[gview file="https://pulsoslp.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/B07.pdf"]
Otros que no tienen llenadera
El pasado 30 de agosto publicamos aquí mismo un texto relacionado con las altas tasas de interés y comisiones que cobra la banca mexicana. En ese momento la atención pública nacional estaba centrada en la discusión sobre si el próximo gobierno federal dispondrá o no de suficientes recursos económicos para financiar sus ambiciosos proyectos de desarrollo y programas sociales. Nuestro enfoque fue que para acarrear beneficios a la población desde el gobierno, no siempre se requiere el gasto de grandes sumas.
En concreto, nos referimos a los beneficios palpables que recibirían millones y millones de mexicanos si la nueva administración federal obligara a la banca mexicana (en su gran mayoría de propiedad extranjera) a cobrar comisiones y tasas más razonables.
Súbitamente, la semana anterior el senador morenista Ricardo Monreal, que es además el líder de la fracción mayoritaria en la Cámara Alta, anunció la presentación de una iniciativa de reformas a varias leyes para suprimir, reducir o acotar las comisiones bancarias (no hay en esa iniciativa referencia a las tasas de interés, que también son abusivas).
El sólo anuncio de la intención sacudió a los mercados y en cuestión de minutos el peso se depreció frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores sufrió pérdidas escandalosas, con cargo principalmente a los bancos. Fue necesario que unas horas después el propio Andrés Manuel López Obrador saliera a calmar las aguas, asegurando que en los primeros tres años de su gobierno no habrá ninguna modificación en las reglas de funcionamiento del sistema financiero nacional.
Peso y bolsa frenaron su caída y lograron recuperarse pero no totalmente. Como quiera, el punto álgido de la crisis parecía superado, pero no fue así. Entre el fin de la semana anterior y el inicio de ésta Monreal volvió a la carga. Consiguió respaldo de su bloque de 58 senadores y salió al llano a insistir que el Poder Legislativo es autónomo y que a los Senadores nadie les da línea.
Resulta tan poco ortodoxa esta postura de Monreal, que al día de hoy los analistas políticos más agudos del país intentan descifrar qué está pasando realmente: un montaje a valores entendidos entre AMLO y RM para llevar a la mesa de negociación a los banqueros ya “acalambrados”; un lance por la libre con tintes de rebelión de Monreal para afianzar su permanencia en el liderazgo de la bancada morenista del Senado, o una señal de López Obrador mal interpretada por el ex gobernador zacatecano.
No deja de ser atractivo e interesante ese intento de descubrir qué hay realmente atrás de este confuso episodio, pero lo importante sigue siendo (creo) el tema de fondo: que los bancos cobren comisiones e intereses razonables; que dejen de explotar a grandes masas de mexicanos, entre ellos los millones de trabajadores que reciben sus salarios mediante depósitos en cuentas bancarias.
Mientras las incógnitas se despejan, lo cierto es que al calor de la polémica generada han surgido a la luz datos duros que dejan pocas dudas sobre lo excesivo de los cobros que por los más variados conceptos aplican las instituciones financieras a sus clientes. Por ejemplo, que los bancos de propiedad extranjera obtienen en México vía comisiones un porcentaje de sus ingresos equivalente al doble del que logran en los países de sus matrices.
Unas semanas después de haberse publicado nuestra columna de fines de agosto pasado, la periodista especializada en temas de negocios Bárbara Anderson, publicó en Milenio Diario una colaboración el 24 de septiembre en la que, entre otras cosas, dejó asentado: “Esta semana Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer despachará desde Madrid. Una vez al año el status se entrega directamente en la casa matriz.
Esta vez lo estarán esperando con las mismas ansias que en la crisis de 2008. No sólo por el peso específico del principal banco del sistema financiero mexicano (que representa 4 de cada 10 dólares de su beneficio global), sino porque sigue siendo su mejor operación internacional. México es la filial que ayudará a balancear la mala racha que le está haciendo pasar su operación en Turquía”. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) opera en 32 paises. Es decir: 31 de ellos le aportan 6 dólares de cada 10 de sus utilidades en tanto que uno solo (México) le entrega el 40 por ciento. ¿Por qué será?
Poco antes, el 7 de septiembre, el periódico madrileño El País publicó unas declaraciones del Consejero Delegado (director general) del Banco Santander, que es el mayor banco de la zona euro, José Antonio Álvarez, que entre otras cosas “Explicó que el sistema financiero español pasó de ganar 25 mil millones (euros) en 2007 a tener unas pérdidas brutas de 74 mil millones en 2012 por la crisis. Por esta situación, el Santander no gana dinero en España desde hace seis años. Del total de beneficios, el 60 por ciento proviene de Latinoamérica” (donde México es su plaza más rentable).
En resumen, hay tela de dónde cortar. Mucho más allá de cual sea el origen de la iniciativa de Monreal, de si hay juegos perversos o segundas intenciones, lo único que en realidad importa es beneficiar a los usuarios del sistema bancario, en particular a los de menores recursos, sin con ello desatar una crisis económica de proporciones mayúsculas.
NO HAGAN BOLA
Si lo piensan bien, los integrantes de la LXII Legislatura local, o por lo menos su mayoría, pueden hacer unas cuantas modificaciones a su ley orgánica y a su reglamento interior para racionalizar el funcionamiento de su Junta de Coordinación Política, hacerla más ágil, eficaz y eficiente.
