Excluyentes y atenuantes. Llevan propósitos explícitos e implícitos los excéntricos esfuerzos del régimen por ponerse a salvo del estercolero que dejó, en el Instituto Nacional Electoral, la gestión impuesta por López Obrador para abatir la autonomía -prevista en la Constitución- del árbitro electoral. El propósito explícito obvio, dicho en el lenguaje del Código Penal, como corresponde a este episodio, sería que la presidenta Sheinbaum y sus repetidores pretenderían invocar una sugestiva excluyente de responsabilidad, al remitir a años y décadas atrás el origen de los ilícitos cometidos casi in fraganti y megadifundidos en videograbaciones protagonizadas por la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, su familia y su cómplice y delator. El segundo propósito, más sugerente, parecería compartirle a Taddei una atenuante de responsabilidad, una vez cargada ésta -falazmente- en el pasado.
Taddei, ¿testigo protegido? Incluso circulan en medios y redes interpretaciones del inusitado anuncio de la Auditoría Superior de la Federación, de que tiene testigos protegidos para que, a cambio de beneficios, involucren, se anticipa, a quienes así convenga y liberen de culpa a quien así se disponga. La especulación más llamativa, concordante con las extravagancias del régimen en esta historia, dicta que Taddei sería uno de esos testigos.
Su silencio vale más que su confesión. Lo más probable es que las autoridades saben todo lo sabe todo mundo; que Taddei tiene poco que agregar y que ahora analizan qué resolver a la hora de fincar responsabilidades. Y en todo caso, Taddei buscaría atenuantes ¿o excluyentes? no por lo que confiese en la Contraloría o en la Fiscalía, sino por lo que calle ante la prensa. Su silencio es más valioso que su confesión sobre su papel en la sucesión de "golpes constitucionales" iniciados con las artimañas de su nombramiento y continuadas con su entrega a Gobernación del micrófono para anunciar la perniciosa sobrerrepresentación parlamentaria con que se desencadenó la construcción de lo que ahora se conoce como "dictadura constitucional".
La canalla. Por eso importaría la atenuante de responsabilidad para Taddei, al precio de hacer el ridículo y perder restos de credibilidad. De lo más reveladora al respecto, la información principal de EL UNIVERSAL de ayer, con el reportaje de Antonio López Cruz y Enrique Gómez sobre las órdenes a los diputados de Morena de congestionar las redes con las acusaciones -repetidas incansablemente- por la presidenta Sheinbaum contra Córdova y Woldenberg, constructores y conductores de un árbitro garante de la competencia electoral efectiva y de la alternancia de los partidos en el poder, decidida por los votos. Dos valores, éstos, que el actual régimen se empeña en abolir. La organización de la canalla llamó Lucas Alamán a la gestión de Lorenzo de Zavala para imprimir y difundir panfletos infames e infamantes.
Competencia. Qué manera de encanallar todavía más a los legisladores oficialistas al servicio del régimen prodictatorial. En efecto, en cuanto a rendimientos trascendentes adversos al desarrollo democrático -si bien no en cuanto a los métodos magnicidas que soslayó la 26 Legislatura- los legisladores oficialistas de la actual 66 Legislatura podrían pasar a la historia en competencia ceñida, de abyecta celebridad, con aquella, que avaló la farsa leguleya de la transición de la presidencia a favor, tras el asesinato de Madero, de Victoriano Huerta y que en pago fue disuelta por el dictador.
@JoseCarreno
(Académico de la UNAM)