La polémica que ha generado la aplicación de la "Ley Serrano" en San Luis Potosí, lo que derivó en la aprehensión y aplicación de prisión preventiva a Eréndira Reyes Aguillón y su hija, Alejandra Hermosillo Reyes, por su presunta responsabilidad en la difusión maliciosa de imágenes alteradas con inteligencia artificial; y de Christian Herrera, cuyo caso es nebuloso, le causó al gallardismo un efecto colateral inesperado: la generación de una imagen represora, intolerante y contraria a la libertad de expresión.
Peor aún para el movimiento que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, esa impresión alcanzó niveles nacionales e internacionales, con la publicación de, por un lado, manifiestos y posturas de parte de organizaciones de defensa de los derechos a la opinión y expresión; y de notas periodísticas de medios de ambos ámbitos, dando cuenta de las capturas, y también del respaldo legal que le generó a estas la aprobación de la Ley Serrano.
En los dos casos, el nacional y el internacional, se le abrieron frentes al gallardismo que quizá no representen un peligro inminente en lo inmediato, pero que pudieran cobrar influencia conforme se desarrollen ciertas dinámicas en las que el movimiento potosino está involucrado.
Desde el sábado pasado, las organizaciones Artículo 19, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac) Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés, publicaron un duro comunicado conjunto para alertar sobre las detenciones y denunciar el "uso abusivo" de la Ley Serrano.
Las organizaciones consideraron las detenciones un "uso arbitrario de estas normas, particularmente contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas".
Uno de los grandes debates despertado por las detenciones es si, dado que algunos, entre ellos el autor de estas líneas, los contenidos difundidos por las personas involucradas se alejan de algunas normas esenciales del periodismo, como el respaldo de una firma o directorio y evitar el sesgo contra un persona o grupo político determinado.
Sin embargo, también se estableció aquí que aún en esos casos, los ciudadanos tienen garantizados sus derechos fundamentales y que, en caso de una violación injustificada, era valido el reclamo de que las autoridades respetaran esas garantías.
Las organizaciones que respaldaron el comunicado del 23 de mayo parecen apuntar a esa dirección, abriendo el abanico de posibles víctimas de la Ley Serrano a activistas políticos y comunicadores digitales.
Dos días después, el CPJ publicó en su sitio oficial (https://cpj.org/2026/05/journalists-in-mexican-state-of-san-luis-potosi-jailed-indicted-over-ai-related-charges/) una relatoría de los hechos y una postura de Jan-Albert Hootsen, su representante en México, en la que denuncia el hostigamiento en San Luis Potosí y se dirige directamente a autoridades de San Luis Potosí para exigir el cese de las agresiones. El texto está en inglés.
Esto es relevante cuando se recuerda que unos días antes de este escándalo, el periodista Raymundo Rivapalacio publicó su columna Estrictamente Personal una entrega titulada "Seguirá la escalada", estableciendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría ya listos expedientes semejantes al que se conoció del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, en el que se le vinculaba con actividades delictivas y ligas con grupos del crimen organizado, contra otros actores políticos de México. Y agregó que la dependencia estaba dispuesta a hacerlos públicos.
En el "abanico de potenciales funcionarios que pudieran estar vinculados con el crimen organizado" estaba el nombre del gobernador potosino.
Otras columnas de medios nacionales han compartido la línea Rivapalacio en ese sentido. No ha alguna confirmación de dependencias del vecino país o del mexicano.
Si alguien en la administración Trump está observando lo que sucede en San Luis, seguramente llamara su atención el conflicto desatado en torno a la libertad de elección. Y no sería descartable que pensara que, en caso necesario, el de un gobierno hostil a la prensa sería un buen argumento para engrosar un expediente.
Por otro lado, la cobertura que medios fuera de San Luis le han dado al asunto no ha sido favorable para el gallardismo.
El tono de la cobertura lo indica el cabeceado de la información.
"En SLP, Periodistas, Creadores y Funcionarios Señalan a Ley como Herramienta de Censura", tituló N Noticias, es decir, Televisa, el viernes.
Ese mismo día, El País publicó una larga nota encabezándola "A la caza de periodistas en San Luis Potosí"
El jueves, Verificado de plano declaró que "Algo se pudre en San Luis Potosí.
El 27 de mayo, Animal Político analizó el caso bajo un foco crítico: "Ley IA en San Luis Potosí: esto es lo que sabemos sobre las denuncias por persecución judicial contra periodistas".
Para un grupo político y un dirigente muy sensibles a mantener una imagen sin mácula, este tipo de cobertura nacional no debe ser muy agradable.
