1. Una grave desgracia más por la abulia e irresponsabilidad del alcalde de Xilitla y de protección civil estatal. Con una mujer gravemente herida, lesiones a niños y adultos, miedo, dolor, pérdidas materiales y el final anticipado de las fiestas de Xantolo en Xilitla, se comprobó desafortunadamente lo que todo mundo ya conoce: la abulia, irresponsabilidad, falta de conocimiento y acciones públicas efectivas y los intereses personales sobre los de la ciudadanía del alcalde de Xilitla, el empresario - constructor, primero priista, luego morenista y ahora verde Oscar Márquez Plascencia, más interesado en sus negocios que en el bien común, así como la de la coordinadora estatal de protección civil del estado, Nadia Ochoa Limón, en ese puesto de manera ilícita e ilegítima, al ocurrir una fuerte explosión en el panteón de ese municipio por la venta “sin permiso” de fuegos artificiales en medio de las celebraciones de día de muertos, con comunicados fatuos que reflejan la falta de prevención y la pésima y tardía respuesta ante el incidente, que pudo ser de mayores consecuencias, de no ser por los voluntarios, con un alcalde que no reaccionó como era debido, grabando nervioso y desencajado un video, en el que refleja sólo temor e inseguridad en lugar de transmitir confianza y tranquilidad, sabiendo que no ha hecho bien su trabajo y aun así, pretender ser candidato a diputado a lo que cueste. ¿Qué tiene que ocurrir para que el gobernador y los cabildos entiendan la prioridad de tener personas con conocimiento, experiencia y resultados que garanticen la seguridad de la población y terminen con la corrupción en protección civil?; ¿Esa es la imagen que se necesita para el turismo local, nacional e internacional?; Lo que pasó ayer en Xilitla es un serio aviso que no debe dejarse pasar. Ojalá no sea demasiado tarde.
2. Lo que debería ser un proceso abierto y transparente, se ha convertido en opaco e inexplicablemente secreto, al continuar el Partido Acción Nacional evadiendo y posponiendo la decisión de hacer público quienes serán los coordinares de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, en la práctica sus precandidatos, tanto a la gubernatura del estado, como para alcaldes de los municipios en la elección de 2027, a pesar de que desde hace tres meses el delegado nacional de ese partido Santiago Taboada, dijo que había 5 aspirantes a gobernador del estado y 20 a la alcaldía de la capital, de los cuales hoy, sin saber por qué, sólo quedan 11, incumpliendo el compromiso de que “en unos días” serían públicos todos los nombres pero, a la fecha, continúan evadiendo las respuestas, manteniendo los nombres en total opacidad, faltando a la palabra y al compromiso del dirigente nacional Jorge Romero y del presidente estatal en funciones Enrique Dahud, más ocupado y preocupado por explicar en cuantas instituciones públicas cobró y sigue cobrando, además del PAN, el ayuntamiento de la capital y el congreso del estado. ¿Qué tienen qué esconder?
3. ¿Dónde quedó la supuesta valentía y arrojo del ex precandidato del PT, Gerardo Sánchez Zumaya, multi señalado por presunto enriquecimiento ilícito con contratos públicos, a quien según dirigentes del PT le congelaron sus cuentas bancarias y huyó del país, dejando múltiples dudas del origen del dinero para su precampaña, financiando proyectos sobre todo mediáticos sin otra intención más que engañarlo?; ¿Tendrá el CEEPAC la prioridad de auditar esos fondos o priorizará otros intereses?
4. De gran preocupación política, social y financiera las declaraciones del gobernador del estado, al plantear la existencia indisciplina financiera, subejercicios y sobregastos en el presupuesto 2026 de algunas dependencias estatales, sin señalar cuales, pero subrayando estar sobregiradas en su presupuesto, a las que podría faltarles dinero para cerrar 2026 por no respetar la programación del gasto y en otras que no se han gastado la mitad de su presupuesto, lo que significa que no existió una buena programación financiera, ni un buen seguimiento a estas conductas financieras de esas áreas, ni de la secretaría de finanzas, la oficialía mayor o de la contraloría del estado. Lo más grave fue que Ricardo Gallardo señaló particularmente a dependencias descentralizadas, escuelas o universidades con financiamiento del estado, que manejan recursos propios o autogenerados, que no los enteran y se los gastan, anunciando auditorías del IFSE y de la auditoría superior de la federación para verificar no se haya lucrado con esos ingresos. Quizá, con revisar el patrimonio de los rectores de esas universidades sepa dónde quedan los recursos.
5. Aunque Usted ni nadie lo crea, como si el servicio de transporte público concesionado fuera de calidad, seguro, limpio, higiénico, de buen trato, accesible, suficiente y eficaz, permisionarios del transporte público urbano, sí, esos que Usted conoce muy bien: esos que cada año, por lo menos en los últimos 50 años se declaran en banca rota, lloran, se quejan que el negocio no es rentable y amenazan con retirarse, obteniendo siempre el aumento, pero sin mejorar nunca el servicio, presentaron una iniciativa al congreso, en la que con muy poca desfachatez solicitan casi 2 mil 800 millones de pesos para el presupuesto 2027, para capacitarse, renovar 768 de sus unidades, mejorar su situación financiera, paliar sus pérdidas en la pandemia, cubrir déficits operativos y garantizar su rentabilidad, entre otras, casi nada, disfrazando su felonía para que, con argumentos poco creíbles, se instituya un programa social, sin mencionar claro, que su servicio es uno de los de mayor costo en el país y que, de acuerdo al INEGI en 2025, solo, el 54.7% de los usuarios estuvieron satisfechos con el servicio; el 20.9% con los horarios disponibles; el 38.4% con la limpieza y buen estado de las unidades y el 47.5% con el respeto a los señalamientos viales y, según el centro “Mario Molina”, reprobados con 48.6 de 100 puntos con focos rojos en accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad. Como siempre, la SCT y las y los diputados de la comisión de transporte del congreso del estado permanecen ciegas y demagógicos ante el pésimo servicio. Al final, la solución es simple: Si no es negocio, que los permisionarios renuncien a sus concesiones. Siempre habrá alguien que quiera entrarle a este negocio.
6. ¿Hasta dónde alcanzará al dependiente y otrora autónomo CEEPAC el escándalo y crisis por corrupción y conflicto de intereses de la red de la mafia de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al haber contratado presuntamente a por lo menos una de las empresas acusadas de ilegalidades y por el anuncio del auditor del estado que se revisarán contratos y ver si hubo empresas fantasma como proveedores de servicios electorales?; ¿Alcanzará a los consejeros del CEEPAC electos por la gracia divina, la protección desde el INE del consejero y ex colega de Taddei, Martín Faz? Gracias por tu lectura.