Sucede que por disposiciones legales que vienen de una época en que los partidos representados en el Congreso local no pasaban de cinco, quedó establecido que la Junta de Coordinación Política, que es el principal órgano administrativo y de gobierno interior de la Legislatura, debería integrarse con los representantes de cada fracción o grupo partidista. Si la memoria no me falla, esta norma quedó establecida en la LVII (2003-2006) o en la LVIII (2006-2009) Legislaturas. Para el caso es lo mismo, en ambas hubo diputados de únicamente cinco partidos.
En tales circunstancias, las reuniones en pleno de la JuCoPo eran de cinco participantes, cada uno con voto ponderado. Es decir, cada voto equivalía al porcentaje de diputados representados respecto del total de 27. No sería válido decir que todo era “miel sobre hojuelas”, pero los asuntos a tratar fluían a buen ritmo.
En la actualidad son 10 partidos, igual con voto ponderado. Están ahí Morena y el PAN, cada uno con 6 diputados, equivalentes al 22 por ciento del total en cada caso; viene luego el PRI con 5 curules (18.5 por ciento). Están luego tres representaciones parlamentarias con 2 legisladores cada uno (7.4 por ciento por cabeza) y finalmente hay 4 siglas partidistas con un solo diputado, cuyo voto vale un 3.7 por ciento.
El problema, al día de hoy, no es tanto la formación de mayorías, pues basta que Morena, el PAN y el PRI se pongan de acuerdo y hagan valer su 63 por ciento de voto ponderado, que se eleva al 74 por ciento si se suman los aliados parlamentarios del primero (PT y PES) que es lo que en los hechos ha venido ocurriendo. Lo que está entorpeciendo el buen funcionamiento de la JuCoPo es su carácter multitudinario. Diez discutiendo siempre tardarán más que cuatro o cinco en ponerse de acuerdo.
Porque además, se da la circunstancia específica de que algunos de los más alegadores son los que menos representan: Eugenio Govea, Cándido Ochoa, Oscar Vera y Mario Lárraga. Ciertamente, serán los que menos pesan en la votación pero son los más mañosos. Nada menos el martes Oscar Vera se animó a anunciar una iniciativa para que el tercer año de ejercicio la presidencia de la JuCoPo se le entregue a alguien de la “chiquillada”, él de preferencia, desde luego.
Una solución racional y defendible es legislar lo necesario para que la Junta de Coordinación Política, que entre otras cosas es la que define y asigna el presupuesto, se integre con las enviados de las fra cciones mayoritarias y de los grupos suficientes para que quede representada la mayoría de los diputados. Es decir, las fracciones o grupos que cuenten con más de 14 legisladores. Si se quiere ser menos restrictivo, la norma puede ser que queden representadas las dos terceras partes del total de 27, o sea 18.
A manera de ejemplo, en el caso de la actual legislatura, la JuCoPo se integraría con Morena, PAN y PRI que representan 17 diputados. Para alcanzar los 18 lo correcto sería que se incorporara la siguiente fracción o grupo con más integrantes. En este caso, habría tres empatados con dos cada uno: PT, PRD y PVEM. Es perfectamente posible prever en la ley que en caso de empate numérico, se establecería un orden de prelación que privilegiara el mayor número de diputados de mayoría relativa frente a plurinominales, y que en caso de persistir el empate se optara por la mayor votación en las urnas.
En la hipótesis de la actual Legislatura, el cuarto integrante sería el PT, cuyos dos diputados son de mayoría. Quedarían fuera los representantes del PRD, del Verde, de Movimiento Ciudadano, del PES, del Panal y de Conciencia Popular. Son seis partidos que entre todos juntan ocho curules.
COMPRIMIDOS
Lo que doña Francisca Reséndiz Lara, también conocida como doña Paca, está haciendo es tan simple como pernicioso: burocratizando la principal corporación de seguridad que tenemos los potosinos. Si aún en tiempos normales eso sería grave, en estos tiempos bañados en sangre es gravísimo.
Ojalá que como funcionario público el ex presidente de la CMIC y actual director de Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino, Marco Antonio Uribe, salga menos chambón que como contratista. A fines de 2016 su empresa TNT Construcciones S.A. de C.V. ganó la licitación pública LO-924037999-E165-2016 convocada por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.
Obtuvo un contrato por 17 millones 191 mil pesos para construir diversos espacios educativos en el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde. Debió concluir los trabajos en septiembre de 2017, gestionó y obtuvo una ampliación del plazo para el 2 de enero de este 2018. Hoy, 10 meses después, nomás no hay manera de que entregue la obra concluida.
De aquí al 30 de noviembre, plazo dentro del cual es posible hacerlo, es muy probable que los actuales cinco candidatos a presidir el PAN potosino se conviertan en tres. La próxima semana les damos más detalles.
Todo el ingente trabajo jurídico/administrativo que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de la Capital para establecer y documentar las irregularidades cometidas por la pasada administración, está siendo supervisado por uno de los despachos de abogados más importantes de la Ciudad de México, con especialización en causas penales.
Si la asesoría continúa en el tiempo, a la hora que le presenten las denuncias correspondientes a las autoridades locales no les va a quedar mucho para dónde hacerse.
Hasta el próximo jueves.