que un dispositivo retórico de su parte, en el caso del poder judicial, subraya dos riesgos fundamentales. La democracia en México ha luchado por años para construir instituciones independientes que puedan ejercer su labor sin la intervención de los políticos en turno. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial podría dar paso a una concentración de poder que, en el fondo, está motivada por el deseo de venganza contra aquellos que han actuado como freno a las ambiciones del gurú transformista.
La venganza como estrategia de gobierno tiene consecuencias graves para la salud democrática de un país. En lugar de construir puentes y fomentar el diálogo entre los diferentes poderes, la venganza política erosiona la confianza en las instituciones y polariza aún más a la sociedad. López ha insistido en que su lucha es contra la corrupción y los privilegios, pero al centrar sus esfuerzos en debilitar al Poder Judicial, envía un mensaje peligroso pero muy propio de él: quien no esté con su doctrina, está contra México. Un país no puede avanzar si sus líderes están más preocupados por castigar a sus opositores que por resolver los problemas estructurales que afectan a la sociedad. La justicia selectiva, que solo busca favorecer a los aliados y castigar a los críticos, genera más división y resentimiento, lo que a la larga puede desestabilizar al país, incendiarlo más de lo que ya está.
Hay aun una luz encendida: la posibilidad de que en el Senado de la República se rechace la propuesta de López. Cuarenta y tres Senadores tienen el futuro de México como Estado de Derecho, de México como Estado Democrático en sus manos. Si alguno de ellos flaquea, agregaremos un traidor más a la historia patria, si es que en algún momento podemos volver a tener libertad para pensar en una nación donde se respete la ley y se favorezca la justicia,
Lo he dicho muchas veces aquí, son tiempos canallas. Hay cuarenta y tres legisladores que pueden demostrar que aun hay esperanza para que nuestra patria sobreviva, pese a los intentos de López y sus allegados para aniquilarla.
@jchessal