El 14 de septiembre marcó el inicio de la LXIV Legislatura con la toma de protesta de los congresistas electos. Entre la diversidad de temas que demandan atención, los asuntos ambientales emergen como una prioridad ineludible. El verdadero reto, sin embargo, radica en la armonización de la legislación ambiental local, un proceso que implica la actualización y adecuación de disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas. Este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos humanos vinculados al medio ambiente y avanzar hacia una justicia climática efectiva. Aunque la tarea es formidable, los legisladores cuentan con los recursos y la autoridad necesarios para llevarla a cabo.
La “Ley para la Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado de San Luis Potosí” ilustra la confusión legal vigente. A pesar de su noble propósito de eliminar prácticas perjudiciales para el desarrollo de los árboles urbanos, la ley presenta vacíos normativos significativos: falta de definición clara sobre acciones y sanciones por poda, corte o tala no autorizadas, ausencia de una metodología eficaz para la aplicación de sanciones, y desconexión entre la legislación, el reglamento y la realidad práctica. Otro aspecto crucial es la promoción de una participación ciudadana auténtica, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Escazú, un instrumento que, lamentablemente, muchos legisladores desconocen.
En aras de un futuro ambientalmente responsable, se plantean las siguientes preguntas a nuestros legisladores:
1. ¿Qué iniciativas de ley relacionadas con el medio ambiente, cambio climático y ecología planea presentar según su plataforma política?
2. ¿Cuáles serán los beneficios específicos para la ciudadanía potosina derivados de cada iniciativa propuesta?
3. ¿Qué iniciativas priorizará en respuesta a las necesidades urgentes en materia ambiental, climática y ecológica que afectan directamente a los potosinos?
4. ¿Qué beneficios concretos aportará cada iniciativa en relación con el medio ambiente, el cambio climático y la ecología?
5. ¿Qué estrategias implementará para garantizar la aprobación de sus iniciativas?
6. ¿Cómo fomentará la participación ciudadana en el desarrollo de iniciativas ambientales?
7. ¿Cuáles son los tres principales conflictos ambientales en cada región de San Luis Potosí y qué planes concretos tiene para abordarlos desde su posición legislativa?
Estas preguntas en breve se dirigirán a cada legislador con el objetivo de promover un diálogo constructivo en nuestra democracia local. Las respuestas podrían traducirse en acciones efectivas para mejorar nuestro entorno, especialmente si se fomenta una participación ciudadana genuina, elemento que todo líder visionario debe impulsar.
Esperamos que esta legislatura marque un punto de inflexión en la gestión ambiental. Es incomprensible que iniciativas ciudadanas orientadas a la protección ambiental hayan sido obstaculizadas por intereses ajenos al bien común. Como asociación, mantendremos una vigilancia activa sobre nuestras propuestas y confiamos en un mayor compromiso y disposición para colaborar en este nuevo período.
El medio ambiente no puede seguir siendo relegado a un segundo plano, dado su vínculo directo con la salud de los potosinos, pilar fundamental para un estado próspero. Los desafíos ambientales deben guiar la regulación y el uso racional de los recursos, estableciendo un marco de respeto y aprovechamiento sostenible que garantice una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza.
Frente a la devastación ambiental causada por la actividad humana, es imperativo regular la responsabilidad por daños ecológicos e implementar sanciones firmes para quienes infrinjan la legislación ambiental. Esto asegurará la preservación del entorno para las generaciones venideras. La legislatura tiene la responsabilidad de garantizar que las presentes y futuras generaciones disfruten de un ambiente libre de contaminación y de ecosistemas protegidos, regulando efectivamente los ilícitos ambientales en el territorio potosino.
Es fundamental recordar que las leyes se crean con propósitos nobles como el bien común, la salud y la protección. Ha llegado el momento de reconocer la ecología como una cuestión integral, no como un tema secundario. Las leyes ineficaces debilitan aquellas que son necesarias. No podemos permitirnos más dilaciones; el tiempo apremia y la acción decidida es imperativa para preservar nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible para todos los potosinos.
Delírium trémens.- La estructura jurídica impulsada por la 4T está erosionando significativamente el espacio para el activismo jurídico de Cambio de Ruta, sofocando las herramientas legales que solían ser fundamentales para la defensa ambiental y los derechos humanos. Este marco, que privilegia un enfoque centralizador y en ocasiones restrictivo, limita las posibilidades de acción efectiva para organizaciones civiles comprometidas con la justicia ambiental, al debilitar las vías de litigio estratégico y obstaculizar el acceso a mecanismos de protección internacional.
@luisglozano