En la medida que sus funcionarios mienten cada vez con mayor frecuencia, volumen y desparpajo, la relación entre el gobierno del estado y la ciudadanía se deteriora, se envicia. Hace justo un año, el 5 de octubre del 2022, dijimos en este mismo espacio que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y sus colaboradores mienten como respiran. Al día de hoy es más correcto decir que mienten más de lo que respiran. Si todavía hace un año parecía que mentir se les estaba haciendo hábito, hoy no queda duda de que se le ha hecho vicio. La adicción es fuerte.
El caso más reciente de este enfermizo estilo de comunicación gobierno-ciudadanía, y al cual nos referiremos con amplitud párrafos abajo, es el del amparo contra las obras en el barrio de San Miguelito, interpuesto por un grupo de personas con discapacidad. Llama la atención este asunto porque, a diferencia de muchos anteriores, mereció reclamos airados y públicos por parte de involucrados, quienes ya sin tapujos le pidieron al mandatario potosino ¡No mienta!
Sin ánimos de adivinador, creo que, si en el futuro Gallardo Cardona reincide en su gusto por la mitomanía, las reacciones populares serán cada vez menos complacientes.
El tema de San Miguelito es el más reciente eslabón de una cada vez más larga cadena de falsedades gubernamentales. Uso el término falsedades porque me parece engloba las mentiras crudas, las medias verdades, el ocultamiento de información y formas diversas de engaño. Otros eslabones relucientes de esa sarta, para solo refrescar un poco la memoria, vienen a ser:
Viaje a Líbano "para promover la exportación de mezcal". Pretender vender mezcal en un país musulmán, donde está drásticamente restringido el consumo de bebidas alcohólicas, es simplemente ridículo. Por supuesto que se trató de una falsedad, las verdaderas razones del viaje fueron otras. ¿Cuáles? No las conozco con certeza, pero me hago eco de versiones no tan inverosímiles: que en realidad fue a comprar finos caballos para sus preciadas cuadras (esperemos que con dinero de su bolsillo). Dícese también que otra razón de ese periplo, no excluyente con la anterior, fue explorar las laxitudes del sistema bancario libanés.
"La crisis financiera de Pensiones tiene muchos años y tardará otros tantos en resolverse", es una afirmación chapucera que no se sostiene. Al asumir su cargo Gallardo Cardona, el Ejecutivo le debía a la Dirección de Pensiones 1 mil 196 millones 727 mil 841 pesos. Al 30 de agosto pasado, 23 meses después de iniciar su gestión, la administración gallardista adeuda por ese mismo concepto 4 mil 173 millones 990 mil 734 pesos. Es decir, un pasivo acumulado en sexenios, el gobierno actual, en solo dos años, casi lo ha cuadruplicado. A ese paso, no tardará años en resolverse, necesitará siglos.
"Ya le di instrucciones a la Seduvop para que informe todo sobre las obras en el Parque Tangamanga I" (costos, licitaciones, contratistas, etc.). Esta afirmación de RGC se produjo en marzo del año pasado a raíz de la inauguración. Año y medio después la respuesta de la dependencia estatal fue declarar una reserva de cinco años de esa información (es decir, su ocultamiento oficial hasta 2028). ¿Qué esconden, por qué tanto empecinamiento en no informar correctamente? Una pista: al iniciarse las obras en septiembre del 21, se habló de que costarían alrededor de cien millones de pesos, a poco andar se dijo que rondarían los 150 millones y en el primer informe de gobierno se incluyó la cifra de 336 millones. ¿O sea?
Instrucciones similares le dio en público el gobernador a la titular de la Seduvop para que informara del costo de las obras de reacondicionamiento de las instalaciones de la FeNaPo. Misma ruta: hacer patente que la instrucción gubernamental era de mentiritas, y para quitarse el tema de encima también declarar una reserva informativa de cinco años, para que ni la Cegaip esté dando lata. Igual, circulan versiones creíbles sobre costos finales que triplican o cuadruplican el presupuesto inicial.
La misma historia se repite con el Patronato de la Feria, en cuanto hace a sus ingresos y egresos. Poco después de concluida la primera edición de este sexenio, en agosto del año pasado, Gallardo Cardona reincidió en sus vistosos desplantes de aprovechar los medios para instruir al presidente de ese organismo, "que de inmediato dé a conocer las cuentas". Pocos lo cachan, pero al girar ese tipo de instrucciones cierra un ojo disimuladamente. Los ingresos y sus fuentes, los costos y sus conceptos, los subsidios y su clasificación financiera siguen y seguirán ocultándose hasta el final de los días. Hace poco dijo el gobernador que la Feria de este año había costado unos 80 millones de pesos. Gente con experiencia en esta clase de eventos nos dicen que mínimo se gastaron 400 millones de pesos.
Hay mucho más sobre este triste y deplorable capítulo de nuestra vida pública -definido por un gobernador que goza, disfruta, experimenta placeres celestiales viéndonos (o en el mejor de los casos queriéndonos ver) la cara de sus pendejos a los potosinos-, pero pasemos al caso más reciente y las reacciones poco usuales que provocó.