Alcaldía: el futuro los alcanza
Es muy conocida la premisa de la película Soylent green, la sombría distopía de 1973 sobre el futuro de la humanidad: la sobrepoblación rampante y la sobreexplotación de recursos dejan a las personas sin más fuente de alimento que los cadáveres de sus congéneres, debidamente procesados para parecer palanquetas.
Por la magia de la subtitulación, en México se conoció la película como Cuando el destino nos alcance.
La analogía de un sistema que se tiene que devorar a sí mismo se puede aplicar sin problemas a varios ámbitos de la vida pública, y uno de ellos es el sistema de pensiones y retiro de las dependencias públicas, que se ha convertido en un problema por la falta de previsión y planeación de las autoridades, pero sobre todo, de recursos para garantizar las condiciones actuales para la jubilación.
Y en donde el escenario apocalíptico de la cinta aplica casi a la perfección es en el ayuntamiento de la capital.
Lo anterior se desprende del estudio actuarial más reciente, con corte a septiembre del año pasado, vinculado al retiro y jubilaciones del personal de la alcaldía capitalina.
Curiosamente, el documento se conoció hasta el lunes 18 de mayo, cuando apareció en una fe de erratas al presupuesto de ingresos capitalino, publicada por el gobierno de Enrique Galindo Ceballos en el Periódico Oficial del Estado.
En la publicación original, aparecida el 9 de enero pasado, el documento no fue presentado en los anexos presupuestales. Sin explicar los motivos, el estudio, realizado por la sociedad civil Bufete Matemático Actuarial, de la Ciudad de México, apareció ya en la versión corregida.
Antes de entrar a los números, vale la pena acotar que el de San Luis Capital tiene un sistema de retiro atípico, pues no se sostiene con las aportaciones de los trabajadores, sino que se financia con el gasto corriente.
No cuenta con un fondo alimentado con las aportaciones de la propia administración ni de los trabajadores. Las pensiones deben ser alimentadas con los mismos recursos con los que se bachean calles, se paga la limpia de las colonias y se brinda seguridad pública.
Esta cobertura con recursos ordinarios del ayuntamiento está lejos de ser ideal. Más aún, es una bomba de tiempo. Y es que sigue creciendo. En febrero pasado, se autorizaron 30 solicitudes de jubilación.
Esto se refleja en el estudio actuarial que agregó la alcaldía a su presupuesto.
De inicio, la alcaldía registra 4 mil 201 empleados activos y mil 327 pensionados. Es decir, 3.16 trabajadores actuales por cada jubilado.
En condiciones normales, en las que hubiera un fondo bipartita de pensiones, esa proporción pondría al sistema como un foco rojo. El riesgo se agudiza cuando el fondo es inexistente.
Este factor es, en sí mismo, uno de los riesgos más graves. No hay aportaciones, no hay fondo, no hay intereses que generen recursos para alimentar al sistema.
Como todo sistema de pensiones gubernamentales, el de la alcaldía ofrece prestaciones más generosas que los tradicionales. De inicio, no hay edad mínima para lograr el beneficio, el indicador lo dan los años de servicio, con 30 años para los varones y 28 para las mujeres.
El común de los mortales debe esperar a cumplir 60 años de edad y, si quiere su pensión completa, laborar hasta los 65 años.
Pero el dato más grave es el déficit actuarial en el rubro de pensiones y jubilaciones, que el estudio tasa en 11 mil 065.7 millones de pesos. Ese es el dinero que debería existir en un fondo para garantizar los pagos futuros de empleados que ya tienen derechos adquiridos. Una suma imposible de pagar.
El sistema de retiro municipal enfrenta el riesgo de insolvencia técnica. No puede decirse que esté por descapitalizarse, pues con la ausencia de fondo, nunca se capitalizó y sobrevive año con año como un gasto corriente dentro de la nómina del Ayuntamiento.
Esta situación no la creó el gobierno de Enrique Galindo Ceballos, pues viene de mucho tiempo atrás. De lo que sí es responsable, como sus antecesores, es de no emprender el esfuerzo para sanear un sistema que tiene un sostén tan débil.
Y no se trata de una tarea fácil. Debería establecer edades más avanzadas para que el trabajador alcance el retiro, establecer aportaciones obligatorias, generar el tan necesario fondo.
El costo es ir comiéndose el presupuesto corriente de manera gradual, en detrimento de la obra y los servicios públicos que el ayuntamiento debe otorgar.
El destino ya alcanzó a la alcaldía. Hay soilent verde para desayunar.