SAN MIGUELITO
A finales de agosto el gobierno del estado, a través de la Seduvop, arrancó obras de rehabilitación urbana en el Barrio de San Miguelito, sin decirle "agua va" a los vecinos. Maquinaria pesada comenzó a levantar el tradicional adoquín de las calles, destrozando parte de ellos (asumiendo que irían al basurero o serían donados por el Chiquilín); arrasando con banquetas y suspendiendo la circulación de manera simultánea en cinco calles.
Entre los residentes del rumbo nadie conocía el proyecto, sus características, su tiempo de ejecución, si se repondría o no el adoquín que estaba siendo arrancado, si se repararían las redes de agua y drenaje, etcétera. Preguntaron y la Seduvop los ignoró. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, se desmarcó del tema y lo mismo hizo el Ayuntamiento, ya que nadie del gobierno estatal los tomó en cuenta.
Un juzgado de distrito concedió la razón a los 67 vecinos que suscribieron una demanda de amparo. Ya con la soga al cuello la Seduvop comenzó a hacer lo que debía haber hecho semanas antes y tramitó los permisos del INAH, quien autorizó una primera etapa, sujeta a varios condicionamientos, como quitar artesanalmente el adoquín, preservarlo, relabrarlo y volverlo a colocar; arreglar tuberías, respetar materiales originales de las banquetas, no utilizar maquinaria pesada porque sus vibraciones dañan fincas antiguas, etc. El juez federal autorizó reanudar los trabajos una vez obtenidos los permisos del caso e informado a los vecinos.
Ya se preparaba la Seduvop a reanudar las acciones, e incluso tuvo la inmensa generosidad de avisarle -ahora sí- al Ayuntamiento, cuando cinco vecinos con problemas de discapacidad dijeron "¡espérenos!", nadie nos ha dicho si habrá puentes o rampas provisionales para nuestra movilidad; no sabemos si vamos a poder entrar y salir a nuestras casas; nos interesa saber si se ampliarán las banquetas para nuestras sillas de ruedas, nadie nos ha dicho nada. Recurrieron al amparo y se los concedieron.
El gobernador reaccionó airado, amenazó con llevarse el presupuesto a otro lado, y acusó a los de siempre que se oponen al progreso de San Luis. Alguien le hizo ver que a los jueces federales esos desplantes los tienen sin cuidado, y que lo mejor sería buscar un arreglo con los vecinos interesados.
Se tendieron puentes y se reunieron en dos o tres ocasiones los cinco vecinos con discapacidad y sus representantes legales, con un grupo de funcionarios estatales entre los que figuraban un subsecretario, la directora de asuntos jurídicos y el Consejero Jurídico del Ejecutivo; el responsable jurídico de la Seduvop y alguien más.
Los funcionarios dejaron en la puerta cualquier actitud amenazante o mamona y en pocos días se arreglaron. ¿Cómo? Garantizándoles por escrito a los vecinos (en el Barrio hay medio centenar con problemas de discapacidad) la satisfacción de sus demandas, que resultaron muy razonables:
Mientras duren las obras, que haya puentes y/o rampas por donde puedan transitar en sus sillas de ruedas, que los materiales o escombros no impidan el paso por las aceras; que no dejen postes a mitad de banquetas porque eso dificulta el paso de las sillas de ruedas; que al concluir el trabajo dejen rampas en las aceras, que los accesos a las cocheras no ocupen media banqueta, que en las cabeceras de las banquetas se dejen líneas rugosas para que los invidentes detecten que comienza el arroyo, y que arreglen el semáforo peatonal de Zaragoza y Pascual M. Hernández.
En vista de que no había demandas disparatadas ni las ganas de joder que sospechaba el Ejecutivo, se arreglaron en una última reunión de 50 minutos el miércoles 4 y un día después le dijeron al juez que, habiéndose comprometido a atender sus peticiones, se les tuviera por satisfechos y retirando su demanda de amparo.
Esa es la síntesis de una historia de diálogo exitoso, donde hubo racionalidad y buena voluntad de un lado, con disposición de arreglo, sin amenazas ni sangronerías del otro. Ganaron, en todo caso, la buena fe, el respeto mutuo y el sentido correcto de las cosas.
Un día después, Gallardo Cardona, en otro de esos arranques rayanos en lo demencial, salió a proclamar que su gobierno había ganado el amparo. No sé si haya habido alguna ocasión antes que yo no registre, pero esta vez el abogado de los vecinos subió a sus redes y a los medios una petición tan concreta como demoledora: "¡No mienta señor gobernador!
COMPRIMIDOS
A la rectoría le está lloviendo fuego amigo. Parece ser que tiene en su nómina a un personaje -comunicólogo o algo así- que también cobra en Palacio, aunque bien a bien no sé si por encima o por debajo de la mesa.
Me cuesta trabajo recordar una madriza mediática y en las redes más dura que la propinada la semana pasada a Mario García Valdez. Tengo un pronóstico: no va a durar mucho en su nuevo cargo. Seguramente registró el pequeño detalle de que no obstante su impresionante currículum, su nuevo jefe no se molestó en tomarle la protesta de ley. El honor a Mario se lo hizo Uñas Largas. No, pos sí.
Hasta el próximo jueves.